El drama y la desesperación que atraviesa la comunidad de El Pozo por el asesinato de un vecino, ocurrido la semana pasada, y la falta de respuestas de parte del Estado ante semejante suceso (ver más en páginas de Sucesos), hizo que muchos de quienes habitan ese barrio salgan el domingo al atardecer a cortar el tránsito sobre la ruta nacional 168, que está junto al FoNaVi.
Así la gente salió de sus hogares con carteles y cubiertas para quemar sobre la ruta, lo que provocó un caos vehicular de grandes dimensiones en una hora pico de tránsito en la mano con sentido desde la Costa hacia el centro de la ciudad. El día y horario de la protesta fue premeditado, para que no pase inadvertido, y obtuvo el resultado buscado.
Miles de automóviles particulares de familias que regresaban a sus hogares tras el fin de semana desde la zona de quintas de Arroyo Leyes, Rincón y Colastiné se toparon -cerca de las 19 horas- con el corte de ruta.
Las demoras en el tránsito los domingos al atardecer son moneda corriente, debido a que es la única vía de comunicación y, además, porque ocurren accidentes o desperfectos mecánicos en los vehículos que generan atascamientos.
Pero esta vez el motivo fue otro. Un drama social. Un asesinato. Y un reclamo de justicia y mayor seguridad para los vecinos. Ante la falta de respuesta de las fuerzas de seguridad para que ello ocurra y de la Justicia para dar respuesta ante el fatídico desenlace, ocurrió lo que muchas veces sucede: el conflicto entre pares, los familiares y amigos de la víctima que salieron a protestar y quienes pretendían llegar a sus hogares (algunos pagaron las consecuencias con autos recalentados y otras averías).
Si bien se trata de una ruta nacional, cuyo poder para disuadir este tipo de conflictos depende de la Justicia Federal, la Municipalidad santafesina actuó de inmediato. Junto al piquete de vecinos se montó un operativo de tránsito para tratar de ordenar el caos. Algo que fue casi imposible. Se logró reducir el corte a un solo carril de la calzada, y se controló que no ocurran conflictos entre los manifestantes y los conductores. Todo junto al apoyo de la policía.
Lo que no hizo la Municipalidad fue gestionar ante la Justicia Federal que se disuada el piquete. Tampoco se hizo una denuncia penal. Y ello es una decisión política.