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Sábado 06.03.2021 - Última actualización - 15:27
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Polémica entre el Gobierno y Juntos por el Cambio sobre Migraciones

Extranjeros con antecedentes penales siguen sin poder ingresar al país

Para la directora de Migraciones, el decreto de Macri fue un acto de propaganda. Afirma que no hubo ninguna mejora en la gestión de fronteras durante la anterior etapa democrática. El Pro afirma que se abrió la puerta al ingreso de narcotraficantes.

Florencia Carignano salió a explicar los alcances de la decisión del gobierno sobre migraciones. Crédito: Archivo El LitoralFlorencia Carignano salió a explicar los alcances de la decisión del gobierno sobre migraciones.
Crédito: Archivo El Litoral

Florencia Carignano salió a explicar los alcances de la decisión del gobierno sobre migraciones. Crédito: Archivo El Litoral



Polémica entre el Gobierno y Juntos por el Cambio sobre Migraciones Extranjeros con antecedentes penales siguen sin poder ingresar al país Para la directora de Migraciones, el decreto de Macri fue un acto de propaganda. Afirma que no hubo ninguna mejora en la gestión de fronteras durante la anterior etapa democrática. El Pro afirma que se abrió la puerta al ingreso de narcotraficantes. Para la directora de Migraciones, el decreto de Macri fue un acto de propaganda. Afirma que no hubo ninguna mejora en la gestión de fronteras durante la anterior etapa democrática. El Pro afirma que se abrió la puerta al ingreso de narcotraficantes.

La Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró que las herramientas para la expulsión de extranjeros que delinquen, como así también las condiciones de ingreso y permanencia en el país de extranjeros, son exactamente idénticas al DNU dictado por el expresidente Mauricio Macri y la Ley Nacional de Migraciones.

 

A partir de esta derogación, los extranjeros con antecedentes penales seguirán sin poder ingresar al país. "Es mentira la información deliberadamente malintencionada que están dando algunos dirigentes de la oposición. Los impedimentos para el ingreso de extranjeros son exactamente iguales en el Decreto 70 y en la ley que se restituye hoy", aseguró la funcionaria. Resaltó que el artículo 29 inciso C de la ley vigente establece claramente que no podrán ingresar al país "quienes hayan sido condenados o estén cumpliendo condena en la Argentina, en el exterior" o quienes tengan "antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas (...)".

 

Carignano dejó en claro que el Decreto 70 dictado por el anterior gobierno "fue una acción propagandística sin consecuencias reales en la administración de nuestras fronteras, que se basaba en sentimientos xenofóbicos como un acto de propaganda y falsa mano dura contra la delincuencia. La estigmatización de grupos por su color de piel, religión o nacionalidad es algo muy conocido en la historia y tiene nombre: fascismo".

 

"La única diferencia significativa entre la vigencia del Decreto 70 durante el macrismo y la de la Ley Nacional de Migraciones es la cantidad de expulsados del país. Pero esto se debió a la creación de una Dirección de Extranjeros Judicializados que se dedicó a liberar presos extranjeros de las cárceles argentinas para enviarlos a su país de origen con el pasaje pago por el Estado. Aclaramos lo del pasaje pago por el Estado porque hasta la gestión de Macri el traslado de presos era una carga pública que debían realizar las aerolíneas sin costo alguno para el Estado nacional", añadió Carignano.

 

 

 

 

 

 

Añadió que el agravante de esta situación fue que durante este período fueron detenidos en territorio nacional algunos de estos delincuentes liberados quienes, a pesar de haber sido expulsados, volvieron a reingresar al país de forma irregular.

 

Se aclaró que el Presidente Alberto Fernández decidió derogar el Decreto 70/17 a la vista que, en números y datos concretos, no significó ninguna mejora en la gestión de fronteras. Recordó que fue ampliamente cuestionado por organismos internacionales en el marco de las Naciones Unidas y fue declarado inconstitucional en reiteradas oportunidades por jueces argentinos en distintas instancias. "No sirvió para nada y era inconstitucional", subrayó.

 

Según Migraciones, el principal ingreso irregular al país de extranjeros se produjo durante la vigencia de la disposición impuesta durante el gobierno de Cambiemos en 2019 que autorizó el ingreso al territorio nacional de miles de extranjeros sin documentación para acreditar identidad, sin que esta situación haya podido regularizarse a la fecha.

 

Por otra parte, Carignano subrayó irregularidades detectadas en la gestión anterior y denunciadas por la actual conducción. Una de ellas fue espionaje ilegal. Este sistema posibilitaba obtener información relativa al ingreso y egreso de personas al territorio nacional en tiempo real y mediante alertas específicas que implicaban indicaciones sobre a quién debían avisar si determinada persona entraba o salía del país, desconociéndose el uso que se pueda haber hecho de tal información. Según la funcionaria, este seguimiento ilegal, "que viola además la protección de datos personales, no contaba con ninguna autorización judicial ni requerimiento formal alguno. Se apoyaba en el sistema Halcón, creado para tramitar los requerimientos judiciales. Sirviéndose de este dispositivo, montaron otro paralelo e ilegal para realizar un espionaje con fines ajenos al interés público o de Seguridad. El total de registro detectados en este sistema son más de 58.000, entre los que se encuentran periodistas, políticos, empresarios, artistas, y deportistas".

 

También señaló que se detectó un excesivo otorgamiento sin criterio alguno de claves que permitían acceder a información personal de ciudadanos y sus movimientos migratorios. "De las 29.344 claves, más de 20.400 fueron otorgadas injustificadamente a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires". Ahora limitó las claves para la fuerza de la Ciudad a sólo 100, todas ellas otorgadas bajo un protocolo claro que incluye a policías de las distintas provincias, Poder Judicial y organismos de Seguridad.

 

Advirtió que detectó la articulación de funcionarios de la Dirección de Migraciones con la mafia china, hechos por los cuales hasta fue detenido un funcionario de la gestión del exministro Rogelio Frigerio. Señaló Carignano que la gestión de Rogelio Frigerio se puso "en funcionamiento el sistema Red Hat, que se centraba en controlar los perfiles en redes sociales de cada uno de los ingresantes a la Argentina. Este sistema costó 71,6 millones de pesos en el año 2016 y es inaplicable, por lo cual nunca fue utilizado a pesar de su contratación".

 

Críticas del Pro

Con la firma de Patricia Bullrich, la conducción nacional del Pro cuestionó la decisión del gobierno de Alberto Fernández sobre migraciones y afirma que "durante los cuatro años de gestión de Mauricio Macri, se trabajó incansablemente para terminar con los delitos y encerrar a quienes los cometen. Los resultados fueron positivos y se pueden ver reflejados en los índices que confirman la reducción de tráfico de drogas, de trata de personas y de los femicidios, que se han disparado en forma alarmante en el último año, entre otros crímenes".
Acota que "una vez más, el gobierno de Alberto Fernández da marcha atrás caprichosamente con medidas de la gestión anterior. Esta vez, en detrimento de la seguridad de todos los argentinos. Pareciera que necesita borrar cada huella dejada por su antecesor. Pero lo que está en juego no es quién dijo o hizo cuál cosa, sino la protección de cada uno de los ciudadanos del país".
Para Bullrich, se vuelve "a poner a los delincuentes extranjeros en el mismo nivel que las personas que llegan desde otros países con la intención de contribuir al crecimiento de la República Argentina". Resalta que el decreto 70/2017 se había aprobado para controlar los antecedentes de los extranjeros que pretendían ingresar al territorio argentino y, así, garantizar la seguridad de cada uno de los habitantes del país. Además, el Decreto establecía un procedimiento rápido y simple para acortar los tiempos necesarios para expulsar a un extranjero que haya delinquido en nuestro país, reduciéndolos de un promedio de 7 años a unos 6 meses, aproximadamente".
En tanto, el diputado santafesino Federico Angelini afirmó que "es un gran día para los narcotraficantes", en relación al DNU actual.

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