Violencia institucional: Avances y Desafíos en la provincia

El pasado viernes se llevó a cabo un conversatorio vía Zoom para debatir sobre Violencia Institucional. Jaquelina Balangione (Defensora General de la provincia), Tania Graeminger (Titular la Red de Mujeres Policía de Santa Fe), las diputadas del Bloque PJ Matilde Bruera y Lucila De Ponti y el diputado Carlos del Frade, Presidente del Bloque Frente Social y Popular, quienes desde hace tiempo están involucrados de forma comprometida con esta temática, fueron los disertantes del encuentro.

La apertura estuvo a cargo del diputado del Frente Renovador-PJ, Coordinador del Observatorio de Vícitmas de la Cámara Baja. “La violencia institucional es un tipo de violencia muy específica, que se concreta en prácticas que vulneran derechos y se constituyen en comisión de delitos. Para considerar que un delito se encuentra en el marco de la violencia institucional deben darse tres condicionantes, en primer lugar que haya una práctica específica en la cual se ejerce de un acto de violencia, sea física o psicológica, en segundo lugar que esta práctica sea realizada por un funcionario, funcionaria o agente estatal en el marco del desempeño de sus funciones o el ejercicio de su autoridad y/o responsabilidadesy y en tercer lugar que se de en un contexto institucional que involucre la limitación de la libertad y/o autonomía de las personas víctimas de estas prácticas”, expresó Martínez en la introducción del Conversatorio.

Y agregó que “El Estado tiene una responsabilidad máxima en su persecución y punición, en la reparación en mayor grado posible de las víctimas e, idealmente, en su prevención y erradicación. Es por eso que la violencia institucional, en su particular cualidad de ser ejercida por funcionarios o agentes del Estado, es un flagelo contra el cual se debe luchar con mayor firmeza. No podemos tolerar que quien debe protegernos sea quien nos victimice. El Observatorio vela por los derechos y garantías de las víctimas de delitos, bajo la concepción de que el Estado debe hacerse cargo de aquello que en primera instancia era su tarea evitar. Entendemos que esta obligación es aún mayor cuando es el mismo Estado, a través de sus agentes, el que perpetró los delitos contra sus víctimas”.

Luego de la presentación, los disertantes invitados expusieron cada uno desde el rol que desempeña. La primera oradora fue la Defensora General Jaquelina Balangione quien detalló el el trabajo de la Defensoría en la defensa plena de los Derechos Humanos y destacó la realización en su cartera de un registro público de casos de violencia institucional. Además señaló la necesidad de que Santa Fe avance hacia una defensa integral, que deje de ser solo un servicio público de defensa penal y que se convierta en un Ministerio Público de la defensa como tienen todas las provincias salvo Jujuy y Santa Fe.

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Por su parte, la diputada del PJ Matilde Bruera, quien además de ser especialista en Derecho Penal y ex Defensora General de la Nación es titular de la Comisión de Investigación de la Cámara Baja en el caso del asesinato del joven rosarino Carlos Orellano, destacó la importancia del Observatorio y sostuvo que la violencia institucional “es una gran deuda de la democracia”. Dijo además que este tipo de violencia es “sistemática y estructural” y una pesada herencia de las dictaduras que vivió nuestro país. También sostuvo qué hay una gran responsabilidad del Poder Judicial en este tema, y llamó a toda la sociedad a evitar la criminalización de la pobreza que es en gran parte el problema de la violencia institucional que se da en estos días.

A su turno, el diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, reconocido periodista y escritor e investigador de temas relacionados con este tipo de violencia, comenzó su exposición haciendo un raconto histórico sobre los orígenes de la violencia institucional en nuestro país, y lo vinculó al terrorismo de Estado que sufrió la Argentina durante muchos años. Y señaló que “no puede no haber violencia institucional en medio de un sistema absolutamente violento que hace de su principal violencia la vida cotidiana. Concentra riqueza en pocas manos y empobrece a las mayorías, nuestra lucha permanente debe ser ampliar la democracia”, expresó .

La diputada Lucila De Ponti, fue quien continuó la disertación. La joven legisladora, defensora de los derechos de género y reconocida militante social, basó su exposición en la necesidad de garantizar los derechos de las y los jóvenes de sectores vulnerables quienes son a su entender, quienes más sufren la vulneración de derechos y la violencia institucional y remarcó la necesidad de ampliar los instrumentos que garanticen el acceso a esos derechos.

Por último hizo uso de la palabra Tania Graemiger, titular de la Red de mujeres policías de Santa Fe. En un emotivo relato narró su experiencia y la de otras mujeres que forman parte de las fuerzas de seguridad, como víctimas también de la violencia institucional y laboral en sus lugares de trabajo, y la falta de perspectiva de género en ese ámbito institucional. Asimismo explicó a los presentes que están trabajando en un proyecto de ley para lograr que sus derechos de género sean respetados y dijo sentirse esperanzada de que estas situaciones puedan superarse prontamente.

Al finalizar el encuentro, el Coordinador del Observatorio explicó que estas disertaciones serán utilizadas como antecedentes en las Audiencia Públicas. También destacó el apoyo recibido mediante una nota firmada por la Red de Vecinales por la Seguridad, que integran más de 40 vecinales de la ciudad de Santa Fe y alrededores. Por último convocó a que quienes deseen seguir en directo la Audiencia del próximo lunes a las 10 hs pueden hacerlo a través de Zoom en https://us02web.zoom.us/j/82029583174 o por You Tube en el link: https://youtube.com/c/CachiMartinez