El foco en las víctimas de delitos y familiares

"Los proyectos -tanto el mío como el de (Pablo) Farías u otros- son el puntapié inicial para contar con una ley de víctimas que responda a esa necesidad de que tengan acceso a la justicia, no solamente para el legítimo derecho que tienen ellas ante aquel que viola la ley penal, sino además que los autores cumplan con la sanción respectiva y que haya una justicia reparadora que aborde aspectos sicológicos, médicos y asistenciales para atenderlos". La definición es del diputado Oscar Martínez (Frente Renovador) minutos previos a la realización de la concurrida primera audiencia pública convocada para debatir los alcances de la futura Ley Provincial de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y sus Familiares.

La convocatoria partió del Observatorio de Víctimas de Delitos que funciona en la Cámara de Diputados y que coordina el propio Martínez. El legislador interiorizó a los cinco colegios de abogados para realizar otras cinco audiencias la primera de las cuales tuvo por escenario la Casa del Foro local. En la previa, Martínez junto a su par Pablo Farías (PS); el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia; el procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre y el anfitrión, Andrés Abramovich, presidente del Colegio de Abogados, detallaron los alcances de la reunión.

A esta primera audiencia se sumaron otros legisladores así como el fiscal general, Jorge Baclini, y el regional, Carlos Arietti; la titular del Sistema Público de la Defensa, Jaquelina Balangione; el presidente del Colegio de Magistrados, Roberto Dellamónica; el defensor del Pueblo adjunto, Jorge Henn y varios titulares de colegios profesionales. Cada uno de ellos fue exponiendo aportes y objeciones en el marco de la audiencia convocado con ese fin.

Martínez hizo hincapié en la necesidad de avanzar en una ley de derechos y garantías para las víctimas de delitos y familiares. "Es el universo de cientos de miles de personas santafesinas necesitadas de acceder a un servicio de justicia y a tener una reparación integral por estar atravesada por el delito ante la incapacidad desde los ámbitos estatales de garantizar seguridad, terminar con la impunidad y de hacer que aquellos que violan la ley penal tengan la sanción correspondiente". Algunas víctimas y dirigentes de asociaciones de víctimas siguieron por zoom la audiencia debido a las restricciones que impone la pandemia para la presencialidad. "Debemos construir los mecanismos institucionales y financieros para dar respuesta a este universo de personas", desafió.

Martínez tiene un proyecto presentado al igual que Farías quien además preside la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara Baja. "Están las condiciones para trabajar y tener un texto unificado" aseguró el socialista. Destacó que el propio Poder Ejecutivo en su programa de mejora del servicio de justicia incluyó la posibilidad de contar con una ley específica para el tratamiento y el cuidado de las víctimas. "Es importantísimo garantizarle los derechos a las víctimas durante todo el proceso penal pero también los tiempos de cuando se cumpla la condena de los autores. En todas esas etapas hay hechos y derechos que hay que proteger de las víctimas. Hay diferencias entre los proyectos, pero las podremos salvar y unificar texto. Es lo que buscamos con las audiencias con todos los actores del Estado".

También en la previa Somaglia valoró la decisión de encontrar acuerdos. "Los consensos sobre los temas trascendentes que atraviesan a la sociedad en sus diversos órdenes se pueden hacer mediante un trabajo conjunto. Una gran señal fue el acuerdo firmado la semana pasada para caminar hacia leyes que puedan mejorar la calidad de vida de los santafesinos, uno de ellas son las consecuencias que acarrea la criminalidad, no solamente a la víctima directa sino las consecuencias que van a familiares que puedan contar con derechos que hoy están diseminados en la ley pero necesitan efectividad en su cumplimiento".

También en la previa hubo coincidencias en la necesidad de avanzar en un Código Procesal Penal Juvenil, tema que aparece en la agenda pero algo relegado aún.

La visión del Ejecutivo

El Poder Ejecutivo participó de la audiencia con el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia y el director de los Centros de Asistencia Judicial, Claudio Ainbinder. "Esta es una ley que busca garantizar los derechos humanos y la reparación integral de las víctimas de delitos desde la representación legal, médica, psicológica y social, y que se plantea como necesidad de que el Estado la aborde de manera seria y eficiente", señaló Somaglia: "El Estado es uno, constituido por los tres poderes, todos somos co- responsables de asumir este compromiso que Santa Fe sancione una ley que contemple la situación específica, no solamente de la víctima, sino de las consecuencias que acarrea un homicidio en el seno familiar y en el seno social", planteó en la audiencia.

En tanto, Ainbinder describió que la intervención del CAJ hoy "es de apoyo y contención a las víctimas de delitos. En una primera instancia lo escuchamos y decidimos si nos constituimos como querellantes penales y, en ese caso, acompañamos en todo momento de la causa judicial a la persona o al familiar de la víctima, siempre trabajando con el nuevo paradigma que es la perspectiva de género". Informó que la institución aborda "todo tipo de violencia que se genera en sectores vulnerables de nuestra sociedad, sea por cuestiones económicas, sociales, geográficas, o por alguna discapacidad, trabajamos para apoyarlos y darles asesoramiento. Colaboramos con la víctima en la participación en el proceso penal, informarlo, tener acceso a la causa o el legajo".

Por último precisó que durante el año pasado hubo 448 causas en toda la provincia de Santa Fe. En el 2020 el CAJ se presentó en 13 causas como querellante, 8 de ellas por abuso sexual con acceso carnal, 3 homicidios, una amenaza coactiva y un femicidio. "Hay un total de 99 querellas vigentes iniciadas por el Centro de Asistencia a la Victima", informó.

Calendario

Tras la audiencia de ayer, la próxima se realizará el lunes 29 en la ciudad de Venado Tuerto, sede del Colegio de Abogados de la tercera circunscripción; la tercera en Reconquista; la cuarta en la delegación de la Cámara de Diputados en Rosario y la última el 3 de mayo en el auditorio del Colegio de Abogados de Rafaela.