Penas mínimas para policías por encubrir un homicidio hace 18 años

Dos policías jubilados firmaron acuerdos de juicio abreviado por su participación en el homicidio de Pablo Emanuel Contreras, ocurrido el 28 de noviembre de 2002. Casi 19 años después, los uniformados admitieron su responsabilidad en el encubrimiento del crimen y entorpecimiento de la investigación, en la que recién en 2018 se logró condenar a los asesinos.

En una audiencia celebrada el martes, la fiscal Mariela Jiménez señaló que esta "es una causa que viene del viejo sistema acusatorio", en la que ya se había presentado la acusación y durante un cuarto intermedio de la audiencia preliminar (precedente al inicio del juicio) se arribó a un acuerdo entre las partes para zanjar el conflicto penal a través de un juicio abreviado. También resaltó que "por convenio privado y de confidencialidad los imputados y los padres de la víctima acordaron la reparación económica de los daños".

El juez Jorge Patrizi admitió el procedimiento en el que los policías -ya jubilados- Darío Alejandro Franco (52) y Raúl Parvellotti (63) aceptaron penas de 1 y 2 años de prisión respectivamente, cuya ejecución será condicional. Tanto su abogado defensor Ramiro Díaz Duarte como la Dra. Lucrecia Fernández del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), en representación de los padres de la víctima, prestaron su consentimiento.

Incesante reclamo

Pablo Emanuel Contreras tenía 24 años cuando fue asesinado de un disparo por la espalda la noche del 28 de noviembre de 2002 en Colastiné Norte. Era cuidacoches en el centro, y ese jueves volvía de jugar un partido de fútbol cuando fue ultimado de un escopetazo.

El 24 de diciembre de ese año se dictó la falta de mérito del único acusado de su homicidio, que fue sobreseído el abril siguiente. El expediente se archivó y volvió a abrirse recién en noviembre de 2007 a pedido de la familia. Los padres de Pablo, Ramona Contreras y Juan Carlos Márquez, sostuvieron su incesante reclamo de Justicia durante años.

El 4 de septiembre de 2015 el juez de Menores Norberto Nisnevich dictaminó la responsabilidad de César Salvador Caraballo y Julio César Cáceres en el asesinato de Pablo. Ambos eran menores de edad al momento del hecho. Esta resolución fue luego ratificada por la Cámara de Apelación (jueces Burtnik, Prieu Mántaras y Balangione -abstención-), y recién en junio de 2018 el juez de Menores N° 2, Estanislao Surraco, impuso penas de 7 años y 2 meses de prisión para Caraballo y Cáceres, al considerarlos coautores del delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego". Para entonces, ambos tenían más de 30 años.

Pero allí no cesó el reclamo de los padres de la víctima, que continuaron como querellantes en el expediente de la justicia de mayores.

Abreviados

El martes 30 de marzo de este 2021 los policías que intervinieron en los primeros momentos de la investigación por el homicidio del cuidacoches aceptaron su responsabilidad en el entorpecimiento de la causa. A Franco y Parvellotti se les atribuyó la autoría de "malversación culposa de caudales públicos, privación ilegal de la libertad, falsificación de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público". Además, a Franco se le imputó el delito de "encubrimiento".

La investigación comenzó el 29 de noviembre de 2002 con el hallazgo del cuerpo sin vida de Pablo Contreras, que fue trasladado a dependencias de la Sub Comisaría 6a, y de allí retirado por el personal de la morgue. La familia de la víctima no fue informada, a pesar de ser vecinos conocidos del lugar, sino que comenzaron a atar cabos esa mañana, cuando todavía esperaban que Pablo regresara a su casa y escucharon por la radio que la noche anterior habían matado a un joven con el mismo nombre.

Los policías Franco y Parvellotti firmaron el acta de secuestro de la escopeta que se habría utilizado en el crimen, en la que mintieron respecto del lugar donde fue hallada. Tampoco custodiaron debidamente el arma y las dos bolsas de plástico con vainas servidas y cartuchos cargados incautados.

Además, Franco encubrió el homicidio "permitiendo que se alejaran del lugar dos personas involucradas, ocultando, alterando y haciendo desaparecer los rastros, pruebas e instrumentos del delito". Tanto el arma homicida como la ropa de la víctima desaparecieron.

Franco aceptó la pena de 1 año de prisión condicional, más una multa de $ 5.000, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 4 años, costas y accesorias legales. Parvellotti acordó lo mismo, a excepción del monto de la pena, que será de 2 años. Solo resta esperar la resolución del juez Patrizi.