Entre otros efectos, la pandemia por el nuevo coronavirus dejó en evidencia las distintas formas que pueden adoptar la desigualdad y la violencia de género, flagelos que resultaron potenciados por el confinamiento y la consecuente recarga de tareas de cuidado, por un lado, y la ineludible convivencia con el propio agresor por el otro.
Referentes del área de Género pertenecientes a la Región Centro, que integran Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, presentaron días atrás un Guía de Buenas Prácticas, con 240 medidas adoptadas en el marco del Covid-19, entre marzo y diciembre de 2020 que tuvieron como fin abordar tres ámbitos de desigualdad: trabajo doméstico y cuidado no remunerado, seguridad económica y violencia de género. Todas las medidas (80 por provincia) se clasifican en 5 ejes estratégicos: protección social, mercado laboral, políticas económicas, violencia de género y articulación interinstitucional y comunitaria.
Uno de los principales aspectos que se destaca es la transversalidad de estas políticas, dado que "no son medidas sólo de una secretaría o ministerio de la mujer, sino que se incorporaron acciones de todos los ministerios".
Así lo expusieron el miércoles en un encuentro conjunto Celia Arena, Secretaria de Estado de Igualdad y Género de Santa Fe; Claudia Martinez, Ministra de la Mujer de Córdoba, y Mariana Broggi, Secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Entre Ríos. Fue en El Molino Fábrica Cultural de esta capital, donde presentaron acciones y medidas indirectas y directas que fueron adoptadas durante la pandemia, como también un relevamiento del impacto de las decisiones nacionales más importantes. Entre ellas, la Tarjeta Alimentar que tiene a una amplia mayoría de beneficiarias mujeres (se aclara que el dato es por sexo, no por género); el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) donde también es mayor al 50 % el acceso de mujeres, y el ATP donde esa participación es menor, lo que "da cuenta del diferencial de acceso a trabajos registrados por parte de mujeres respecto de varones".
La Guía incluye un detalle, provincia por provincia, de las medidas directas e indirectas adoptadas por cada una de las provincias que componen la región.
Y al término concluye en que "desde el comienzo de la pandemia, cada una de las provincias -y también a nivel regional- lograron incorporar la perspectiva de género en la estrategia de respuesta a la crisis sanitaria y social ocasionada, que se materializó no sólo en la incorporación del enfoque de género en las medidas encabezadas por los diferentes ministerios provinciales sino en la adopción, por parte de estas carteras, de acciones específicas para mujeres y diversidades".
En esta línea, el trabajo realizado es también "producto del fuerte compromiso regional con la igualdad, demostrado con la creación e institucionalización de una Comisión específica de Género al interior de la Región Centro".
Este intercambio reveló además que "las áreas específicas de género no son, ni pueden ser, las únicas involucradas con la temática", por lo que la transversalidad resultó clave en la efectividad de las medidas. "En este sentido -destaca el informe-, se advierte la importancia de trabajar en la sensibilización y capacitación en materia de género y diversidad en todas las áreas de las administraciones públicas provinciales, para lo cual la gradual implementación de la Ley Micaela es una herramienta fundamental para lograr tal fin".
Se hace hincapié por otra parte en la necesidad de información estadística, sistematizada y desagregada: "La heterogeneidad de registros de información, con criterios diversos dificulta la extracción de datos fidedignos, medibles y comparables. Asimismo, es fundamental que la información -desagregada preferentemente por género- esté abierta y disponible, no sólo para la coordinación y articulación en la gestión de gobierno sino para garantizar un piso de transparencia de cara a la ciudadanía".
El acceso a servicios de salud, específicamente en materia sexual y reproductiva; el rol esencial del Estado en la protección del empleo y particularmente en la promoción de trabajo y apoyo a emprendedoras; el abordaje integral e intersectorial de la violencia de género; incentivos para mejorar la situación económica de mujeres y diversidades, y la importancia de una estrategia colectiva son algunos de los ejes sobre los que trabajó la Región en esta primera etapa del plan que contempla una segunda de "cooperación" y una segunda de "armonización".
En la presentación pública, la representante de cada provincia expuso sobre el propio diagnóstico y las medidas adoptadas para modificarlo. La ley de paridad en Entre Ríos, los cien "Puntos Mujer" en Córdoba y la transversalidad en Santa Fe fueron algunos de los hitos destacados. Y en el cierre, Celia Arena sintetizó la opinión propia, que bien parecen compartir los dos territorios vecinos: "Queremos que Santa Fe sea una provincia que respete las diferencias pero no las desigualdades".
En la Región Centro, el 95 % de Tarjetas Alimentar tienen a mujeres como titulares.
Más del 50 % del total de personas beneficiarias del IFE fueron mujeres.
La participación de mujeres beneficiarias del ATP fue en aumento en las tres provincias y a lo largo de los distintos desembolsos. No llega al 50 %.