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Domingo 11.04.2021 - Última actualización - 14:50
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Abusos funcionales

Pedirán seis años de prisión para dos policías de Seguridad Personal de la URI

Los acusados son un sargento de 43 años y un suboficial de 30. Se les atribuyó un hurto agravado, tentativa de extorsión, falsedad ideológica en instrumento público y encubrimiento.

Fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández. Crédito: Flavio Raina / ArchivoFiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández.
Crédito: Flavio Raina / Archivo

Fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández. Crédito: Flavio Raina / Archivo



Abusos funcionales Pedirán seis años de prisión para dos policías de Seguridad Personal de la URI Los acusados son un sargento de 43 años y un suboficial de 30. Se les atribuyó un hurto agravado, tentativa de extorsión, falsedad ideológica en instrumento público y encubrimiento. Los acusados son un sargento de 43 años y un suboficial de 30. Se les atribuyó un hurto agravado, tentativa de extorsión, falsedad ideológica en instrumento público y encubrimiento.

Los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández solicitarán seis años de prisión para dos policías investigados por delitos cometidos en 2014 cuando trabajaban como agentes de la sección Seguridad Personal de la Unidad Regional I. Así lo informaron los funcionarios del MPA en la audiencia preliminar que se realizó en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

 

Los acusados son un suboficial de 30 años, cuyas iniciales son ENP, y un sargento de 43, cuyas iniciales son MAM.

 

Jiménez y Hernández sostuvieron que "los acusados cometieron abusos funcionales en reiteradas oportunidades". Precisaron que "además de valerse de su trabajo como policías para intentar extorsionar a otra persona, aprovecharon la circunstancia para perpetrar un hurto, incluir declaraciones falsas en un acta de procedimiento y encubrir su accionar ilegal".

 

Penas

 

Los funcionarios del MPA manifestaron que "además de las penas de seis años de prisión para cada acusado, solicitaremos que queden inhabilitados para ejercer cargos públicos durante doce años".

 

"Dado que los hombres investigados actuaron en todo momento con ánimo de lucro, requeriremos que cada uno abone una multa de 50.000 pesos", explicaron.   

 

Extorsión

 

Jiménez y Hernández afirmaron que "los hechos ilícitos sucedieron el viernes 28 de noviembre de 2014". Relataron que "al mediodía, los agentes policiales irrumpieron en una carnicería ubicada en inmediaciones de la calle Castañaduy al 6.800 en busca de un arma de fuego ilegal".

 

"Ante la ausencia del dueño del local comercial, los acusados interrogaron a un empleado y revisaron el lugar sin autorización", narraron. Con todo, "MAM y ENP hallaron un revólver y se apoderaron ilegítimamente de él", manifestaron.

 

"La víctima, por su parte, fue amedrentada y obligada a subir al automóvil (un móvil policial no identificable) en el que los acusados habían llegado, luego de lo cual recorrieron distintos puntos de la ciudad con la víctima privada de su libertad", expresaron Jiménez y Hernández. "Mientras circulaban, los miembros de la fuerza de seguridad se comunicaron con el dueño de la carnicería y le exigieron 5.000 pesos a cambio de la libertad del empleado", señalaron.

 

Los fiscales expusieron que "el hombre extorsionado se negó a entregar la suma de dinero y MAM respondió con una frase intimidatoria". En tal sentido agregaron que "fue el dueño del local quien luego realizó la denuncia que dio origen a la investigación".

 

Falsedad

 

Los funcionarios del MPA afirmaron que "el empleado de la carnicería permaneció privado de su libertad en una dependencia policial hasta alrededor de las 16:30 del mismo día". En tal sentido, destacaron que "fue obligado a firmar un acta de procedimiento que indicaba que la aprehensión se había producido a raíz de una conducta sospechosa en la vía pública".

 

"El hombre suscribió el acta porque el personal policial le aseguró que de lo contrario no recuperaría su libertad", subrayaron Jiménez y Hernández.

 

Por otro lado, los fiscales aseguraron que "el documento en el que quedó registrada la situación que nunca existió tuvo el fin de encubrir conductas delictivas". Según expusieron, "si bien tenía la evidente finalidad de ocultar las propias conductas delictivas de los acusados, al mismo tiempo les permitió a los comerciantes eludir una investigación penal en su contra por el arma que poseían sin la debida autorización".

 

Calificación penal

 

Jiménez y Hernández se refirieron a la calificación penal de los ilícitos investigados. "MAM y ENP están acusados como coautores de una tentativa de extorsión; hurto agravado (por haber sido cometido por integrantes de las fuerzas policiales); falsedad ideológica en un instrumento público calificada (por haber sido perpetrada por funcionarios públicos con abuso de sus funciones) y encubrimiento", informaron.

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El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.
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