Sanación egipcia: para la querella, Marcial "era la mala de la película"
"Se encargaba de la parte legal de la agrupación", señaló el abogado Tomás Aramayo, en relación a la abogada santafesina presa en Córdoba. Además, la catalogó como una pieza clave en la "logística" de las estafas atribuidas al grupo.
"Era la mala de la película", declaró el abogado Tomás Aramayo, sobre la funcionaria judicial santafesina detenida en Córdoba, acusada de integrar una "asociación ilícita" que "se presentaba como una escuela de sanación y terapia egipcia". El profesional, que junto a su colega Guadalupe Cuestas, representan como querellantes a siete de las víctimas, contó a El Litoral cuál era el rol de la Dra. Liliana Patricia Marcial en la organización que denunciaron a fines de 2019.
"A ella la denunciamos nosotros en 2019 porque decía tener vínculos con un alto funcionario nacional" de cuyo nombre se hace reserva. Esa "era la forma de amedrentar a la gente para no iniciar acciones legales" contra la Fundación Académica Sëshen, liderada por el uruguayo Álvaro Juan Aparicio Díaz, quien se hace llamar "licenciado" bajo el pseudónimo de "Sahú Ari Merek" y ahora es el principal implicado.
Para la querella "desde quien estaba a la cabeza y dictaba los cursos, la esposa que cobraba y los distintos maestros que se fueron formando con él" se encuentran incriminados.
A su vez, hay otras personas "que trabajaban en la logística", como el caso de Marcial que "como es abogada se encargaba de hacer las intimaciones y cartas documentos en nombre de la fundación". "Por ejemplo, a una de nuestras clientas la denunciaron ellos primero, con una acusación falsa, diciendo que le habían prestado plata y se negaba a devolver".
La denuncia es contra la Fundación Académica Sëshen, liderada por el uruguayo Álvaro Juan Aparicio D
Foto: La denuncia es contra la Fundación Académica Sëshen, liderada por el uruguayo Álvaro Juan Aparicio D
"Todos los males"
Para contextualizar, Aramayo explicó que los avances en la escuela "eran por grados y posgrados" en los que una vez que se ingresaba, los cursantes "eran casi obligados a contratar todo el tiempo" y "para pasar había que pagar". Claro, "si no lo hacías, venían todos los males". Es decir que el incentivo "se hacía a través del miedo y si vos te querías ir te escrachaban por las redes sociales, te mandaban a seguir, te coaccionaban psicológicamente para que busques más plata; y si te ibas no instes ninguna acción legal".
En esa lógica, la Dra. Marcial cumplía una "función de asesoramiento". "Se encargaba de la parte legal de la agrupación y en algún punto, era la mala de la película", argumenta el querellante, que asegura que se llegaron a realizar "denuncias ante tribunales de Ética de colegios profesionales y directamente denuncias penales" contra sus representadas.
Consultado sobre la posibilidad de que ella misma haya sido cooptada por la agrupación y estuviera actuando contra su voluntad, Aramayo fue contundente cuando declaró que "era alguien inserta en un esquema, no parecía alguien captada y hacia una actividad distinta a la de los otros".
Mujeres vulnerables
El abogado cordobés relató también, cómo fue que tomó contacto con el tema, en octubre de 2019. Fue a través de "una amiga que ingresó a esa escuela y me consultó porque se sintió estafada". "Y por irregularidades que nos iba contando, nos dimos cuenta que estábamos prácticamente ante una secta".
Así fue que "empezamos una investigación y en diciembre de 2019 formulamos una denuncia penal" en los tribunales de la capital mediterránea. "Los primeros meses de 2020 la causa no se movió, después llegó la cuarentena y con el levantamiento de las restricciones siguió sin moverse".
Pero "cuando citaron a nuestra cliente en enero de este año, nos enteramos que en Cura Brochero la investigación estaba avanzada. Entonces le hicimos saber eso al fiscal que optó por acumularla directamente".
Es decir que "representamos siete víctimas en la ciudad de Córdoba y sabemos que en Cura Brochero hay 15 damnificadas más. La particularidad era el aprovechamiento de la vulnerabilidad de mujeres de de entre 35 y 65 años. Por lo general profesionales, de muy buen nivel económico. Había abogadas, médicas, psicólogas y mucha gente del ámbito empresario. Nos llama la atención el gran poder de persuasión y disuasión de este hombre para hacerles creer y el aprovechamiento de la vulnerabilidad cuando falla la terapia tradicional", se explayó.
Actualmente, la causa se encuentra radicada en la Fiscalía de Instrucción de la Dra. Analía Gallaratto, en los tribunales de Villa Cura Brochero. Tiene once personas detenidas, entre ellas la abogada santafesina Liliana Marcial, quien hasta este lunes se encontraba alojada en la cárcel de Mujeres de Bouwer, a la espera de que le tomen declaración indagatoria.