Alcanzó al 4,1% en el cuarto mes del año según la “medición de los trabajadores”. Que no difiere a la de consultoras privadas, cuyos pronósticos el gobierno estigmatiza por alentar la propia suba de precios.
Archivo Martín Guzmán logró postergar el pago de deuda con bonistas. Pero emitió más deuda en pesos y en divisas.
“La inflación de los trabajadores volvió a superar el 4% en abril (4,1%), acumulando un 16,6% en el primer cuatrimestre del año”. El cálculo es del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), dependiente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), una entidad cogestionada por medio centenar de organizaciones sindicales en el país.
La medición dista mucho del 29% anual estimado por el presupuesto nacional de Martín Guzmán. Se parece en cambio a la advertencia del ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, quien estimó que la inflación se ubicará este año entre el 40 y el 50%.
Los principales consultores que reportan al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que realiza el Banco Central, ven una inflación del 47,2% en 2021. El oficialismo suele desacreditar ese registro porque las “consultoras” privadas alientan la inflación con su pronóstico.
Sin embargo son las mediciones de la universidad de los sindicalistas las que señalan que este fue el comienzo de año más inflacionario desde 2016, superando incluso a 2019 (16,2%). “La inflación interanual se aceleró al 45,6%, lo que representa una suba superior a los 10 puntos porcentuales desde noviembre pasado”.
Lo más preocupante, una vez más y al igual que en todas las mediciones, está en alimentos y bebidas: subieron 4,7% según UMET; la gran mayoría de los alimentos trepó por encima del 4% en abril, destacándose las infusiones (6,3%), las bebidas alcohólicas (6,3%), el pescado (6,2%) y los lácteos (6,0%).
El gobierno lanza por estas horas “precios congelados” e impresos en etiquetas. La iniciativa de Paula Español, la secretaria de Comercio del gobierno nacional, sobrevino tras el enojo de Matías Kulfas con el presidente de la Coordinadora de Productos Alimenticios, Daniel Funes Rioja, a quien hace poco más de dos semanas le reprochó la violación de los acuerdos de precios máximos y sus críticas por la inconstitucionalidad de la Ley de Abastecimiento.
Funes Rioja se lleva mal con las políticas de Paula Español; es el inminente nuevo presidente de la UIA. De las personalidades y sus posiciones no se pueden inferir ni el éxito de la política oficial contra los aumentos de precios, ni una relación sin fricciones entre la central fabril y el ministerio de la Producción.
La alta inflación es uno de los problemas sin solución que el ministro llevó a la gira de Europa en la negociación con el FMI. Por mucho apoyo diplomático que logre, el presidente no desconoce que los técnicos del Fondo preguntan por el gasto público que crece con los subsidios a la energía (por poner el ejemplo más estridente de estas horas) a instancias de las prioridades electorales de la vicepresidenta, sosteniendo el rojo fiscal mientras el plan de sustentabilidad sigue sin aparecer.
El país tiene el “regalo” de la soja a U$ S 600 y el aporte de Derechos Especiales de Giro del propio fondo, que le ayudarán a solventar el mercado de divisas. Pero si el dólar se retrasa (el oficial se encareció 6 puntos menos que el IPC en el primer cuatrimestre), menos tarde que temprano precipita la crisis de balance de pagos, que termina agravando lo que se quiere evitar “anclando” con la divisa.
Por oficialistas que sean, los sindicatos firmaron acuerdos “en línea” con el presupuesto de Guzmán, pero con cláusulas de revisión si la inflación supera el 29%. Claro que en este caso la Casa Rosada no acusa a los gremios de generar inflación por expectativas, como lo hace con las consultoras.