Desde hace décadas Santa Fe está fragmentada. Un sector con servicios y casas confortables convive con el extenso cordón oeste y barrios entremezclados al norte y al este con enormes carencias.
Desde hace décadas Santa Fe está fragmentada. Un sector con servicios y casas confortables convive con el extenso cordón oeste y barrios entremezclados al norte y al este con enormes carencias.
El Covid-19, además de afectar todos los ámbitos de la vida -individual y en comunidad-, ha exacerbado problemáticas que lo precedían. La ciudad arrastra tensiones crónicas de fuertes desigualdades en el acceso a un trabajo y una vivienda digna y a bienes públicos, como transporte, áreas verdes, seguridad y conectividad. Escuelas y centros de salud hay en casi todos los radios barriales y, por lo general, docentes, médicos y enfermeros dejan el alma para atender las demandas.
Cuando una pandemia golpea a un sistema urbano deteriorado como el mencionado, el desastre impacta fuerte en las poblaciones más vulnerables. Es desproporcionado y desigual respecto al resto de la ciudad. No hay chances de que esto no sea así: donde había poco, queda menos, a veces nada.
El coronavirus debe obligar a repensar la ciudad, a planificar cuidadosamente cómo y con qué recursos se construirán soluciones que mejoren la calidad de vida de los habitantes más postergados. Es la misión más importante que tiene el intendente, el de Santa Fe y cualquiera que esté en la dificilísima situación de conducir una ciudad en medio de este desastre mundial. Y eso incluye, necesariamente, a los ciudadanos que tienen herramientas, a los que pueden proyectar, pensar, crear, invertir y dar trabajo. Son las oportunidades que trae esta crisis.
El desafío de hoy es pensar los efectos de la pandemia sobre los pilares que están en crisis: la movilidad, los residuos, el espacio público, el trabajo y la vivienda.
¿Cómo se puede transformar el quebrado sistema de colectivos actual en otro que se estructure sobre la base de una movilidad integral, con el bienestar del ser humano como centro, amigable con el medioambiente y la salud?
¿Qué hay que hacer para que los ciudadanos hagan un uso más ecológico de sus residuos (compost, por ejemplo); separen y reutilicen lo que tiene valor (los materiales que pueden transformarse en algo nuevo) o entiendan que hay otros que pueden hacerlo si ellos los entregan en condiciones? ¿Y para que el servicio de recolección llegue a cada zona para evitar que los vecinos convivan con la basura acumulada en sus calles? Para entusiasmar y sumar voluntades, faltan campañas sostenidas y políticas públicas firmes que muestren resultados concretos. Hoy prima la confusión y ni siquiera se sabe cuándo y cómo se retiran los residuos secos.
En medio de la pandemia, y antes incluso, las plazas y parques se vieron llenas de gente. Son espacios que los vecinos eligen para compartir con otros. Y fue un acierto permitir las ferias de emprendedores los fines de semana, generando un círculo virtuoso para la golpeada economía de muchas familias y congregar al encuentro de vecinos para potenciar la buena convivencia. Pero el estado de varios espacios no es óptimo. La plaza Constituyentes, por ejemplo, tiene una pérdida de agua en una de sus esquinas que data de hace más de un año. ¿Puede el Estado tardar tanto en repararla? En este punto, no puede dejar de soslayarse que la situación no es igual en los barrios más alejados del centro, donde se requiere otro tipo de intervención, y para donde esta gestión tiene en macha el Programa Estaciones.
Faltan dos aspectos fundamentales para mejorar las condiciones de habitabilidad de la capital provincial: el trabajo y la vivienda.
El intendente Emilio Jatón presentó esta semana un nuevo código de habitabilidad. Entre las explicaciones destaca que "el reciente impacto de la pandemia Covid-19 en los modos de vivir la ciudad y de habitar los espacios nos obliga a repensar con nuevos enfoques la habitabilidad y a incorporar nuevas exigencias relacionadas a las expansiones de los espacios interiores y su relación con el espacio urbano".
Pero no incluye lineamientos claros que permitan vislumbrar cómo el Estado propiciará inversiones para la construcción de viviendas dignas para quienes hoy no tienen las posibilidades de ni siquiera soñarlas. Los municipios no disponen de recursos económicos, pero pueden liderar -con herramientas jurídicas y tributarias y con gestiones hacia otros niveles- las condiciones para incentivar al sector privado a involucrarse también en los barrios marginales, y no sólo entre bulevares. Si el Nuevo Código de Habitabilidad pretende ser una norma moderna que establezca los criterios sobre cómo hay que edificar en la ciudad, con un sentido resiliente pospandemia, no puede estar ausente del debate el mayor problema que hoy tiene la ciudad.