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Lunes 12.07.2021 - Última actualización - 9:28
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Impulsada por el kirchnerismo

Alarma por la ley de reparto de pauta oficial por uso de lenguaje inclusivo

El Congreso la aprobó y el Poder Ejecutivo trabaja en su reglamentación, a sabiendas de que es de difícil aplicación y será judicializada por centenares de medios de comunicación. La mirada legal y técnica de tres especialistas, en exclusiva para El Litoral.

 Crédito: Archivo El Litoral
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Impulsada por el kirchnerismo Alarma por la ley de reparto de pauta oficial por uso de lenguaje inclusivo El Congreso la aprobó y el Poder Ejecutivo trabaja en su reglamentación, a sabiendas de que es de difícil aplicación y será judicializada por centenares de medios de comunicación. La mirada legal y técnica de tres especialistas, en exclusiva para El Litoral. El Congreso la aprobó y el Poder Ejecutivo trabaja en su reglamentación, a sabiendas de que es de difícil aplicación y será judicializada por centenares de medios de comunicación. La mirada legal y técnica de tres especialistas, en exclusiva para El Litoral.

Por José Civita

 

Pocas semanas atrás, el Congreso Nacional votó favorablemente (sólo con el aval de oficialistas y aliados) la ley que prioriza la asignación de pauta oficial a los medios de comunicación con equidad de género en la conformación de sus espacios de decisión, y que utilicen el lenguaje autorreconocido como inclusivo.

 

Mientras el gobierno de Alberto Fernández evalúa la mejor forma de promulgar la medida, especialistas del área de la comunicación y constitucionalistas advierten los peligros y riesgos que se afrontan ante esta ley que, aseguran, no mejora ninguna problemática social o económica.

 

Línea editorial condicionada

 

Silvana Giudici fue titular del Ente Nacional de Comunicación (ENACOM) y diputada nacional. Actualmente preside la Fundación Libertad de Expresión + Democracia. "Es una ley que genera gran preocupación en lo que implica la libertad editorial de los medios porque no hay parámetros, es una ley que por ahí pueda tener buenas intenciones, como es defender los derechos de las mujeres y generar mayor inclusión laboral en todos los ámbitos de la comunicación, cosa que es muy loable, pero cuando genera estos niveles de arbitrariedad con una definición de utilizar lenguaje inclusivo pero sin ningún tipo de parámetros contextuales, es decir, ¿es en cuanto a la programación diaria? ¿es en los programas? ¿es en determinados segmentos? ¿quién va a medir esa utilización del lenguaje inclusivo? En ese punto tiene una ambigüedad, una arbitrariedad muy grande", advierte.

 

Silvana Giudici: "Cuando el Estado quiere comenzar a definir contenidos, va más allá de sus competencias y puede generar un clima de autocensura". Foto: Archivo El Litoral/ Mauricio Garin

 

 

 

La macrista, de origen radical, también indica que "la ley establece que los medios que cumplan con esta imposición van a tener preferencia a la hora de recibir pauta oficial del Estado. Y entonces nos preguntamos ¿qué pasa con aquellos que no lo hagan? ¿quedan inmediatamente fuera del reparto? Por otro lado, la incorporación de un cupo de género para la contratación de todas las empresas que administran los medios de comunicación también es una imposición ilegal porque, para que existiera una obligación en el ámbito comercial de la incorporación de cuotas de género, esto debería depender de una ley general y no de una ley específica que solamente alcance a los medios de comunicación."

 

Respecto a si la opinión sería distinta si sólo se implica a medios estatales, la ex legisladora menciona que "en todo el mundo, el tratamiento de los contenidos de los medios de comunicación queda en marcos de autorregulación. Nunca el Estado es el que debe determinar cuál es el mensaje, el contenido o la línea editorial de los medios. Por eso vivimos en democracia y hay libertad de expresión absoluta. Porque la Constitución lo establece. Con lo cual, cuando el Estado quiere comenzar a definir contenidos, va más allá de sus competencias y puede generar un clima de autocensura, porque si atan estas restricciones o imposiciones al otorgamiento de la pauta es claramente invasivo para lo que significa el mensaje o la línea editorial de los medios. Tanto en el tema de la obligación de incorporar mujeres a la plantilla por fuera de una ley general, como la de sancionar o controlar la utilización del lenguaje inclusivo, por fuera de ENACOM, que es el ámbito de competencia, establecido por la ley 26.522 para los medios de comunicación, se están excediendo las facultades regulatorias, en materia de medios de comunicación. Por eso es realmente increíble cómo pudo haberse sancionado esa ley, y veremos cómo termina finalmente reglamentándola el presidente, porque claramente es inconstitucional. Recuerden en el año 2009 las sanciones de la Ley de medios. Lo que el oficialismo planteaba de la importancia de un organismo regulador, autónomo, integrado por las minorías, diverso. Se señalaba la importancia de contar con un organismo de estas características para la regulación de los medios. Y ahora, en una ley que se vota de madrugada, el kirchnerismo desdice todo lo que había dicho respecto a las bondades de la Ley de medios".

 

"La ley es nula"

 

Giudici es tajante al afirmar que "esta ley es absolutamente nula porque está por fuera de la 26.522, no existe ninguna sanción especifica creada para la no utilización del lenguaje inclusivo. Y, además, tanto la Ley de medios como la ley de doblaje utilizan el castellano neutro como el idioma oficial. Con lo cual, este lenguaje inclusivo, ¿de qué se trata? ¿dónde está escrito? ¿cuál es la norma que obliga a utilizarlo? Más allá de que además la Real Academia Española lo desconoce. Y vuelvo a aclarar que yo no estoy en contra de las medidas para inclusión y la promoción de los derechos de las mujeres, todo lo contrario. Soy autora de la Ley de identidad de género y he trabajado muchísimo por la inclusión de los derechos de las mujeres. Pero, cuando se trata de libertad de expresión y de regulación de medios de comunicación que, en definitiva, tocan o vulneran la línea editorial o condicionan la línea editorial de los medios, es algo muy serio que no debemos pasar por alto."

 

Al ser consultada sobre el impacto social que esta sanción puede generar, sostiene que "ninguna imposición de una ley que además es imposible de cumplir va a generar un cambio cultural. Estos cambios (la mayor participación, la inclusión de las mujeres, la igualdad de oportunidades, la no discriminación) se dan por un montón de factores que va generando la sociedad y que tienen que ver con el ámbito educativo, cultural; no los establece una ley como esta o la obligación de utilizar el lenguaje inclusivo. Pero además, me pregunto, ¿hasta qué punto suponen los autores de esta ley que el lenguaje inclusivo puede utilizarse en los medios? ¿usted se imagina la programación de un canal de televisión que brinde todos sus contenidos, las 24 horas, en lenguaje inclusivo? ¿la sociedad lo consumiría? Porque después, en la comunicación social, que es algo que el kirchnerismo trata muchas veces de ignorar, uno no puede repartir audiencias. Uno puede repartir micrófonos, pero las audiencias eligen lo que prefieren consumir. Después, la gente deberá decidir consumir esa programación en donde el uso del lenguaje inclusivo sea obligatorio. No le pueden quitar también la libertad a un ciudadano de seguir consumiendo sus contenidos audiovisuales en el lenguaje oficial que es el castellano avalado por la RAE. ¿Por qué hay que imponer el lenguaje inclusivo si no es un cambio arraigado en la sociedad? ¿Por una ley de estas características? No, estos cambios no se dan por medio una ley."

 

Pablo Tonelli: "La ley le da un exceso de atribuciones a la autoridad de aplicación para inmiscuirse en la vida de los medios y, de alguna manera, señalarles el camino". Foto: Archivo El Litoral

 

 

"Se viola la libertad de prensa"

 

Pablo Tonelli integra el Consejo de la Magistratura, es diputado nacional y abogado constitucionalista. Fue uno de los pocos opositores que permaneció en su banca en el momento de votar y reconoce que "me pareció que la ley sirve para poco y nada y, al contrario, puede ser una herramienta peligrosa, o muy peligrosa en manos del gobierno. Razón por la cual, opté por votar negativamente."

 

Sobre lo fomentado por la ley, Tonelli expresa que "más allá de que a mí no me guste el lenguaje inclusivo (porque me parece que hace todo más largo, más lento, más farragoso, y que no resuelve nada), lo cierto es que la RAE no lo acepta, no lo admite. Lo del lenguaje inclusivo me parece una barbaridad. Y entonces por qué querer, por ley, imponer una cierta modalidad del lenguaje que la entidad que rige nuestra lengua no acepta. Me parece un sinsentido y no estoy de acuerdo con eso. Lo de la igualdad de género en los medios públicos, bueno, podría ser llegado el caso. Pero imponer también la misma medida en los medios privados me resulta un abuso. Los sectores privados tienen todo el derecho del mundo de decidir si quieren tener en sus puestos de trabajo más varones, más mujeres, más transexuales, más lesbianas, más gays. Esto debería ser una decisión de un medio privado. Imponerle una determinada conformación del staff por ley me parece un exceso."

 

Para el legislador la preocupación radica en la posibilidad de que esto sirva de antecedente para que el gobierno utilice cada vez más su poder económico para bajar línea o generar modificaciones culturales, "porque no es una sugerencia el usar el lenguaje inclusivo. Hay una imposición. En función del uso de este lenguaje la autoridad de aplicación regula la pauta oficial y decide si se aplica o no sanción al medio con el que pacte. Esto se llama autoritarismo". Por ello agrega que "lamentablemente, la ley le da un exceso de atribuciones a la autoridad de aplicación para inmiscuirse en la vida de los medios y, de alguna manera, señalarles el camino. Lo que claramente es inconstitucional, viola la libertad de prensa, la libertad de expresión, y es más propio de un Estado fascista que de un Estado democrático."

 

Interrogado sobre la finalidad de esta medida, intuye que "tiene que ver con el relato que quiere construir el gobierno. Hay una noticia, con fecha de alguno de estos días cercanos que pasaron, que cuenta cómo el Ministerio de la Mujer tiene una cantidad enorme de programas que no ejecuta a pesar de contar con el dinero. Una cosa es plantear una ley, que la identidad de género, que la mar en coche, y otra cosa es la realidad. Y la verdad es que el gobierno no hace lo que tiene que hacer en defensa de la equidad de género, ni de los derechos de las minorías. Este es un claro ejemplo. Un Ministerio de la Mujer que no se ocupa de ejecutar sus proyectos en favor de la mujer. Como ya mencioné más arriba, esto es alimento para el relato, para la ficción, para una campaña electoral. No muestra ni revela una preocupación sincera del gobierno."

 

Los riesgos del uso discrecional

por Roberto Gargarella (*) | (Especial para El Litoral)

 

Una primera cuestión general, que funciona como principio básico en el tema, es que el Estado tiene la obligación de dar a conocer sus tareas, y por eso tiene un deber de transparencia, información, y publicidad. Un hecho que debe ser incluido aquí, inmediatamente luego, es que el Estado pasa así a intervenir en un área ultra sensible, cual es la que tiene que ver con los derechos constitucionales en general, y uno en particular, que ranquea entre los más relevantes: el derecho de libre expresión. Y esto cambia todo el asunto, porque todo movimiento del Estado en el área es tan importante como riesgo, en particular a la luz de la historia de nuestro país. Otro hecho, paralelo con el anterior, que califica el principio general enunciado, es que los medios de comunicación privados han pasado a depender significativamente de los aportes estatales, lo que agrega tensión a la intervención estatal. Nada de esto sirve para descalificar el principio enunciado, pero sí para rodear de alarmas a los movimientos que haga el Estado en la materia: el Estado puede pasar a guiarse, como sabemos, por intereses particulares, relacionados con el gobierno de turno, incluyendo el de dificultar la expresión de los medios que lo critican, y a favorecer la de los que lo defienden, distorsionando de ese modo el corazón de su misión en el área, y poniendo en riesgo al mismo estado de derecho. Por eso es que se necesitan fuertes controles sobre el accionar estatal (judiciales, entre otros) y justificaciones claras y fuertes de parte del Estado, en relación con lo que hace.

 

Dicho lo anterior: no está mal que el Estado favorezca la igualdad de género, y desaliente los mensajes sexistas, machistas, discriminadores. Y si el Estado da incentivos, también económicos (premios, por caso), para que se deje de lado el lenguaje que discrimina, o para alentar discursos respetuosos de los derechos humanos, esa iniciativa puede, en principio, justificarse, aún si se aplica, también, a medios privados. Pero, otra vez, nunca perdemos de vista los riesgos que la tarea involucra, ni dejamos de evaluar esos riesgos a la luz de la historia argentina. Aquí, y en particular en las últimas décadas, el Estado ha tomado repetidas iniciativas para silenciar o castigar -desalentando- a los medios que no le eran afines, a la vez que ha premiado indebidamente a los medios favorables. Buena parte de los problemas generados por la llamada "Ley de Medios", tuvieron que ver con ese uso discrecional de los resortes a su favor, como bien anticipó y supo señalarle la Corte Suprema.

 

Ahora bien, considerando lo anterior, podemos mirar específicamente la normativa apuntada, que va más allá de resguardar los derechos humanos, o desalentar la discriminación de genero, para pasar a defender una política "perfeccionista", que es mala por ese objetivo (imponer, en los hechos, un modo de pensar en la materia, que no es universalmente defendible, en el marco de una sociedad plural y multicultural), y que es peor por la vaguedad con la que está formulada, lo cual la convierte en una herramienta deseable y fabulosa para quienes quieren manipular los recursos del Estado para hostilizar a los medios críticos y generar una malla de medios oficialistas, favorables al propio discurso gubernamental. Por estas últimas consideraciones, la normativa resulta de tonos fuertemente inconstitucionales, y merecería por tanto ser impugnada judicialmente, si es que el gobierno no la reelabora, para ponerla en línea con sus objetivos legítimos y constitucionales.

 

(*) Jurista y sociólogo. Doctor en Derecho y Jurisprudencia.

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