Unos 650 mil trabajadores con libertad "postergada"

“Se cercena la libre elección de obra social a 650 mil personas”, sostiene un informe de Idesa, en referencia a la decisión de Alberto Fernández de impedir por 12 meses que los trabajadores que inician una relación laboral, puedan ejercer la opción de cambio de la obra social.

El decreto 438/2021 fue una promesa del Jefe de Estado a la CGT. Dispone que "los trabajadores que inicien una relación laboral deberán permanecer un año en la Obra Social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho de opción de cambio”. Literalmente, el texto del decreto habla del “derecho” de los trabajadores.

Muchas obras sociales optaron por tercerizar su prestación, derivando aportes a prestadoras privadas. Para Idesa, el centro de estudios que dirige el economista Jorge Colina, quien quiera ejercer el derecho de opción que otorga la ley, tendrá que “pagar de su bolsillo” al menos en el primer año de la relación laboral, si quiere una prepaga.

“Otra ineficiencia más en el sistema de salud y de desaliento a la generación de empleos asalariados formales”, señala. Recuerda que el sistema de obras sociales era de afiliación compulsiva hasta la sanción en 1993 de una ley que reconoció la libertad de opción.

“Actualmente más de 2 millones, de los 6,5 millones de trabajadores con cobertura de obra social nacional, derivan su aporte a una empresa de medicina prepaga”. Es una “sangría” de los recursos que los gremios que manejan las obras sociales, suelen considerar como propios, desde que el general Juan Carlos Onganía consagró por ley, en 1970, sus prestaciones mutualistas.

El mismo Perón prefería los hospitales públicos en un sistema manejado por el Estado; tal vez allí haya coincidencias en el enfoque de Cristina Fernández, que en diciembre de 2020 advirtió la necesidad de “un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales, que optimice recursos”.

El “gesto” presidencial de darle algo de caja a los sindicatos con obras sociales, se produce sin embargo tras las afirmaciones de su ministra de Salud, Carla Vizzotti, de “reducir la fragmentación” del sistema.

Mientras tanto, las empresas de medicina prepaga vienen denunciando que el gobierno las está llevando a la quiebra. “A las empresas de medicina privada se les autorizó sólo un 26% de aumento desde diciembre del 2019, cuando la inflación general fue del 71%”.

Como en 1998

“En 1998 -recuerda Idesa- cuando recién se iniciaba la libertad de elección, se estipuló que quien inicie una relación laboral tenía que permanecer un año en la obra social que le corresponde según la rama de actividad. Esta restricción fue anulada en el año 2001. “El principal objetivo era evitar que personas que habían elegido derivar su aporte a una prepaga, pierdan la cobertura cuando cambian de empleo. La decisión del gobierno ahora fue restablecer esta restricción a la libre elección”, analizó el Instituto para el Desarrollo Social de Argentina.