Preguntas para la Corte

Quis custodiet ipsos custodes?

Juvenal

La intensificación de la campaña electoral, período en el cual los dirigentes políticos tienden a concentrarse en esas lides (máxime cuando en el caso de muchos legisladores además son candidatos), no evitó que en los últimos días se produjesen una serie de novedades con fuertes implicancias institucionales, cuyo desenlace aún está pendiente. Y en el marco de fuertes pulseadas políticas entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, la Corte Suprema de Justicia asumirá un rol decisivo y de una exposición superior a la habitual, en la medida en que esos conflictos se canalizaron y escalaron progresivamente la vía tribunalicia. Y que, en una brutal simplificación, podrían resumirse en la respuesta (o mejor, las respuestas) a la pregunta de quién controla a quién, en una confrontación de intereses que pone a prueba la lógica constitucional y desafía sus interpretaciones

¿La Legislatura controla a los integrantes del Ministerio Público de la Acusación? La propia Legislatura (que es, valga la obviedad, el Poder del Estado que se ocupa de sancionar las leyes) estableció que sí, a través de la ley 13807, modificatoria de la 13013, por la cual se creó el MPA. Y con ello se adjudicó la facultad de suspender y remover a fiscales y defensores, que en la norma original estaba en cabeza de un tribunal de disciplina de composición múltiple, similar al jury de enjuiciamiento a magistrados. Esta modificación fue rechazada a través de pronunciamientos orgánicos por fiscales y defensores, así como colegios de abogados, pero la Corte la convalidó, en un fallo dividido: con votos a favor de Falistocco, Gutiérrez, Gastaldi y Spuler, y en contra de Erbetta y Netri. Llegado el momento, le tocaría a la Corte nacional convalidar o rechazar este fallo.

Dicho ésto: además de a los fiscales ¿la Legislatura también puede controlar y sancionar a funcionarios del MPA, y entre ellos al Director del Organismo de Investigaciones?. Otra vez, la Legislatura dispuso que sí, en este caso a través de la ley 14016, también modificatoria de la 13013. Pero el gobernador dijo que no, vetando la modificación, a la que sus detractores identifican con una intencionalidad que tiene nombre y apellido (ley anti Marcelo Sain). La Legislatura insistió en que sí, al rechazar el veto del gobernador y dejar firme la sanción de la norma. El propio Sain consideró que no, y ante las acciones de la Legislatura en su contra presentó un recurso de amparo ante la Justicia. El Ejecutivo mantuvo su postura de que ese control no corresponde y, por vía indirecta, consiguió el efecto que infructuosamente intentó con el veto: como representante del Estado, contra el que se dirigió el amparo de Sain, decidió "allanarse" (esto es, dar la razón a la contraparte). La jueza interviniente tomó nota y concedió el amparo, con lo cual la primera respuesta judicial a la pregunta que encabeza este párrafo fue "no". Y cuando la Comisión de Acuerdos insistió, apelando su decisión, rechazó también esa apelación. Pero la escalada siguió, y los representantes de la Legislatura acudieron a la vez a la Cámara Laboral y a la propia Corte Suprema.

Siguiente pregunta, que es en alguna medida el reverso de las anteriores: ¿los fiscales pueden imputar y avanzar con la investigación penal contra un legislador, aún cuando la Cámara a la que pertenece se niegue a despojarlo de sus fueros? Al menos en el caso de Armando Traferri, el MPA dice que sí y el Senado dice que no. El camarista penal Mascali les dio la razón a los fiscales, declarando en el trámite la inconstitucionalidad del artículo 51 de la Constitución santafesina, que extiende la protección a los legisladores más allá de lo que lo hace la Carta Magna Nacional. Traferri presentó un nuevo recurso y ahora el tema está a estudio de la Corte santafesina.

Con el acompañamiento de alocuciones altisonantes en los recintos y en los medios de comunicación, las preguntas han completado el recorrido que las coloca directamente en la mesa de decisiones de la Corte. Mientras los plazos se superponen con los de la contienda electoral, será allí donde deban encontrar una nueva respuesta. La misma que la política no pudo darles, y que acaso desate inevitablemente nuevos interrogantes.