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Martes 01.07.2008
14:22

Por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”

Seis médicos de Santa Fe y Vera procesados por el caso Acevedo

Se trata del ex director del Hospital Iturraspe, junto con profesionales de las áreas Oncología, Ginecología y Radioterapia. Además fue procesada la actual directora del Samco de la ciudad de Vera. La causa se inició a raíz de la muerte de Ana María Acevedo, una joven de 20 años a la que le negaron un aborto terapéutico y murió de cáncer.

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Por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” Seis médicos de Santa Fe y Vera procesados por el caso Acevedo Se trata del ex director del Hospital Iturraspe, junto con profesionales de las áreas Oncología, Ginecología y Radioterapia. Además fue procesada la actual directora del Samco de la ciudad de Vera. Se trata del ex director del Hospital Iturraspe, junto con profesionales de las áreas Oncología, Ginecología y Radioterapia. Además fue procesada la actual directora del Samco de la ciudad de Vera. La causa se inició a raíz de la muerte de Ana María Acevedo, una joven de 20 años a la que le negaron un aborto terapéutico y murió de cáncer.
La Justicia procesó a seis profesionales de la salud de las ciudades de Santa Fe y Vera, en el marco de una causa que investiga la muerte por enfermedad de Ana María Acevedo. Ocurrió en mayo del año pasado; se trataba de una joven madre de 20 años, a quien le negaron la posibilidad de realizar un aborto terapéutico y así continuar con el tratamiento contra un avanzado cáncer de mandíbula.

Las acusaciones más graves recaen sobre el ex director del Hospital Iturraspe, el Dr. Andrés Ellena; y los jefes de los servicios de Oncología y Ginecología del mismo hospital, César Blajman y Raúl Musacchio, respectivamente. Los tres están procesados por “lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real”.

Por otra parte, fueron procesados, pero sólo por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, la directora del Samco de Vera, Dra. Sandra Barbieri; José Manuel García, integrante del Consejo de Administración del mismo hospital; y el médico Jorge Venanzi, del servicio de Radioterapia del Iturraspe. Otros cuatro profesionales de Santa Fe y Vera recibieron la “falta de mérito”.

Dos cédulas

El decreto firmado por el juez Eduardo Andrés Pocoví, salió del Juzgado Correccional de la Quinta Nominación el miércoles 25 de junio, y entre ayer y hoy se estaban terminado de notificar las partes involucradas en el proceso. Entre ellas están las abogadas Mirtha Manzur, Paula Condrac y Lucila Puyol, de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, quienes representan a la familia Acevedo como actor civil.

Lucila Puyol reconoció esta mañana que recibieron dos cédulas en el domicilio legal, notificándolas del decreto en cuestión. Desde el juzgado confirmaron la noticia, pero no dejaron trascender detalles del procesamiento.

En cuanto al contenido de las cédulas, la primera decía textual: “habiéndose planteado la declaración indagatoria de los imputados César Raúl Blajman; Raúl Alejandro Musacchio; Jorge Mario Venanzi; Andrés Ellena; Sandra Barbieri; y José Manuel García, declárese procesados a Blajman, Ellena y Musacchio por los delitos de lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real; y a Venanzi, Barbieri y García por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La otra se refiere a que “no existe mérito para dictar procesamiento ni sobreseer a Venanzi, Barbieri y García por lesiones culposas”. Otros cuatro profesionales que habían sido oportunamente indagados también recibieron la falta de mérito.

Los informes

La causa se inició a poco del fallecimiento de la chica Acevedo, el 17 de mayo de 2007. Como el juzgado estaba vacante, tramitó el expediente en calidad de juez subrogante, el Dr. Jorge Andrés, que actualmente se desempeña en los tribunales de Rafaela.

Andrés se dedicó a colectar las pruebas y hacer la lista de los imputados, que con posterioridad fueron indagados por una serie de hechos, y no bajo una figura penal determinada, dado que todavía no estaba clara la configuración del delito.

Para justificar una resolución que a la postre fuera de carácter acusatorio, el juez subrogante solicitó informes a al menos cuatro institutos y organismos de renombre nacional, que con alguna demora evaluaron el caso particular.

Tiempo atrás se pudo conocer el resultado de parte de esos informes, que habrían sido categóricos en cuanto a que el caso no se manejó de manera correcta, al menos por una parte de los profesionales a los que les tocó intervenir en el tratamiento de la joven.
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