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Miércoles 08.09.2021 - Última actualización - 14:35
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Por Nicolás G. Tauber Sanz y Fernando H. Molinas

La Constitución de 1921 y la cuestión de la tierra en la gobernación de Luciano Molinas

El gobernador Luciano Molinas en su despacho recibiendo una delegación de indígenas de San Martín Norte. Entre los presentes se observa al Dr. Agustín Zapata Gollán. Crédito: Banco de Imágenes El gobernador Luciano Molinas en su despacho recibiendo una delegación de indígenas de San Martín Norte. Entre los presentes se observa al Dr. Agustín Zapata Gollán.
Crédito: Banco de Imágenes "Florián Paucke"

El gobernador Luciano Molinas en su despacho recibiendo una delegación de indígenas de San Martín Norte. Entre los presentes se observa al Dr. Agustín Zapata Gollán. Crédito: Banco de Imágenes "Florián Paucke"

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Por Nicolás G. Tauber Sanz y Fernando H. Molinas La Constitución de 1921 y la cuestión de la tierra en la gobernación de Luciano Molinas Toda la gobernación de Luciano F. Molinas se realizó bajo la impronta del nuevo texto constitucional y la necesidad de las reformas institucionales destinadas a darle plena vigencia.

Por Nicolás G. Tauber Sanz y Fernando H. Molinas (*)

La Constitución sancionada en 1921, más allá de los avatares sobre su escasa vigencia efectiva, inscribió a la provincia de Santa Fe entre las pioneras en el denominado Constitucionalismo Social.

 

Sus más importantes exponentes fueron la Constitución de México de 1917, la Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1918 y la Constitución Alemana (Weimar) de 1919. Su rasgo distintivo fue la incorporación de herramientas en defensa de los intereses de las clases trabajadoras, del campo y la ciudad, y los sectores más débiles de la sociedad. Con la finalidad de terminar con las graves desigualdades provocadas por el capitalismo financiero, generalizar la libertad y profundizar la democracia.

 

Constitucionalismo social

 

Al servicio de estos fines, el Constitucionalismo Social de principios de siglo XX, planteaba la necesidad de que: 1) el Estado intervenga activa y profundamente en la economía; 2) se reconozcan derechos sociales (protección de los trabajadores, las mujeres, los niños y los ancianos); y 3) se limite la propiedad privada por interés público poniéndola al servicio de los intereses de la comunidad.

 

Estos rasgos fundamentales se encuentran presentes entre los muchos aportes del Texto Constitucional de 1921. En esta línea, cabe destacar los relacionados con garantizar la libertad e igualdad de cultos (eliminación del preámbulo donde se refería al "origen divino" y art. 6), las garantías de los ciudadanos en los procesos judiciales (arts. 7 a 11), el reconocimiento del derecho de reunión y asociación (art. 12), el establecimiento de la acción de amparo para proteger judicialmente los derechos (art. 17), la tutela de los derechos de los trabajadores (arts. 28 y 29), la intervención del Estado en la economía (arts. 23, 30, 31 y 32), el reconocimiento a las mujeres del derecho votar y a ser elegidas para cargos de carácter local (art. 36. Inc. 1), la promoción de la democracia municipal (arts. 138 a 159) y el derecho a la educación obligatoria, integral y laica (arts. 160 a 168).

 

Del mismo modo, el tratamiento de la cuestión de la propiedad de la tierra y la producción agropecuaria insertaba a esta Constitución entre las más avanzadas del mundo.

 

Disponía el artículo 30: "La Provincia promoverá con sus recursos la integración, la colonización de sus tierras, la construcción de ferrocarriles, caminos y canales, la explotación y aprovechamiento de sus ríos y sus bosques, y la implementación de las industrias y empresas que esté en sus facultades fundar o proteger."

 

En el artículo siguiente (31), se establecía: "La Provincia adquirirá tierras aptas para venderlas en lotes no mayores de cincuenta hectáreas, en no menos de veinte anualidades y a precio de costo a agricultores argentinos, nativos o naturalizados, utilizando como recursos los provenientes en todo o en parte, de los impuestos al mayor valor de la tierra libre de mejoras; de un adicional a la Contribución Directa que abonarán los latifundios y los demás que creara con este fin la Legislatura. También se establecerá con el mismo objeto un impuesto adicional a la Contribución Directa que abonarán los propietarios que vivan fuera de la República."

 

El concepto del valor social de la tierra surge nítido del texto transcripto. Nótese que se propicia la instalación de pequeños productores agropecuarios en tierras vendidas por la Provincia, con fondos obtenidos de un sistema impositivo claramente direccionado a gravar los grandes latifundios y, un aspecto absolutamente novedoso: gravar a los propietarios -aún argentinos- que no viven en el país.

 

Veto y rescate

 

El Gobernador Mosca decidió, mediante decreto del 27 de agosto de 1921, "no reconocer valor alguno" a la Constitución del 21. Su ilegal actuar, que causó conmoción y un amplio rechazo político y popular, impidió que entrara en vigencia, como estaba previsto en su sanción, y hubo que esperar hasta el año 1932 para verla imperar en el territorio provincial.

 

Durante todo ese interregno el Partido Demócrata Progresista alzó como bandera proselitista y programa partidario la inmediata vigencia del texto constitucional.

 

El triunfo en las elecciones de 1932 que consagrara como gobernador al Dr. Luciano F. Molinas permitió demostrar la coherencia entre lo prometido en la campaña y la gestión pública, y la primera ley dictada por el nuevo gobierno fue la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna.

 

Toda la gobernación de Luciano F. Molinas se realizó bajo la impronta del nuevo texto constitucional y la necesidad de las reformas institucionales destinadas a darle plena vigencia.

 

También en el tema agrario el Poder Ejecutivo cumplió con el mandato de los constituyentes, a pesar de las fuertes presiones y campañas desatadas por los grandes intereses afectados, y envió un proyecto llamado de Colonización que obtuvo sanción legislativa el último día de diciembre de 1934 como Ley 2432.

 

Por la misma se autorizaba al Poder Ejecutivo a emitir títulos destinados exclusivamente al pago del precio de tierras aptas para agricultura en un 90% por lo menos, de título perfecto y distantes no más de cuarenta kilómetros de una estación ferroviaria, camino pavimentado o puerto de embarque por caminos transitables (arts. 1° y 2°).

 

Dichas tierras debían dividirse en parcelas no mayores de 150 hectáreas para ser vendidas a personas con capacidad legal, condiciones de trabajo y conocimiento de labores agrícolas, a plazo, y con bajas tasas de interés.

 

En marzo de 1935 la provincia emitió la primera serie de bonos para poner en marcha el plan de colonización, comenzando de este modo la promesa de reforma agraria sostenida por Lisandro de la Torre y su partido desde su famoso discurso de Casilda de 1919.

 

Lamentablemente, la intervención federal de la provincia a fines de 1935, evidenciando sus reales motivos, puso fin a la vigencia de la Constitución y al plan de colonización impidiendo el más importante proyecto de reforma del régimen de la tierra y producción de la tierra promovido y comenzado en la República.

 

(*) Contenidos producidos para El Litoral desde la Junta Provincial de Estudios Históricos.

 

El rasgo distintivo de la Constitución sancionada en 1921 fue la incorporación de herramientas en defensa de los intereses de las clases trabajadoras, del campo y la ciudad, y los sectores más débiles de la sociedad.

 

Toda la gobernación de Luciano F. Molinas se realizó bajo la impronta del nuevo texto constitucional y la necesidad de las reformas institucionales destinadas a darle plena vigencia.

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