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Miércoles 08.09.2021 - Última actualización - 09.09.2021 - 9:03
15:10

Las actas fueron anuladas

Condena para el intendente de una localidad de Córdoba por fotomultas ilegales

Borgobello podrá seguir desempeñándose como intendente hasta que la sentencia quede en firme.

 Crédito: Gentileza
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Las actas fueron anuladas Condena para el intendente de una localidad de Córdoba por fotomultas ilegales Borgobello podrá seguir desempeñándose como intendente hasta que la sentencia quede en firme. Borgobello podrá seguir desempeñándose como intendente hasta que la sentencia quede en firme.

El intendente de la localidad cordobesa de Estación General Paz, Carlos Borgobello, fue condenado a tres años de prisión y cuatro de inhabilitación para ejercer cargos públicos -ambos casos de ejecución condicional-, por labrar infracciones de tránsito mediante fotomultas, sistema ilegal en la provincia.
 

El intendente, que ejerce esa función de manera ininterrumpida desde el 2007 y responde al espacio Hacemos por Córdoba que lidera el gobernador Juan Schiaretti, fue condenado por la Cámara Segunda del Crimen de la ciudad de Córdoba, por los delitos de 'exacciones ilegales y falsedad ideológica continuadas, en concurso real'.
 

Borgobello podrá seguir desempeñándose como intendente hasta que la sentencia quede en firme, ya que su representación legal anticipó que apelará la sentencia condenatoria.
 

También fueron condenados el entonces juez de Faltas municipal, Daniel Torres, y Virginia Guala, quien estaba a cargo del sistema de las cámaras de las fotomultas y radares de velocidad. En ambos casos los funcionarios fueron condenados a dos años y ocho meses de prisión condicional e inhabilitación para ejercer la función pública durante tres años.

 


 

 

Tanto el intendente como los otros dos funcionarios deberán desempeñar tareas comunitarias.
 

De acuerdo a lo que se conoce de la causa, las cámaras estaban instaladas sobre la ruta nacional 9 norte, a la altura del kilómetro 735, y se labraron miles de actas de infracciones entre los años 2008 y 2010, la mayoría por exceso de velocidad.
 

Al momento de los hechos la legislación provincial de tránsito establecía que las multas se debían realizar previo a la detención del vehículo y la firma del acta por parte del conductor.
 

La justicia abrió la investigación de oficio, en tanto en el proceso de enjuiciamiento se determinó que se tomaban las imágenes de las cámaras y luego confeccionaban las presuntas multas con las firmas de las personas a cargo del sistema, y no de los conductores, por lo tanto el fallo también declaró la "nulidad" de todas esas actuaciones ilegales.

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