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Martes 05.10.2021 - Última actualización - 16:16
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Para la justicia federal no hubo delito

Sobreseyeron a los concejales salteños anotados en el IFE

El fallo dice que los ediles sabían que el Ingreso Familiar de Emergencia no era para ellos y que completaron la solicitud que tenía carácter de declaración jurada. Pero entiende que solo hubo una preinscripción y que el Estado no fue engañado.

Juzgado federal salteño. Crédito: Captura digitalJuzgado federal salteño.
Crédito: Captura digital

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Para la justicia federal no hubo delito Sobreseyeron a los concejales salteños anotados en el IFE El fallo dice que los ediles sabían que el Ingreso Familiar de Emergencia no era para ellos y que completaron la solicitud que tenía carácter de declaración jurada. Pero entiende que solo hubo una preinscripción y que el Estado no fue engañado. El fallo dice que los ediles sabían que el Ingreso Familiar de Emergencia no era para ellos y que completaron la solicitud que tenía carácter de declaración jurada. Pero entiende que solo hubo una preinscripción y que el Estado no fue engañado.

Habían sido señalados públicamente, embargados por 60 mil pesos por la fiscalía y se pensaba que podía llegar a caberles la inhabilitación para ejercer cargos públicos pero nada de eso sucedió, al menos hasta ahora. Ocho concejales del interior de Salta que trataron de cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia fueron sobreseídos por la Justicia Federal en esa provincia.

 

El sitio fiscales.gob.ar da a conocer algunos párrafos del fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones salteña y destaca que el fiscal Ricardo Toranzos recurrirá la decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

Los camaristas criticaron los mecanismos de control de la Administración Nacional de la Seguridad Social y señalaron el desinterés de la Anses en denunciar los hechos y constituirse como querellante pero consideraron que no se llegó a cometer el delito. Estableció que solo se trató de una preinscripción, aunque tuviera carácter de declaración jurada.

 

Los jueces Santiago French, Ernesto Solá y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas sobreseyeron a los ediles investigados por tentativa de defraudación a la Administración Pública y cuestionaron los argumentos de la fiscalía que destacó que los acusados reconocieron haber ingresado los datos a sabiendas de que no podían acceder al beneficio.

 

También la acusación destacó que la justicia había homologado acuerdos de conciliación de acusaciones contra otros concejales por hechos idénticos calificados también como tentativa de defraudación.

 

El fallo parte de que los concejales sabían que no podían percibir tal beneficio, dado que así lo establecía el decreto nacional de implementación y, además, hubo una amplia difusión sobre los requisitos del IFE. Y, aunque los ediles estaban sujetos al Código de Ética de la Función pública, por el que expresamente deben custodiar los bienes del Estado y promover la transparencia de la función, la Sala consideró que lo hecho no era más que una preinscripción y que no se concretó el engaño.

 

Se destacó que tras el ingreso de los datos personales "venían dos controles más, por reglamentación propia de la Anses… Un click no es suficiente, teniendo en cuenta la capacidad de la víctima", es decir, esa repartición.

 

El fallo defendió el carácter de declaración jurada de la solicitud, pero discrepó con la fiscalía, pues la resolución N°8420, de la Anses, estableció que el trámite de solicitud del IFE se realice íntegramente de manera remota desde la página web y contará de una primera etapa de preinscripción y una segunda de inscripción, solicitud y validación del beneficio". Consideró que ello era importante "porque a partir de ahí, ingresa el esquema de los controles por parte del Estado. Esto es lo que sucedió y llevó al rechazo del pedido. Más allá de la cuestión, no alcanzó configurar la capacidad de engaño", dice la Sala.

 

Gobernadora por un día

Mientras el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, y el vicegobernador a cargo de Tucumán, Osvaldo Jaldo, escenificaban una tregua este lunes en Buenos Aires, un hecho insólito ocurrió en la Gobernación en San Miguel. El viaje de Jaldo hasta la Casa Rosada motivó que una legisladora opositora quedara a cargo por un día de la provincia.
Sandra Orquera, vicepresidenta segunda de la Legislatura tucumana, fue quien se sentó en el despacho de la Gobernación. La dirigente es referente del partido Fuerza Republicana, fundado por el fallecido represor Antonio Bussi, hoy conducido por su hijo Ricardo Bussi.
La dirigente se instaló en el escritorio ocupado por Jaldo debido a que se activó la línea sucesoria en el mando provincial. El vicegobernador concurrió a la Casa Rosada acompañado por prácticamente todo el gabinete provincial, pero, además por los conductores del Palacio Legislativo. El presidente y el vicepresidente de la Legislatura local, Néstor Regino Amado y Juan Ruiz Olivares, respectivamente, que son los siguientes en la línea de poder, formaron también parte del encuentro.
Así, Orquera, siguiente en la línea sucesoria, tomó las riendas de la Gobernación. Aunque solo fuera por unas horas, procuró mostrar gestión y una agenda de funciones ejecutivas, que se encargó de reflejar en sus redes sociales. "Hoy estuve realizando mi labor en casa de gobierno como la primera gobernadora de la provincia", escribió.
Como parte de sus acciones, Orquera se fotografió en "su" despacho con su jefe político, Ricardo Bussi. El actual legislador opositor también retrató el momento en las redes y no dudó en llamarla "gobernadora". Recordó, a su vez, el tiempo en que su fallecido padre –condenado por delitos de lesa humanidad- gobernó la provincia entre 1995 y 1999.
"Motivo de particular orgullo que Fuerza Republicana vuelva a ocupar el lugar que una vez nos dio la ciudadanía de manera democrática", afirmó Bussi en la red social y agregó: "Seguro que las acciones que está llevando a cabo la gobernadora Sandra Orquera, marcarán a las autoridades naturales el camino de cambio que necesita".
En esa línea, Bussi arremetió contra las limitaciones que el binomio Manzur-Jaldo le impusieron a la sucesora. "Inexplicablemente la gobernación de Tucumán (Manzur/Jaldo) negó a la gobernadora interina Sandra Orquera la posibilidad de reclamar al gobierno nacional el auxilio de las fuerzas federales para combatir el narcotráfico en la provincia. ¿Por qué será?", escribió y agregó:" ¿A quién protejen (sic)?, ¡Después se ofuscan cuando se les hacen señalamientos!"
Más cauta, Orquera se limitó a destacar que la seguridad fue parte de la preocupación central. "La agenda de hoy fue abordar el tema Seguridad. Aquí me trajo el pueblo para escucharlos y darles una solución de lo que les preocupa", ahondó.
En otra publicación, la legisladora de Fuerza Republicana amplió: "A pesar de que sea por unas cuantas horas seguimos trabajando y luchando con esperanzas para que nuestro querido Tucumán vuelva a ser el Jardín de la República".

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El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.
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