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Miércoles 13.10.2021 - Última actualización - 10:09
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Desde el 1 de enero de 2022

¿Sin base legal para cobrar Ingresos Brutos a industrias?

Algo similar pasa con sectores alcanzados por Sellos. La normativa que los fundamenta vence este año, pero los recursos no están eliminados en los proyectos de presupuesto y ley tributaria provinciales.

Pablo Olivares, consultor y ex secretario de Ingresos Públicos y Finanzas de Miguel Lifschitz. Crédito: El LitoralPablo Olivares, consultor y ex secretario de Ingresos Públicos y Finanzas de Miguel Lifschitz.
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Pablo Olivares, consultor y ex secretario de Ingresos Públicos y Finanzas de Miguel Lifschitz. Crédito: El Litoral

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Desde el 1 de enero de 2022 ¿Sin base legal para cobrar Ingresos Brutos a industrias? Algo similar pasa con sectores alcanzados por Sellos. La normativa que los fundamenta vence este año, pero los recursos no están eliminados en los proyectos de presupuesto y ley tributaria provinciales. Algo similar pasa con sectores alcanzados por Sellos. La normativa que los fundamenta vence este año, pero los recursos no están eliminados en los proyectos de presupuesto y ley tributaria provinciales.

A la luz de la letra fría de las normas, el 1 de enero de 2022 la provincia debería dejar de cobrar la alícuota de 0,5% de Ingresos Brutos a la Industria. También deberían cesar esos impuestos en las facturas de la EPE y en el transporte.

 

Sin embargo ese impuesto “distorsivo” es a la vez decisivo en las cuentas santafesinas. La provincia recaudó por Ingresos Brutos el 75,56% de sus recursos propios en el primer semestre del año, según los registros públicos del ministerio de Economía.

 

No hay señales -en el proyecto de presupuesto de 2022 ni en la ley tributaria remitidas a la Legislatura- que indiquen que la provincia bajará impuestos. Pero tampoco hay sustento legal -hasta aquí- que autorice al gobierno a cobrar todo lo que calcula.  

 

Según Pablo Olivares, consultor y ex secretario de Ingresos Públicos y Finanzas de Miguel Lifschitz, el proyecto de ley Tributaria de Santa Fe Fe 2022 que  ya está en la Legislatura “no contiene toda la política tributaria que regirá en 2022, ya que el 1/1/22 retoman vigencia los compromisos tributarios acordados en el Consenso Fiscal 2017”.

 

Aquel acuerdo de Nación y provincias para bajar la carga impositiva tuvo su última suspensión en el consenso 2020, que termina el 31 de diciembre. Sin una nueva ley en la Nación y otra en la Provincia (son normas convenio), la Casa Gris tendría problemas delicados con sus recursos.

 

Olivares supone tres escenarios: leyes que confirmen el acuerdo 2020; que no haya nuevas normas y el Consejo 2017 recupere vigencia acotando los recursos financieros de la administración Perotti. O bien un escenario de hecho en el que la provincia sigue cobrando impuestos y abre un espacio de incertidumbre jurídica  que expone a la Casa Gris a demandas judiciales.

 

Olivares advirtió en su cuenta de Twitter que “una nueva suspensión de esos compromisos (los de 2017)  requerirá un nuevo consenso fiscal. Implica Acuerdo entre Gobiernos Nacional y Provincial + leyes (nacional y provincial) de aprobación”.

 

“Caso contrario -advirtió- el proyecto de ley enviado por el PE será erróneo en algunos artículos e incompleto (faltarán las disposiciones legales para cumplir con el consenso que retoma vigencia). Ejemplo: exención de Ingresos Brutos a la industria, transporte, electricidad y eliminación de sellos”.

 

En éste último caso, el especialista aclaró a El Litoral que se caerían sellos a todos los contratos excepto las transferencias de inmuebles y autos.   

 

Incertidumbre

 

“No hay prórroga al consenso 2020,que es la suspensión del consenso 2017, y sin modificarse la ley impositiva anual, la provincia afrontaría un  conflicto normativo que va a desatar medidas por parte de  los contribuyentes. El Código Fiscal les diría que tienen que pagar, pero el consenso fiscal los exime. Eso abriría incertidumbre jurídica; lo que suceda en ese caso dependería de cada contribuyente”.

 

La ventana

 

La materia tributaria no es susceptible a decretos. Después del 14 de noviembre el gobierno nacional podría apurar un nuevo pacto fiscal, que requeriría ratificación por ley nacional y provincial, en un escenario de incertidumbre política federal y antes del acuerdo con el FMI, que el presidente prometió para 2022. El Consenso 2017 fue ante especial insistencia de la UIA; la agenda de los industriales nacionales sigue en ese sentido; la Fisfe habrá de necesitar equilibrios entre sus socios y la identificación con la política del gobierno nacional.

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