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Jueves 21.10.2021 - Última actualización - 22.10.2021 - 16:11
18:08

El dilema en la provincia

¿Mejor la inflación que el desabastecimiento?

Kicillof controlará con los intendentes los precios congelados, con aquella herramienta que el peronismo usó antes del descalabro del ‘75. En Santa Fe, la fiscalización iría por la vía diplomática.

Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior de la Nación. Crédito: NARoberto Feletti, secretario de Comercio Interior de la Nación.
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Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior de la Nación. Crédito: NA

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El dilema en la provincia ¿Mejor la inflación que el desabastecimiento? Kicillof controlará con los intendentes los precios congelados, con aquella herramienta que el peronismo usó antes del descalabro del ‘75. En Santa Fe, la fiscalización iría por la vía diplomática. Kicillof controlará con los intendentes los precios congelados, con aquella herramienta que el peronismo usó antes del descalabro del ‘75. En Santa Fe, la fiscalización iría por la vía diplomática.

Multas millonarias, clausuras de locales, inhabilitación de acceso al crédito público. Es parte del menú de sanciones con las que Roberto Feletti amenaza a los supermercados que no cumplen con los precios congelados hasta el 7 de enero, y a las fábricas y distribuidoras que no pongan el “máximo de su capacidad” para abastecerlos.

 

El secretario de Comercio Interior de la Nación se autopercibe como juez y parte. La ley 20680 (texto actualizado) a la que apeló para ordenar la realidad a sola firma, fue promulgada por Juan Perón en junio de 1974; le permite controlar y sancionar. El comercio puede apelar, depositando la multa en su caso. Aquella norma sólo aportó para acelerar el problema; fue dictada un año antes del Rodrigazo.

 

El funcionario cristinista ordenó en la Resolución 1050 (el número es toda una ironía) “precios máximos de venta al consumidor final”, es decir que no hay listas para lo que los economistas denominan la matriz de precio-producto. Eso significa que la política electoral y las fiestas de fin de año -poco menos que la paz social- dependerá de los supermercadistas según el dispositivo oficial. Pero el último eslabón no es el origen del problema.

 

¿Acaso está en los centros logísticos de distribución de los supermercados, la última caja que el gobierno nacional manotea para el populismo sin plata? En Buenos Aires, Axel Kicillof reunió a los intendentes para mandarlos a la calle a controlar; no hay razones macroeconómicas -ni sociológicas- para suponer que con ellos y los piqueteros fiscalizando góndolas, la inflación encontrará una suerte distinta al shock inflacionario del ‘75.

 

Matías Kulfas suele poner a Santa Fe a la vanguardia de la recuperación industrial; las cifras productivas en la provincia fueron mejores porque la política sanitaria de Omar Perotti fue distinta a las severas restricciones que la Casa Rosada impuso a uno y otro lado de la General Paz. Pero la provincia no está alambrada; la inflación promete 50% este año y aún más el próximo, mientras el kirchnerismo integra las listas del Frente de Todos en Santa Fe.

 

Juan Carlos Aviano es el secretario de Comercio Interior santafesino. En Rosario dijo que hay 1300 productos a controlar en territorio santafesino; la repartición carece de la infraestructura para hacerlo. Posiblemente tenga la decisión política de no actuar con severidad sobre la misma cadena productiva de la que dependen la sensibilidad de los consumidores y la sostenibilidad de las Pymes. ¿Mejor la inflación que el desabastecimiento? Es el dilema del costo menor ante las elecciones. Corre el reloj.

 

El cortoplacismo de la política de Feletti está en la propia letra de su resolución. Alude sólo a productos de consumo masivo de primera necesidad, pero deja afuera -por ejemplo- a los medicamentos. Como si la justicia social no debiera entrar a las farmacias.

 

Peor aún. Si los consumidores advierten que el camino de la suba de precios y el desabastecimiento se precipitan, la demanda social se acelera. Eso en un país que ya tiene sólo 35% de su consumo masivo de alimentos bajo control de la economía formal, el el que el 48% del precio de góndola son impuestos, según las aproximaciones de estudios santafesinos.

 

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, que preside el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, le advirtió al gobierno nacional que “los datos del INDEC evidencian que no es la Industria de Alimentos y Bebidas (IAB) quien tracciona mayoritariamente en la inflación general.

 

Muestra de ello es que el IPC de septiembre se incrementó un 3,5%, mientras que el IPC de alimentos y bebidas lo hizo por debajo de esta cifra, alcanzando un 2,9%. Lo mismo ocurre en el acumulado 2021, donde el IPC general alcanza un 37% mientras que el de alimentos y bebidas aumentó 36,6%”.

 

Acaso la experiencia de Precios Santafesinos le de la Casa Gris una plataforma de negociación que filtre aumentos tolerables y omita la sanción, a menos que haya órdenes explícitas desde Buenos Aires o desavenencias ya evolucionadas con algún actor privado en particular.

 

El límite eventual vendrá por el lado del abastecimiento, en la velocidad y el precio de reposición; las fábricas y el comercio minorista pueden negociar alternativas pero no van a vender con precios electorales a costa de sus propios quebrantos, si éstos son generalizados.

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