El Senado santafesino prepara una ley de emergencia en seguridad

Con 18 artículos y unos considerandos que hablan de la "alarmante situación de hechos delictivos que se vienen produciendo, particularmente en las ciudades de Rosario y Santa Fe", un proyecto de ley del senador Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos) plantea la declaración de emergencia en esa materia. También lo hace sobre el Servicio Penitenciario, aunque sobre esa cuestión la Cámara alta ya ha aprobado otra iniciativa con media sanción.

"El primer paso para paliar la situación de manera rápida, mientras se continúa avanzando en políticas profundas de combate a la criminalidad organizada, es reconocer y hablar del tema, tomando cartas en el asunto sin distinciones de filiaciones, tal como lo sostiene el gobernador Omar Perotti", define el texto del legislador del oficialismo.

En su primer artículo se declara el estado de emergencia en seguridad hasta el 31 de diciembre de 2022. Y se declara que su objeto es "reestructurar y modernizar las bases orgánicas y funcionales del sistema policial provincial, a los efectos de disponer de los servicios policiales como instrumentos fundamentales para el control y conjuración de las violencias y las problemáticas criminales".

El articulado contempla la posibilidad de una prórroga de la norma por el Poder Ejecutivo por 180 días y también "a dar por concluida la presente declaración si estima que se encuentran superadas las circunstancias y hechos que fundan la presente declaración".

Una respuesta extraordinaria

En los fundamentos, se afirma que "los recursos disponibles y los mecanismos vigentes para períodos de

normalidad no pueden dar acabada respuesta a una situación que, holgadamente, excede a ésta y se presenta como una serie de acontecimientos extraordinarios que necesitan respuestas del mismo tenor". Y se sostiene que "es prioritaria la realización de acciones y la toma de medidas de carácter urgente tendientes a lograr la reducción, en lo inmediato y dentro del respeto a las garantías vigentes, de los factores de delito y la violencia interpersonal, vinculada o no a hechos delictivos".

La iniciativa se encuentra en las comisiones del Senado y tiene fijada una preferencia para la próxima sesión (además, si así lo considera necesario, la Casa Gris puede pedir su tratamiento en eventuales sesiones extraordinarias).

Uno de los artículos detalla las "acciones sobre aspectos funcionales, orgánicos, operacionales y de personal" de la fuerza policial, que incluye: a) modificar la estructura orgánica y funcional de la Policía "creando, transformando, extinguiendo o suprimiendo total o parcialmente funciones y dependencias"; b) "reajustar y racionalizar" los recursos humanos con cambios de funciones, dependencias y destinos "a todo el personal"; c) asignaciones no remunerativas al personal policial que desempeñe funciones críticas; d) afectar en forma transitoria o definitiva personal de otras reparticiones de la administración pública centralizada o descentralizada, con su anuencia, para tareas de apoyo administrativo en el Ministerio de Seguridad o unidades o dependencias policiales y priorizar el destino de los policias a tareas específicas; e) optimizar los recursos materiales y los servicios que presta la Policía; y f) "adquirir recursos materiales".

Erogaciones

El cuarto artículo crea el "Programa de Emergencia en Seguridad", destinado a erogaciones en los rubros construcciones, maquinaria y equipo, y equipo de seguridad que se financiarán con un aporte del Tesoro por hasta 3 mil millones; el 15 % del Fondo de Equipamiento Policial creado por reglamentación del Servicio de Policía Adicional; el 50 % de los recursos percibidos por la Agencia Provincial de Seguridad Vial; aportes provenientes de programas del Estado Nacional u organismos internacionales.

Las compras a efectuar serán comprendidas por "el articulo 116 inciso c) apartado 2 de la Ley N° 12510 y el artículo 20 inciso c) de la Ley N° 5188"; debiendo darse "estricto cumplimiento en cada caso a las disposiciones pertinentes de los Decretos 1104/16 y 822/61".

El texto establece límites para las licitaciones y resguarda el "análisis de legalidad a cargo del Tribunal de Cuentas" que "deberá efectuarse en el plazo máximo de cinco días de comunicados con sus antecedentes".

"Las rendiciones de cuentas, con la documentación respaldatoria de las inversiones realizadas por cada uno de los órganos policiales a los que el Ministerio de Seguridad asigne fondos especiales se remitirán a la comisión bicameral que por la presente ley se crea".

Desde marzo de 2020

La ley 13.977 que declaró el "estado de necesidad pública en materia social, alimentaria y sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad", en la provincia de Santa Fe hasta el 31 de diciembre de 2021 fue prorrogada hasta el 30 de Junio de 2021 y luego por otros 90 días desde que comenzó julio.