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Miércoles 12.01.2022 - Última actualización - 9:18
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Los intentos de cambios a la ley vigente

Agroquímicos o la torre de Babel

El informe elaborado por la Mesa de Trabajo Legislativa advierte dos posturas predominantes y dispares y donde la principal diferencia radica en las medidas que aseguran la protección de la salud humana y el medio ambiente. Amplia ronda de consultas a entidades, académicos, ONGs. La Corte señaló la necesidad de que la Legislatura establezca nuevos límites.

 Crédito: Campolitoral
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Los intentos de cambios a la ley vigente Agroquímicos o la torre de Babel El informe elaborado por la Mesa de Trabajo Legislativa advierte dos posturas predominantes y dispares y donde la principal diferencia radica en las medidas que aseguran la protección de la salud humana y el medio ambiente. Amplia ronda de consultas a entidades, académicos, ONGs. La Corte señaló la necesidad de que la Legislatura establezca nuevos límites. El informe elaborado por la Mesa de Trabajo Legislativa advierte dos posturas predominantes y dispares y donde la principal diferencia radica en las medidas que aseguran la protección de la salud humana y el medio ambiente. Amplia ronda de consultas a entidades, académicos, ONGs. La Corte señaló la necesidad de que la Legislatura establezca nuevos límites.

Un informe elaborado por la mesa de trabajo, constituida por una comisión de la Cámara de Senadores y otra de la Cámara de Diputados, sobre ley de agroquímicos expone las fuertes diferencias que existen entre sectores de la vida santafesina sobre la materia y que vienen haciendo fracasar los intentos de modificar una ley vigente desde 1.995

 

El informe fue ingresado a la Cámara de Diputados por Erica Hynes (PS) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) como presidenta y vice de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales. Dicha comisión, junto a la de Conservación del Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado, fueron las encargadas de llevar adelante la tarea de recopilar posturas tendiente a buscar un acuerdo legislativo.

 

La Legislatura de Santa Fe dictó en 1995 -después de un extenso debate la ley N° 11.273- regulando el uso de los productos fitosanitarios. En varias ocasiones, en Legislatura fueron propuestas modificaciones a esa regulación. La más reciente fue en noviembre de 2019, cuando Diputados arribó a la media sanción de una modificatoria que perdió estado parlamentario en Senado en 2021. Actualmente, tiene estado parlamentario en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de autoría de Del Frade con firmas de Matilde Bruera (PJ) Leandro Busatto (PJ), Fabián Palo Oliver (UCR) y Lucila De Ponti (PJ) que recoge los avances de la media sanción de 2019. Por otro lado, en la Cámara de Senadores un proyecto impulsado por Rubén Pirola (PJ - Las Colonias) también cuenta con estado parlamentario. Ante esta situación, las comisiones de Ambiente de ambas cámaras conformaron un espacio de trabajo para dialogar sobre el tema y escuchar a diversos actores de la sociedad civil, colegios profesionales, agrupaciones disciplinares, organismos técnicos y científicos, colectivos socio-ambientales, personas expertas, gremiales empresarias, agrupaciones de productores, en pos de abrir instancias de intercambio y encontrar puntos de acuerdo.

 

El informe da cuenta luego de 18 reuniones realizadas a lo largo del último año con estos diferentes actores interesados en la problemática. Los legisladores además enviaron un `Cuestionario de Agroquímicos', elaborado para recabar las opiniones sobre el tema de manera estandarizada y comparable, entre aquellos participantes que quisieran expresarlas por escrito. Además algunos participantes sumaron documentos para respaldar sus argumentos y y posturas.

 

Hynes le dijo a El Litoral que del conjunto de las intervenciones "es posible distinguir dos posturas predominantes y dispares: la principal diferencia radica en las medidas que aseguran la protección de la salud humana y el medio ambiente. Mientras que, por un lado, el sector productivo coincide en que las buenas prácticas agrícolas aseguran esta protección, por el otro lado, las multisectoriales y asociaciones civiles coinciden en que las prácticas agrícolas que se aplican no aseguran la protección y por eso se debe recurrir a zonas de exclusión a ciertas distancias. La postura de las buenas prácticas sigue el principio de prevención, basado en la evaluación del riesgo, y la postura de las zonas de exclusión sigue el principio precautorio, aludiendo a que no hay suficiente información y conocimiento científico que asegure la protección".

 

Advirtió la legisladora socialista que del lado del sector productivo, se afirma que "la regulación no debería basarse en el principio precautorio sino en zonas de amortiguamiento en las que aumentar el diálogo y el control.  En cuanto a los investigadores, algunos enfatizan la toxicidad de los agroquímicos y la necesidad de aplicar el principio precautorio, mientras que otros la necesidad de mejorar el control y que las decisiones se basen en evidencias científicas". Sobre este punto, destacó que el informe de Horacio Beldoménico (responsable del informe científico sobre glifosato de la UNL en 2011)  y la contribución de Gonzalo Sozzo (especialista en Derecho Ambiental) aportan un punto relevante al destacar el primero que en Argentina, incluido Santa Fe, no existe un estudio de riesgo químico suficiente como para aplicar el principio de prevención, y el segundo, que se necesita mayor conocimiento y consenso para aspirar a una norma que sea a la vez de calidad técnica suficiente y que se pueda cumplir".

 

Por su parte, los representantes del campo jurídico, investigadores y expertos en derecho ambiental señalan la aplicación del principio precautorio en los fallos y manifiestan la necesidad de que la legislación incorpore el principio precautorio, con zonas de exclusión. También subrayó Hynes que "la mayoría de los actores consultados señalan que la regulación y el control deben basarse en información científica, con excepción del INTA, que enfatiza que no se trata de una decisión solamente técnica sino que se trata también de una decisión que responda a la percepción social de los agroquímicos como tóxicos y contaminantes para la salud y el ambiente. El INTA señala la necesidad de encontrar un punto intermedio entre la demanda social y la demanda del sector productivo, representadas por las dos posturas dispares".

 

Para disminuir la conflictividad, la mayoría de los actores remarcan la necesidad de crear instancias de diálogo e intercambio de información. Los representantes del sector productivo se explayan sobre los puntos que facilitarían el control y generarían la información que cierre el ciclo, incluyendo la receta electrónica y la figura del veedor, cheque verde y cambio en el sistema actual de control. Ellos consideran que la Ley 11273 no necesita ser modificada.

 

Municipios y comunas, por su parte, sostienen que, en la realidad de las localidades, se trabaja con zonas de exclusión mínimas (de alrededor de 100 metros) y buenas prácticas supervisadas por un veedor contratado por la comuna, a la vez que consideran importante a la agroecología y su promoción. Advierten que para las producciones hortícolas entremezcladas con la población, las restricciones de distancia significarían la desaparición de las quintas al no estar preparados los quinteros para hacer la transición de un día para el otro.

 

Un cuadro en el informe presentan los puntos principales de las dos posturas a las identifican con los nombres de "A favor del principio precautorio y zonas de exclusión" y "A favor el principio de prevención, BPAs y zonas de amortiguamiento".

 

El debate sigue abierto y parece que -por ahora- el acuerdo para la modificación parece lejano.

 

Corte

En diciembre último, la Corte Suprema de Justicia de la provincia rechazó el pedido de queja de los demandados en la causa "Bassi, Norberto O. y Otros c/Comuna de Zenón Pereyra y Otros s/Amparo". Esta decisión significó fue una importante ratificación de una sentencia que impone los 1.000 mts de protección para fumigar. Pero además, la Corte señala que es la Legislatura la que debe determinar la nueva zona de protección.

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