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El Litoral
Lunes 28.05.2012
14:02

Piden no tocar avalúos del inmobiliario rural

Senadores de la UCR quieren cambiar la reforma impositiva

En la Cámara de Senadores, el minoritario oficialismo tiene una fuerte presencia radical. Son de la UCR ocho sobre nueve miembros del Frente Progresista. Ya se habla de cambiar el mensaje del Ejecutivo.



Piden no tocar avalúos del inmobiliario rural Senadores de la UCR quieren cambiar la reforma impositiva En la Cámara de Senadores, el minoritario oficialismo tiene una fuerte presencia radical. Son de la UCR ocho sobre nueve miembros del Frente Progresista. Ya se habla de cambiar el mensaje del Ejecutivo. En la Cámara de Senadores, el minoritario oficialismo tiene una fuerte presencia radical. Son de la UCR ocho sobre nueve miembros del Frente Progresista. Ya se habla de cambiar el mensaje del Ejecutivo.
Los senadores radicales no quieren que, al subirle los impuestos en la provincia al campo, también aumenten los aportes de los empresarios del sector agropecuario santafesino a la Nación.

Con esa definición de los legisladores de la UCR -confirmada luego de la reunión de la semana pasada con entidades de la producción primaria-, todo indica que el proyecto de reforma fiscal que pide el gobernador Antonio Bonfatti se discutirá bastante más en las comisiones.

Felipe Michlig (San Cristóbal), Rodrigo Borla (San Justo) y Lisandro Enrico (General López) han hecho manifestaciones públicas en favor de buscar una fórmula que implique una actualización del Impuesto Inmobiliario Rural, sin que ello implique que los propietarios de los campos paguen más Impuestos a las Ganancias o de Bienes Personales.

Los tres han dicho que esa posición es común a todos los radicales del Senado, y que ya son varios los diputados provinciales de ese partido que piden que la Cámara Alta haga cambios al mensaje del Ejecutivo.

Para Borla tocar los avalúos fiscales de los campos “sería un error desde lo económico, más en un proceso recesivo, y generaría -aseguró- un costo político importante”.

En el mismo sentido, Enrico expresó que “estamos en la etapa de buscar la mejor redacción (del proyecto de ley en discusión) para que podamos recomponer ingresos sin que los productores tengan una mayor presión fiscal nacional”.

En tanto, Michlig advirtió que las diferencias entre los legisladores radicales y el gobierno de Bonfatti hoy se muestran públicamente “porque nunca se ha discutido seriamente la reforma fiscal en el marco del Frente Progresista, Cívico y Social”.

Necesaria actualización

Los senadores radicales dijeron que “en la reunión con la Mesa de Enlace del campo provincial hubo pleno consenso respecto de que el Impuesto Inmobiliario Rural está muy atrasado”.

“Por ejemplo, una hectárea en el departamento General López está entre 56 mil y 62 mil pesos y la valuación fiscal es de 2 mil pesos, muy por debajo de lo que es el valor real”, ilustró Enrico. De todas formas, aclaró: “Lo que a la provincia le interesa es recomponer ingresos, actualizar tributos pero sin perjudicar al campo”, dijo el senador en declaraciones al sitio web Elprotagonista.com.

Borla, algo más duro, expresó en Rosario 12 que “yo no voto ese proyecto como vino del Poder Ejecutivo”, y Michlig -en diálogo con El Litoral- abundó: “En el Frente Progresista hay opiniones diferentes, no tenemos todavía una política consensuada sobre qué reforma impositiva queremos”, y agregó: “También pedimos que con esta misma discusión se tienda a una contención del gasto público, y a acordar un plan de obras públicas que logre financiación externa”.

Michlig recordó que pese a tantos debates es una tarea pendiente “la institucionalización del Frente Progresista. Si esto hubiera ocurrido sin dudas tendríamos definido un esquema tributario o el tipo de reforma que queremos. Cómo vamos los senadores del oficialismo a convencer a otras fuerzas políticas opositoras (y mayoritarias en ambas Cámaras) si antes no se alcanzó el consenso interno en el Frente”, lamentó.

Neurálgico

“El punto neurálgico del proyecto -según el senador por San Justo- es el aumento de la valuación fiscal, y por lo que manifestaron los seis senadores que estuvimos en esa reunión quedó claro que avanzaremos en el aumento del impuesto, pero no el retoque de los avalúos de los inmuebles rurales y urbanos”, reveló Borla.

Para el legislador del sur, la reforma fiscal “no es ningún impuestazo, porque lo que se está pagando por una hectárea agrícola, en promedio, en la zona más rica de la provincia y del país, es solamente 48 pesos por año”, calculó Enrico. Pero subrayó que la presión tributaria del sector agropecuario “es del 52%, y de ese 52% gran parte es nacional, y de sólo 2.8% por parte de las comunas o municipios y la provincia”.

El joven senador, electo en 2011, destacó: “Esta provincia no agobia ni agobiará con los impuestos al campo”.

“Hay que tener en cuenta -expresó Borla- que la curva de aumentos de impuestos a veces es regresiva, porque llega un punto en que la presión fiscal se vuelve negativa, porque la gente simplemente deja de pagar. No siempre a mayor aumento hay mayor recaudación, a veces es el revés: a mayor aumento, menor recaudación. Y eso también debe tenerse en cuenta. Hoy, el sector agropecuario tiene un 52% de carga tributaria”, sobre todo nacional.

Letra fina

Enrico, Borla y Michlig anticiparon que habrá cambios en la letra del mensaje del Ejecutivo.
El sureño destacó “la coincidencia” de los senadores radicales con el planteo formulado por el campo, Borla habló de retocar “la letra fina” del mensaje girado por el gobernador Bonfatti y Michlig elogió “la apertura al diálogo” del titular del Poder Ejecutivo Provincial, pero lamentó que no siempre sus funcionarios lo imiten.

(La semana pasada hubo duras críticas de los senadores radicales, lideradas por el legislador de San Cristóbal, a las promesas incumplidas sobre planes de bacheo en rutas provinciales, por parte de la DPV).

Para los radicales la clave es que hoy el 67% de los recursos provinciales provienen (o mejor, dependen) de la Nación. Y que al mismo tiempo, Santa Fe no ha logrado recuperar unos 18.000 millones de pesos, que es lo que el gobierno provincial considera que le debe el Estado Nacional.




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