Agentes de policía, bajo la dirección de un juez instructor, llevaron a cabo hoy registros en el domicilio del ex presidente francés Nicolas Sarkozy y sus despachos profesionales en París, en el marco de la investigación por la presunta financiación ilegal de su campaña electoral en 2007.

El diario “Le Monde” reveló que fue el juez Jean-Michel Gentil, que se encarga del caso de la multimillonaria heredera de L’Oréal, Liliane Bettencourt, quien estuvo al frente de estos registros en el palacete de la mujer de Sarkozy, Carla Bruni, y en los despachos del anterior jefe del Estado, que desde el pasado 16 de junio ya no dispone de inmunidad presidencial.

Los registros los llevaron a cabo, bajo las directrices del magistrado, una decena de policías de la brigada financiera en ausencia del exmandatario y de su mujer, que se encuentran en Canadá.

Según su abogado, Thierry Herzog, se llevaron “muy pocos documentos”.

Sarkozy está investigado en esta causa por supuestamente haber recibido 150.000 euros para su campaña en 2007, cuando fue elegido presidente, a través de su entonces tesorero, Éric Woerth, recordó “Le Monde”.

Woerth, quien fue ministro durante la presidencia de Sarkozy y tuvo que dimitir por su implicación en el caso Bettencourt, está imputado por haber recibido a comienzos de 2007 dinero en efectivo de la multimillonaria y de su esposo André (ahora fallecido).

Se sospecha que ese dinero debía servir para ayudar a la victoria en las elecciones presidenciales de ese año del que era en ese momento ministro del Interior.

La contable que tenían entonces los Bettencourt, Claire Thibout, ha declarado que el gestor de la fortuna de esta pareja, Patrice de Maistre (igualmente acusado), fue el que entregó el dinero a Woerth.

Otros testimonios recogidos en la fase de instrucción hablan de visitas del propio Sarkozy al palacete de los Bettencourt en Neuilly, una ciudad limítrofe con París con una de las mayores rentas per cápita del país y de la que el expresidente fue alcalde.

Anticipándose a posibles iniciativas de la Justicia ante el fin de su inmunidad, el anterior jefe del Estado había encargado a sus abogados que pusieran en manos del juez sus agendas para que pudiera comprobar que no había traza de visitas sospechosas a esa familia de millonarios.

Herzog, además de calificar estos registros de “justicia espectáculo”, avanzó que van a demostrarse como “actos inútiles“ porque en las agendas que ha podido analizar el instructor queda clara “la imposibilidad absoluta” de esos desplazamientos, más allá de uno que él mismo reconoció y que tuvo lugar el 24 de febrero de 2007.

Por otro lado, ayer fue imputada la anterior juez que llevó el caso Isabelle Prévost-Desprez por haber violado el secreto de instrucción, a la vista de la publicación inmediata en “Le Monde” de detalles de un registro en el domicilio de los Bettencourt en septiembre de 2010.

La propia Liliane Bettencourt se había querellado contra Prévost-Desprez, quien había escrito un libro con uno de los periodistas del rotativo que han seguido este “culebrón“ político-judicial.

Una historia que surgió por las diferencias familiares entre la octogenaria millonaria y su hija, Françoise Bettencourt Meyers, y derivó en un posible escándalo de financiación política ilegal.

El nombre de Sarkozy aparece también en otras instrucciones judiciales sobre financiación ilegal, la primera referida a la campaña presidencial de Edouard Balladur en 1995 a través de presuntas comisiones de contratos de armas con Pakistán que salieron a la luz con un atentado en Karachi contra ingenieros y técnicos franceses que trabajaban en la fabricación de submarinos.

El otro caso tiene que ver con las alegaciones de un antiguo hombre próximo al derrocado líder libio Muamar Gadafi, según las cuales el exmandatario africano pagó 50 millones de euros para que Sarkozy llegara a la presidencia de Francia.

EFE