Los fiscales Hernández y Jiménez se hicieron de evidencias sobre la fallida licitación de armas y la recopilación de información "sobre personas fuera de las previsiones legales". Apuro de funcionarios salientes por triturar documentación. Silencio en Gobierno y redefinición del equipo de Seguridad.

El diputado radical sostiene que la información que recopilaba Sain era utilizada para extorsionar a empresarios y a dirigentes políticos.