Túnez vota en unos comicios legislativos boicoteados por la oposición, que rechaza las reformas introducidas por el actual presidente, Kais Saied.
Los comicios se realizan bajo una nueva ley que incorpora una serie de reformas, como la sustitución de los partidos políticos por candidaturas uninominales, la eliminación del principio de paridad de género y la reducción del número de circunscripciones.
Túnez vota en unos comicios legislativos boicoteados por la oposición, que rechaza las reformas introducidas por el actual presidente, Kais Saied.
El mandatario el año pasado disolvió el Parlamento y convocó elecciones bajo una nueva ley electoral.
"Que la soberanía sea para el pueblo tunecino, para lograr la libertad y la dignidad, y que el próximo Parlamento promulgue leyes que expresen los deseos y aspiraciones de gloria, dignidad y libertad del pueblo", expresó tras depositar su voto.
La mayoría de partidos políticos boicotearon estas elecciones, incluido el movimiento de inspiración islamista Ennahdha, enemigo del presidente, que dominaba el Parlamento disuelto.
Según el órgano electoral tunecino (ISIE), en las primeras dos horas desde la apertura de los centros de votación, había votado casi un 3% de los más de 9,1 millones de personas habilitadas para hacerlo.
Estas elecciones se realizan bajo una nueva ley que incorpora una serie de reformas, como la sustitución de los partidos políticos por candidaturas uninominales, la eliminación del principio de paridad de género y la reducción del número de circunscripciones.
Los comicios completan la hoja de ruta que trazó el mandatario el 25 de julio de 2021, cuando decretó el estado de excepción y se arrogó plenos poderes para rectificar la transición democrática iniciada en 2011, tras el estallido social que dio inicio a una ola de manifestaciones en varios países conocida como la Primavera Árabe.
La nueva Cámara de 161 diputados reemplazará a la congelada por Saied, pero contará con restricciones tras la adopción de una nueva Constitución en un referendo en el que solo participó el 30% de la población.
Los diputados no podrán destituir al presidente y les será prácticamente imposible censurar al Gobierno. Además, el jefe de Estado dispondrá de prioridad para hacer aprobar sus leyes.
El boicot planteado por la oposición dio como resultado una campaña fría, casi sin propaganda ni debates serios y un escaso interés de la población, mucho más preocupada por el deterioro de sus condiciones de vida.
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