La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia cerrará el ejercicio 2021 con un déficit del orden de los 37 mil millones de pesos. El rojo previsional se acrecienta progresivamente en Santa Fe con el correr de los años. La secuencia es preocupante y explosiva: en 2019, el resultado negativo del organismo había sido de 13.500 millones de pesos; en 2020, de 22.500 millones. Para el año que concluye, en tanto, se había estimado un déficit de 33.000 millones pero nuevamente, la proyección terminó siendo superada por la realidad. Según datos oficiales a los que accedió El Litoral, el año terminará con un saldo negativo de más de 37 mil millones de pesos. Y se descuenta que para el 2022, la cifra superará ampliamente los 40 mil millones.
El déficit es multicausal; la inflación que impacta en los salarios de los activos y redunda en políticas de aumentos que luego se trasladan a los haberes de los pasivos; y las condiciones ventajosas (edad, aportes…) que ofrece el sistema para que cada vez sean más los santafesinos que eligen jubilarse con el sistema provincial.
La gestión de Omar Perotti arrancó hace dos años con la expectativa de introducir cambios al sistema, o al menos, de instalar la discusión. Así lo había planteado el por entonces ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo. En declaraciones periodísticas, el funcionario reclamaba una "mirada madura y responsable" sobre el tema. "Si nosotros no tomamos la decisión de hacer las modificaciones que sean requeridas para poder financiar a los pasivos de la provincia, algún día esto va a explotar y nos vamos a encontrar con un agujero negro. Es uno de los temas que hay que poner sobre la mesa, hablar con toda sinceridad y ponerse a trabajar pensando que va a haber que hacer modificaciones para que la Caja se autofinancie. No podemos dejar que esto se mantenga así, con la inercia que trae y sin hacer ningún cambio. Estamos, como se dice a veces metafóricamente, jugando a los naipes en el Titanic. Podrá tardar uno, dos o tres años en hundirse, pero no hay ninguna duda de para qué lado va", había planteado. Pero Borgonovo terminó renunciando al cargo a menos de cumplirse un año del mandato, y mucho antes, la coyuntura de pandemia desplazó cualquier otro tipo de discusión.
En estos dos años, la problemática no derivó en ningún proyecto concreto que intentase introducir cambios al sistema. Sí se avanzó con Nación en la firma de los acuerdos respectivos para que Ansess financie parte de ese déficit.
Si el déficit es un problema, también lo es la grieta que cada vez se profundiza más entre los dos extremos de la escala de las jubilaciones que se pagan. Ello atenta contra la solidaridad que el sistema debería garantizar.
Según datos oficiales corroborados por El Litoral, el haber mínimo en la provincia desde este mes es de 31.271 pesos, mientras que la máxima se ubica desde noviembre pasado en 1.163.360 pesos. Dicho tope, que perciben un puñado de ex funcionarios judiciales, se obtiene calculando el equivalente al 80% del sueldo del presidente de la Corte con treinta años de servicio. Ello, con la salvedad de que los ingresos del Poder Judicial santafesino no se fijan por paritaria sino a través de la denominada "Ley de Enganche". Por dicha norma, resulta ser la Corte Nacional la que determina los salarios de los magistrados y empleados judiciales santafesinos. Así, los aumentos que se fijan por el máximo tribunal se trasladan automáticamente y sin discusión a los sueldos de los judiciales de la provincia.
La distancia oceánica entre haber mínimo y máximo se profundizó en los últimos años. En paralelo, se agudizó la falta de equidad dentro del propio sistema, y la distorsión respecto de los ingresos de las máximas autoridades de otros poderes del Estado. En cuanto al desajuste interno, los criterios internacionales establecen que para que un sistema previsional sea justo, debe pagar un haber máximo que represente diez o – en el peor de los casos- quince veces la mínima. En 2014, la relación indicaba que en la provincia, una máxima representaba 18 mínimas. En la actualidad, con los valores vigentes, el haber de un jubilado que cobra el tope equivale a 38 haberes mínimos. Un tope que se disparó, y un desequilibrio que se profundizó.