Acuerdos revisa un expediente que ya cumplió dos años
Caso Perona: legisladores reflotan denuncia contra fiscal de Rafaela
Vuelve a la agenda de la comisión bicameral la acusación de inacción que pesa sobre un integrante del MPA, entre 2017 y 2020, respecto de las ruletas del llamado "Rey del juego" ilegal, fallecido ese año por Covid.
David Alejandro Perona murió en noviembre de 2020. Había caído preso por apuestas clandestinas a principios de agosto. Unos días después senadores del PJ presentaron una denuncia contra el fiscal Martín Castellano por no prestarle atención a una denuncia de tres años atrás.
La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, en el marco de una tensa reunión, tomó la decisión de pedir un expediente de 2020 que señala a un fiscal de la ciudad de Rafaela, por no haberse ocupado de una denuncia sobre el juego ilegal en la cabecera del departamento Castellanos.
Aquella acusación, que pronto cumplirá dos años, fue presentada por el bloque de senadores del Nuevo Espacio Santafesino (Nes) contra el fiscal Martín Castellano por no haber avanzado con una denuncia contra David Alejandro Perona, que por entonces ya había caído preso por su negocio de apuestas clandestinas. Crónicas periodísticas y fotografías de aquellos días mostraban paredes rafaelinas con pintadas que hablaban de los "Casinos Perona". La denuncia sin avances era de 2017.
Senadores y diputados provinciales tienen la potestad legal de revisar la conducta de fiscales y defensores públicos y es la comisión bicameral mencionada la que define si se aboca o no a esa labor, ante denuncias que -en el caso de los fiscales- en general provienen del propio MPA con la firma de la auditora general, María Cecilia Vranicich.
El caso de Castellano es diferente. Fue la bancada que conduce el senador Armando Traferri (PJ-Nes-Castellanos) quien presentó la acusación. Unas pocas semanas después, el jefe del bloque de senadores Juan Domingo Perón ya era parte de las investigaciones de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, en el marco de otra causa originada en Rosario tras la detención y separación de sus cargos de dos fiscales (también de esa ciudad) que fueron sorprendidos cobrando coimas de otro empresario del juego ilegal.
Pasando en limpio. Hoy, en resumen, están libres tanto quien pagó como quienes cobraron esas coimas en dólares por un acuerdo judicial de los tres involucrados en colaborar con el avance de la causa: Leonardo Peiti en el primer caso, y los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad en el segundo.
En la reunión de este miércoles 27 de la Comisión de Acuerdos se tomaron dos decisiones fuertes. Por una parte se pidió el expediente sobre Castellano (habrá que ver aún si hay o no abocamiento) y por otra -tal como informó El Litoral- se pasaron al archivo las acusaciones del senador Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo) contra sus acusadores, es decir, los fiscales Edery y Schiappa Pietra.
Es curioso. Entre agosto y diciembre de 2020 la política santafesina vivió bajo una fuerte repercusión pública el pedido de desafuero de Traferri (negado por mayoría especial por el Senado) y también las duras críticas a Castellano por uno de los dos bloques del peronismo que tiene la mayoría en la Cámara alta provincial.
Ahora, con votos que en su mayoría provienen de diputados y senadores opositores, no habrá ninguna revisión legislativa sobre cómo se construyó la acusación contra Traferri (sus escritos describen procedimientos ilegales por parte de los fiscales) y, por otra parte, se reflota un expediente que involucra además de la actuación de un fiscal, a una ciudad de peso simbólico insoslayable.
A puertas cerradas
En la misma sesión de la Comisión de Acuerdos, llamó la atención de los cronistas parlamentarios la pronta salida de los asesores de los legisladores e incluso de los empleados que tienen a su cargo la confección de actas, pasadas las 10.30.
Ese fue el momento de mayor tensión entre los legisladores. Se dice que hubo munición gruesa, sin testigos y con una novedad política: ahora sí, la línea divisoria de las posiciones dentro de Acuerdos la marcan oficialistas de un lado y opositores del otro.
Fuera de agenda se tomaron las dos decisiones fuertes: no estudiar los planteos de Traferri contra los fiscales Edery y Schiappa Pietra y, por otra parte, observar con detenimiento las acusaciones contra Castellano. Se dice que habrá que leer el acta de la reunión para ver hasta dónde se ha llegado, en ambos casos.
Es que, por una parte, se clausuran las quejas del senador sobre quienes pidieron quitarle sus fueros (desde el uso indebido de información de carácter privado hasta la tergiversación de datos, pasando por el uso de idénticas pruebas para acusar a distintas personas), pero no está claro qué se hará con un informe llegado de un juzgado federal de Chaco, donde un preso por narcotráfico dice ser "informante" y que ha "colaborado" con investigaciones sobre las bandas en el sur de Santa Fe con el fiscal Edery. Lo sostuvo al ser detenido por la Prefectura y ante un juez.
Todo indica que el informe de la justicia federal está en un expediente distinto de los escritos que había llevado Traferri, que seguramente por estas horas consultará a sus abogados sobre qué hacer con sus escritos (ir o no a la justicia ordinaria).
Además, en el caso de Castellano, es importante saber si el acta en cuestión incluye o no la palabra "abocamiento". Los protagonistas de la reunión dicen que no, pero está claro que hay voluntad política para reflotar (ahora con gran fervor opositor) aquella denuncia de 2020, cuando el Nes parecía devolverle atenciones a la Casa Gris sobre los presuntos vínculos entre la política y los dineros que aportaría el juego ilegal para poder funcionar, una vieja sospecha que -pese los fuertes titulares de estos dos años- ya no tiene gente tras las rejas.
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