Una nueva ley europea contra la deforestación pone en jaque a las exportaciones argentinas

El 1 de enero de 2025 entrará en vigencia el Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), una medida clave para frenar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad en el mundo.

Esta ley, sancionada por el Parlamento Europeo en 2023, afectará a las exportaciones de productos agrícolas y derivados de países como la Argentina, que deberán demostrar que sus productos no han contribuido a la deforestación después del 31 de diciembre de 2020.

El EUDR se aplicará inicialmente a productos como carne, soja, madera, cacao, caucho, café y aceite de palma, junto a sus derivados, como el chocolate o los muebles. Cualquier empresa que desee vender estos productos en la Unión Europea deberá garantizar que provienen de tierras que no hayan sufrido deforestación ni degradación forestal reciente.

Argentina, junto con Brasil, solicitó a la Comisión Europea que se retrase la implementación de esta ley, argumentando las dificultades operativas que implicaría para los productores y exportadores cumplir con estas normativas. Hasta el momento, la Unión Europea no ha dado indicios de que acceda a este pedido.

Para Mariano Spitale, director de Servicios ESG en KPMG Argentina, el impacto de esta normativa será profundo: "La EUDR es parte de una serie de medidas del Green Deal europeo, que busca establecer estándares más rigurosos en la sostenibilidad. Esta ley afectará directamente a las economías productoras de materias primas en América Latina, exigiendo a las empresas garantizar la trazabilidad de sus productos y cumplir con normas ambientales más estrictas", explicó.

Romina Bracco, socia líder en Governance, Risk and Compliance Services (GRCS) y Servicios ESG en KPMG, también se refirió a los desafíos que enfrentan los exportadores, "las empresas deberán adoptar nuevas tecnologías para la trazabilidad y mejorar sus procesos productivos si desean seguir operando en este mercado clave. Será necesario generar alianzas en la cadena de valor para adaptarse a las nuevas exigencias", señaló.

Sanciones

Las sanciones para las empresas que no cumplan con la normativa incluyen multas de hasta el 4% del volumen de negocios neto, la prohibición de actividades comerciales en la Unión Europea y el decomiso de productos e ingresos.

Además, las empresas estarán obligadas a presentar declaraciones anuales que demuestren que sus productos cumplen con los requisitos del EUDR, a través de un sistema de diligencia debida que será supervisado por las autoridades europeas.

"La ley busca frenar la llamada 'deforestación importada', es decir, productos que llegan al mercado europeo desde tierras deforestadas o degradadas", explicó Spitale. Las autoridades europeas realizarán inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento, y la Comisión Europea establecerá un sistema de evaluación por país para determinar el nivel de riesgo de deforestación.

Desafío

Las empresas argentinas deberán adaptarse rápidamente a los requisitos de la EUDR si desean mantener su presencia en el mercado europeo. Esto implicará una profunda revisión de sus cadenas de suministro y la implementación de sistemas de trazabilidad para garantizar que sus productos no provienen de tierras deforestadas.

"El desafío es considerable, especialmente en un país como Argentina, donde el sector agrícola juega un rol clave en la economía", señaló Bracco. La normativa no solo afecta a los productores, sino también a toda la cadena de valor, desde los proveedores de materias primas hasta los distribuidores y exportadores.

La implementación de la EUDR representa un cambio significativo en la manera en que el comercio global interactúa con el medio ambiente. Según datos de la Comisión Europea, las importaciones hacia el continente representaron el 36% de la deforestación global entre 1992 y 2008, especialmente en lo que respecta a productos vegetales y ganaderos.

Con esta ley, se espera reducir la deforestación en más de 100.000 hectáreas de bosque por año y disminuir las emisiones de dióxido de carbono en 31,9 millones de toneladas métricas anualmente. Para la Argentina, la transición hacia una producción más sustentable no solo será un desafío, sino una oportunidad para demostrar su compromiso con la sostenibilidad.