La diputada Rosana Bellatti (PS) solicitó al gobierno información sobre el estado de situación del establecimiento socioeducativo de puertas abiertas de Venado Tuerto, institución creada durante la gestión del Frente Progresista para trabajar con personas jóvenes en conflicto con la ley y que se encuentra cerrada desde inicios de 2020. Lo hizo a través de un pedido de informes donde solicita conocer las razones por las que no está en funcionamiento; el destino del personal que allí se desempeñaba; políticas públicas implementadas desde su inactividad en materia de justicia penal juvenil y función que cumple actualmente el inmueble.
Solicitud de Rosana Bellatti
Reclamo por el cierre de un establecimiento socioeducativo en Venado Tuerto
Crédito: Archivo El Litoral 7:19
"En un contexto de inseguridad creciente, con delitos cada vez más violentos, contar con este tipo de estructura es fundamental para abordar los problemas de delincuencia juvenil y disminuir los índices de reincidencia que según estadísticas oficiales son del 70 por ciento", dijo Bellatti.
Para la legisladora, el cierre de la institución interrumpió un arduo trabajo de contención y resocialización de jóvenes en conflicto con la ley, dejando trunco un valioso programa provincial al que se había destinado gran cantidad de recursos públicos. "Lamentablemente hoy vemos con preocupación que son personas cada vez más jóvenes las que ingresan al delito. En el último tiempo, Venado Tuerto fue protagonista de reiterados hechos delictivos cometidos por menores a punta de pistola; robos, balaceras a negocios y casas particulares, incluso enfrentamientos armados en la vía pública como fue la del puente peatonal que tuvo repercusión nacional. Necesitamos trabajar urgente en estos jóvenes para cambiar la realidad de inseguridad que vivimos las y los santafesinos.
Expresó que el cierre del centro socioeducativo es grave por donde se lo analice. "Por un lado el impacto en la vida de los trabajadores que están en sus hogares sin tarea alguna asignada. Por el otro, la posibilidad arrebatada a las juventudes de permanecer en sus respectivos territorios, garantizando la cercanía con sus afectos y la continuidad en la atención por parte de los equipos técnicos del primer nivel de intervención, permitiéndoles continuar la escolaridad, aprender algún oficio, etc. Todo ello resulta fundamental para la reinserción en la vida social luego de cumplida la sanción impuesta por el Juzgado de Menores, de acuerdo a los ilícitos cometidos".
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