Tres jóvenes gitanos que estaban detenidos desde el domingo, cuando la policía los descubrió quemando cables robados, fueron imputados y condenados este miércoles, en una audiencia llevada a cabo en el subsuelo de los tribunales santafesinos.
Los detuvieron el domingo, cuando los descubrieron quemando unos 800 kilos de cable robados a Telecom. Fueron imputados y sentenciados el mismo día.
Tres jóvenes gitanos que estaban detenidos desde el domingo, cuando la policía los descubrió quemando cables robados, fueron imputados y condenados este miércoles, en una audiencia llevada a cabo en el subsuelo de los tribunales santafesinos.
La jueza Susana Luna sentenció a dos hermanos de 21 y 22 años y a un primo de estos de 19, todos de apellido Traico, quienes asumieron su responsabilidad como coautores del delito de "encubrimiento agravado por ánimo de lucro".
Previamente, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Rosana Peresín, imputó a Geremías Traico (19), Jeremías David Traico (21) y Gustavo Jesús Traico (22) por los hechos ocurridos el domingo 12 de junio, cuando se los detuvo en calle Urunday y Los Claveles de Colastiné Norte, mientras se encontraban quemando unos 800 kilos de cables, de los cuales se constató que unos 200 kilos pertenecían a la empresa Telecom, y habrían sido sustraídos en 2020.
Los acusados, dos de los cuales -Jeremías David T. y Gustavo Jesús T.- son hermanos y el tercero -Geremías T.- es primo de ambos, contaron con la asistencia de la abogada particular, Natalia Giordano, quien también suscribió el acta de acuerdo. Los tres declararon que se dedican a la compra venta de chatarras.
La sentencia implica una pena de 3 años de prisión de ejecución en suspenso y reglas de conducta por el mismo lapso, consistentes en: fijar domicilio en Colastiné Norte; la prohibición de acercamiento a la zona de terraplén y los bañados de camino a la Setúbal, donde fueron detenidos; así como una restricción para el consumo de alcohol y drogas y el uso de armas, entre otras.
Por otra parte, la sentencia incluyó una sanción económica, consistente en una multa de $ 30.000 cada uno, que ya fue abonada y tiene como destino las arcas del Ministerio Público de la Acusación.
Además, fue notificada la empresa damnificada, que ya prestó su conformidad y consentimiento; en tanto la defensa adhirió y ratificó los términos del acuerdo desarrollado por la fiscalía.
A modo de fundamentación, la fiscal basó el monto de la pena en que se trata de tres personas jóvenes, sin antecedentes penales, y con familia a cargo (los tres manifestaron tener uno o más hijos).
Por su parte la jueza Luna declaró admisible el acuerdo y ordenó la inmediata libertad tras el dictado de la sentencia.
Cabe destacar que dos días después de las detenciones, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Santa Fe realizó un segundo allanamiento, donde fueron aprendidas otras 4 personas, y se secuestraron otros 400 kilos de cobre extraído de cables. En la ocasión también se secuestraron camionetas y vehículos de alta gama; además de armas de fuego.
Por último, se le dio intervención a la sección antifraude de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para que realice las desconexiones ilegales de las que tomaban el suministro para el campamento.
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