María Altagracia Henríquez Mota, una mujer oriunda de República Dominicana de 52 años que estaba acusada de cometer graves delitos vinculados a la trata de personas en la ciudad de Rafaela, fue absuelta esta semana en un juicio oral que se realizó en los tribunales federales de la capital provincial.
La causa contra ella comenzó en 2019, cuando se pidió su captura nacional e internacional. Se mantuvo prófuga por más de tres años y las autoridades llegaron a ofrecer una recompensa de tres millones de pesos por algún dato que lleve a su arresto. La mujer finalmente fue detenida por la Policía Federal a principios de este año, en San Nicolás de Los Arroyos, ciudad de la provincia de Buenos Aires.
Mirá tambiénBuscada por la justicia: la prófuga habría sido "recaudadora" de un prostíbulo en RafaelaLos investigadores la acusaban de ser cómplice de José Luis Vega, un conocido proxeneta que fue condenado en 2021. Este sujeto fue enviado a la cárcel de Marcos Paz, para cumplir una pena por "explotación económica del ejercicio de la prostitución, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas".
En ese momento, la hipótesis de la fiscalía era que Henríquez Mota se había beneficiado económicamente en un "prostíbulo" de la ciudad de Rafaela que fue allanado simultáneamente por la Gendarmería, en los años 2018 y 2019. En ese edificio, ella había acogido a varias mujeres, entre las que figuraban sus propias hijas.
Mirá tambiénIndagaron a la dominicana acusada de explotar sexualmente a sus hijasDurante el juicio, presidido por el juez José María Escobar Cello (secretario autorizante, Dr. Juan Martín Vallejos), la acusada decidió declarar, relatar su versión de la historia y responder a las preguntas del fiscal Martín Suárez Faisal.
La mujer contó cómo emigró a nuestro país, cuáles eran sus expectativas y las circunstancias que encontró. También relató que sufrió situaciones difíciles, momentos de inseguridad e incertidumbre y cómo trabajó para comprar la casa donde habitaban sus hijas.
Ante las consultas del funcionario del Ministerio Público, María Altagracia explicó que nadie les cobraba a las mujeres que pasaron por allí, que no estaban privadas de su libertad y que sólo compartían los gastos habituales de vivienda y alimento.
Estos datos coinciden con las declaraciones que se obtuvieron de las presuntas víctimas durante la etapa de instrucción.
Al momento de los alegatos, el fiscal se abstuvo de formular acusación, solicitó la absolución de la imputada y su inmediata libertad. Suárez Faisal hizo hincapié en la situación de vulnerabilidad de la imputada, en su condición de mujer, madre, migrante, desocupada, pobre, desarraigada. También remarcó que había dejado su país escapando de un contexto difícil, eventualmente atravesado por situaciones de violencia de género.
El abogado defensor Miguel Ángel Arzagot coincidió con el alegato del fiscal.
Por último, el juez Escobar Cello dictó su sentencia y absolvió de culpa y cargo a la mujer. Además, ordenó su inmediata libertad (llegó al proceso oral en prisión preventiva, encerrada en la penitenciaría de Ezeiza).
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