Indagaron al ex rector de la UAI Rosario
El Ministerio de Educación mantiene suspendidas las evaluaciones. La policía allanó dos locales de la institución en procura de un libro que no se halló.
Rosario (C).- El diferendo que mantiene en vilo el porvenir académico de cuatro mil alumnos de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) de Rosario se alimentó ayer con dos novedades judiciales: un allanamiento de dos inmuebles de la entidad, de donde se incautaron de cajas con carpetas, documentos y legajos de estudiantes, por un lado, y la indagatoria del ex rector de la sede local, Julio De Hoop, quien puede llegar a quedar imputado de defraudación contra la universidad y los estudiantes, por otro.
Estas medidas se complementan con las dictadas el 28 de febrero pasado por el juez de Instrucción Juan José Pazos, quien había ordenado a la casa de estudios la entrega de libros con actas de exámenes a fin de verificar si, a pesar de la suspensión de evaluaciones ordenada por el Ministerio de Educación de la Nación, se siguieron constituyendo mesas examinadoras.
El diferendo quedó planteado a principios de febrero a raíz de que las autoridades porteñas de la entidad rescindieron el contrato que tenían con el representante local. El 9 de febrero el rector de la UAI, Edgardo De Vincenzi, dejó sin efecto el contrato con la filial rosarina.
La razón por la cual se canceló ese polémico contrato fue una denuncia del delegado local de la UAI, Julio De Hoop, contra las autoridades porteñas. De Hoop alega que la UAI con sede en Buenos Aires incumplió una cláusula que la obligaba a no abrir nuevas sedes en un radio de 150 kilómetros de distancia. Pese a eso, la sede central abrió una filial en la ciudad de Santa Fe. Por esta razón las autoridades rosarinas retuvieron el pago de un porcentaje del canon que debía pagarse a la central porteña. Eso terminó con el relevo de De Hoop.
El removido rector de la UAI fue indagado ayer a la mañana por el juez Pazos, a quien relató su versión del conflicto sin aportar, según fuentes judiciales, nada relevante al expediente. El ex funcionario debía explicar por qué no entregó la documentación académica -fundamentalmente el libro de actas de exámenes, indispensable para el normal desenvolvimiento académico- requerida por las autoridades.
La acusación inicial contra De Hoop era, por ese motivo, retención indebida de documentos. Pero ahora podría virar a defraudación en perjuicio de la UAI.
En los primeros minutos del martes la Brigada de Investigaciones de Rosario allanó dos locales céntricos donde secuestró carpetas y documental. Pero el libro de actas de los exámenes no fue localizado.
A mediados de febrero, el secretario de Educación Superior de la cartera nacional, Juan Carlos Gottifredi, señaló a través de su asesor jurídico que si en la UAI de Rosario seguían tomándose exámenes, las actas correspondientes no alcanzarían reconocimiento de la cartera nacional. Los exámenes, en efecto, están suspendidos por esa cartera. No obstante, el rector De Vincenzi desafió la disposición: indicó que la actividad en la entidad que dirige "se desarrolla dentro del marco legal y lo que fija el Ministerio" en la sede ubicada en Pellegrini 1816.
La UAI fue autorizada por el ex jefe de Gabinete de Carlos Menem -también ex titular de Educación- Jorge Rodríguez, en 1995. Funciona en Rosario hace cinco años, mediante un convenio de concesión con una asociación civil que fija como contraprestación mensual un 15% de lo facturado por cuotas estudiantiles a la casa central.
El senador Ariel Brunetti (PJ), ante las irregularidades denunciadas en el funcionamiento de la sucursal Rosario de la Universidad Abierta Interamericana, logró la aprobación de un pedido de informes que busca aclarar la situación en la que están los miles de estudiantes inscriptos en ella.
El legislador señala "el interés legítimo de conocer cuál es la real situación de la entidad con sede central en Buenos Aires, pero que en Rosario cuenta con 4.000 estudiantes, la mayoría de ellos de los departamentos del sur".
Reclama al Poder Ejecutivo que interceda ante las autoridades nacionales de Educación para que en forma "clara, concreta y rápida informen a la población de Santa Fe, la situación en que se encuentra el instituto y cuál es el alcance de las medidas que lo afectan".