Denuncian vaciamiento en la Dirección del Menor
Afirman que el Estado carece de políticas para menores en riesgo. 360 empleados firmaron un duro documento sobre cómo se abandonaron todos los programas comunitarios de contención o preventivos. Advierten que todo el esfuerzo se limita a dar de comer.
En carácter de autoconvocados, desde el año pasado, el personal de carrera de la Dirección Provincial del Menor, la Mujer y su Familia mantiene reuniones porque sostiene que el Estado -a grandes rasgos- limita su acción sobre los niños y adolescentes en riesgo a proveerles alimentos y mantener la red de hogares para quienes han cometido delitos.
Según los empleados -la mayoría técnicos especializados en el área social de reconocida experiencia- la actual gestión decidió dejar de lado programas de contención y prevención sin reemplazarlos por ninguna otra iniciativa desde el sector público.
En su visión, mientras crecen las estadísticas y los hechos que a diario muestran un incremento de los delitos de los adolescentes, la promoción comunitaria es apenas asistencialismo, y del más elemental: dar de comer, en turnos rápidos, con menos presupuesto que el necesario y sin el menor seguimiento comunitario de los menores en riesgo.
Dando su nombre, apellido y número de documento los autoconvocados han emitido una fuerte petición ante las autoridades políticas firmada por 360 empleados que se desempeñan en la zona centro y norte de la provincia.
Lo que se sostiene es grave: toda la actividad de prevención y promoción de los sectores de la infancia y la adolescencia más desprotegidos y con alto riesgo de caer en el delito, desde la actividad oficial, han sido abandonadas a su suerte desde que comenzó el actual gobierno.
"Desmantelamiento"
"La política de la Secretaría de Promoción Comunitaria ha sido la de desmantelar la Dirección Provincial del Menor, con la excusa de crear las llamadas Unidades Barriales; pero las personas que allí se desempeñan viven la misma situación que la Dirección y tampoco cuentan con directivas claras de trabajo, ni políticas definidas", sostienen.
"Lo que nos unió a todos, y por eso asumimos la responsabilidad de hacer público lo que ocurre, es la abulia, la indiferencia y el desinterés que existe en las autoridades que deben tomar decisiones", dijeron.
El texto en cuestión no puede ser confundido con una reivindicación sectorial o gremial, y fue cursado al gobernador Carlos Reuteamnn, a la secretaria de Estado de Promoción Comunitaria, Roxana Latorre; la directora Provincial del Menor y la Familia, Liliana Arias; los jueces de Menores; legisladores de ambas Cámaras; los colegios profesionales y las organizaciones no gubernamentales.
"Deberíamos ocuparnos desde la prevención y la protección del niño, la mujer y su familia, según el ampuloso título del área. Pero, entre la forma como se ha quitado personal a la dirección y la ausencia de recursos para los programas comunitarios, la tarea no se cumple o se la hace en forma muy limitada, casi testimonial", graficaron.
Actuar antes del primer delito
Explicaron que todos los programas que estaban en funcionamiento hasta el recambio de autoridades quedaron sin ningún apoyo económico. Se desactivaron programas y proyectos en todas las instancias posibles, que el sector público disponía antes de la etapa más difícil en cada niño, para revertir una situación: la represiva, que consiste en la internación en los Hogares.
Mencionaron que han quedado en el olvido los fondos para guardas, familias sustitutas, pequeños hogares, becas de capacitación a menores, y los demás programas alternativos a la internación, una vez que el menor ha delinquido.
En los dos últimos años de la dirección, han dejado de prestar sus servicios 130 personas y la respuesta a esta situación ha sido la creación de los Pass, los Programas de Ayuda Solidaria, por los que se pagan unos cien pesos a personas en estado de desesperante marginalidad para ocuparse de tareas que antes desarrollaban profesionales.
"Es obvio que la tarea social del Estado no puede reducirse a proveer de comida y que ningún tipo de seguimiento, pautas de superación o tarea comunitaria puede ser desarrollada sin la debida capacitación. Los beneficiarios de los Pass deben hacer 15 horas semanales para ayuda social; hay instituciones que a duras penas funcionan con esas personas", destacan.
El Estado emigra y el delito crece
A continuación se reproducen algunos testimonios recogidos por El Litoral entre quienes a diario conviven con una realidad doblemente apremiante: trabajan sobre los problemas sociales más graves y con una carencia de recursos alarmante.
Se trata de personal de carrera de la Dirección del Menor que -con más de 20 años de trabajo- ve que se "desmantela" toda la actividad oficial destinada a la prevención.
Beccani pide convocar a Latorre
El senador Alberto Beccani solicitó convocar a la secretaria de Promoción Comunitaria, Roxana Latorre, para que exponga la situación del área del menor, la mujer y la familia para el jueves 26 del corriente.
El legislador radical por el departamento Rosario basó la solicitud en un documento de carácter público, emitido por personal de la administración central de dicha área, directores y personal de hogares y centros de atención familiar, quienes denuncian "la inexistencia de una política de Estado para con un sector muy desprotegido de la sociedad".
Documento
Los principales puntos reclamados en el documento público comienzan recordando la "obligatoriedad del Estado, al cumplimiento de normas internacionales, nacionales y provinciales para la protección, promoción y asistencia social de los menores y familias en riesgo social".
