Denuncia contra ex funcionarios
Kohan, Gostanián, Anzorreguy y Hernández en la mira, por supuesto enriquecimiento ilícito. También un arquitecto contratista del Estado.
Los ex funcionarios menemistas Alberto Kohan, Armando Gostanián, Ramón Hernández, Hugo Anzorreguy y Alberto Rossi fueron denunciados ante la Justicia Federal por el presunto delito de "enriquecimiento ilícito".
La denuncia recayó en el juzgado número cinco, a cargo del magistrado Gabriel Cavallo, y fue presentada por el abogado radical Juan Carlos Iglesias.
Sobre Kohan, la denuncia destaca que antes de ingresar a la función pública "era un hombre sin fortuna", en tanto que ahora posee una mansión cuyo "costo es superior al millón y medio de pesos", además de "otros bienes y fortuna personal, que le permiten mantener un nivel de vida elevadísimo".
Además de proponer que también se investigue a su esposa, Marta Franco, la presentación destaca que Kohan "pertenece a un famoso club internacional de caza mayor", del que también forman parte los ex ministros de la última dictadura José Alfredo Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy.
Incremento vertiginoso
En cuanto a Gostanián -propietario de la quinta de Don Torcuato donde el ex presidente Menem cumple su arresto domiciliario- si bien lo considera un "hombre de fortuna personal", señala que "en los últimos años la misma se incrementó de un modo inusual".
El secretario privado de Menem, Ramón Hernández, pasó -según el texto de la presentación- "de condiciones modestas de vida a tener un alto nivel empresario, ajeno a su actividad inicial", y "su patrimonio, por lo que trascendió, no guarda relación con los ingresos propios de un secretario del presidente". La denuncia le atribuye un inmueble "ubicado en un barrio muy lujoso de Miami, Estados Unidos, que sobresale por su valor y lujo", y sospecha que los bienes que "figuran a su nombre en realidad pertenecen al patrimonio de otra persona".
La denuncia también avanza sobre la situación del ex titular de la Side, Anzorreguy: "Se considera que posee varios inmuebles valiosísimos, tanto en esta capital como en Córdoba, Entre Ríos y Corrientes, amén de otros bienes".
"Los gastos reservados sobre los que según una opinión generalizada no había control por parte del Estado no pueden integrar su patrimonio, bajo concepto alguno", señala el escrito, al aludir al manejo de dinero de la oficina de inteligencia del Estado.
Arquitecto del poder
En cuanto a Alberto Rossi, la denuncia lo define como "un funcionario profesional del gobierno de Carlos Menem" que "tuvo el manejo compartido en sociedad del Bingo Lavalle", junto con -siempre según el texto- Ramón Hernández, con quien terminó "peleándose".
A Rossi se le imputa que, en su calidad de arquitecto, tuvo a su cargo entre 1992 y 1996 la remodelación de la quinta de Olivos.
"Se devoró 12.036.000 del presupuesto nacional. Se acondicionó la pileta, el quincho, la cancha de golf, el minizoológico y el microcine. Por los bolsillos de Rossi pasó parte de la construcción de la casa La Rosadita, en Anillaco", puntualiza la denuncia, basándose en un libro de la periodista Olga Wornat.
