Rosario (C).- Un funcionario judicial ofreció testigos y documentación tendiente a individualizar a los policías que mataron a dos personas con balas de plomo el 19 de diciembre pasado, cuando la ola de violencia que sacó del poder a Fernando de la Rúa estremecía Rosario. La denuncia, elevada a una fiscalía penal, se asienta en la grave sospecha de que esas muertes no fueron consecuencia de operativos policiales defensivos sino de ejecuciones contra personas desarmadas, consecuencia de acciones selectivas cometidas por uniformados. Esto significaría una acusación de homicidio simple. Un delito que conlleva penas de 8 a 25 años de prisión.

Eso es demostrable, según la presentación, por los testimonios de al menos tres personas que vieron las incidencias de ambos casos y las describieron en vivo y en directo. Estos testigos son dos periodistas radiales y una tercera persona que narró uno de los sucesos también por radio. Todos ellos serían citados a declarar.

Quien pide la investigación, Daniel Papalardo, no es un ciudadano común. Es nada menos que el secretario penal del Juzgado de Menores N� 2 de los Tribunales de Rosario. Este funcionario solicitó la citación de tres testigos y la incautación de las cintas de un programa vespertino de la emisora LT8. Papalardo se movilizó por dos razones. La primera es que aquella convulsiva jornada él mismo escuchó por LT8 los relatos que daban cuenta de los ataques a esas dos personas en el preciso momento en que éstos ocurrían. La segunda es que en las causas de ambas muertes no están identificados los autores de los disparos, por lo que esos expedientes, si no se individualiza a esos responsables, serán reservados o directamente archivados.

Los casos que refirió Papalardo son las muertes de Graciela Acosta, que fue baleada en Villa Gobernador Gálvez (VGG), y la de Claudio Delgado, que corrió igual suerte en Necochea y Pasco, en Rosario. Ambos murieron atravesados por proyectiles de pistolas calibre 9 milímetros. Los relatos indican que Acosta, de 35 años, fue baleada por un policía de la comisaría 29. Y Delgado, de 24, por un efectivo de la comisaría 4.

En el caso de VGG, Papalardo describe en su denuncia el escalofriante relato del periodista Marcelo Nocetti, de LT8. Apostado en la puerta del supermercado La Gallega, el cronista dio cuenta de un ataque con perdigonadas de posta de goma contra gente que pedía alimentos. "El periodista empieza a ponerse nervioso y, como si conociera a uno de los policías, dice: `Pará, qué hacés, estás tirando con balas de verdad'. Y se escucha esta respuesta: `Si a estos negros no le tiramos con balas de verdad nos pasan por arriba'. Todo esto se emitió al aire en el programa `Sin Límites' y por eso yo reclamo que se secuestren las cintas", subrayó el funcionario judicial.

En esas alternativas Graciela Acosta recibió un balazo. El periodista Nocetti estaba cerca de ella y siguió la narración con estupor y la voz entrecortada. Papalardo reporta un sobrecogedor pasaje que reportó el cronista. "Comenta que alguien le pidió a la gente congregada en el supermercado que no rompieran nada, que les iban a entregar alimentos. Los hombres mandaron a las mujeres a recibirlos. Cuando ellas están entrando, desde el interior sale la policía y abre fuego. Acosta trata de escapar y recibe un balazo. El periodista dice `nos están tirando' y queda, muy desesperado, al lado de la mujer herida. Todo esto lo informa al aire", remarcó.

La muerte de Claudio Delgado tuvo mucho en común con la de Graciela Acosta. Delgado, según el relato de dos testigos que hablaron por LT8, fue baleado en Pasco y Necochea. Sigue Papalardo: "Según el relato radial, Delgado va a buscar alimentos hacia un camión, desde donde los habían convocado, y de atrás del camión sale la policía tirando. Fue una emboscada. Delgado, que era perseguido por un policía con una Itaka, cae al piso. Cuando esto ocurre el policía saca su arma reglamentaria y lo remata. Eso lo describen en forma coincidente un testigo de apellido Hernández al que el conductor del programa habilitó a hablar diciendo que su testimonio era confiable por ser una persona conocida de la emisora. Y también otro testigo, Quique de María, que trabaja en la sección de humor de la radio".

El periodista que conduce el programa `Sin Limites' que estaba en el estudio el 19 de diciembre, David Narciso, corroboró ayer, ante una consulta de este diario, que los relatos de la denuncia del funcionario judicial se corresponden con el contenido del programa de aquel día.

Papalardo requirió que se secuestraran las cintas del programa del 19 de noviembre. Que ubicaran al testigo de apellido Hernández. Y que se cite además como testigo a los dos trabajadores radiales: Nocetti y De María.

El funcionario judicial averiguó que Acosta era militante del Partido Comunista en Villa Gobernador Gálvez. Y sabe, por su propia competencia, que Delgado había estado preso en el penal de menores de la comisaría 4 en numerosas ocasiones.

Lo que orienta la denuncia es la presunción de que las muertes de Acosta y Delgado fueron resultado de una represión selectiva. La primera era militante y el segundo un referente de la llamada Villa de la Siberia. Lo que está claro, según el denunciante judicial, es que quienes dispararon son uniformados que revistan, respectivamente, en las comisarías 29 y 4. Lo que se desprende de la jurisdicciones respectivas de los casos y de los relatos de los testigos.

La fiscal Elida Rivoira, que recibió la denuncia de Papalardo, pidió que el contenido del escrito se adjunte a la causa 2.685, que sustancia el juez Osvaldo Barbero. Este magistrado investiga las siete muertes como resultado de la represión policial registradas en Rosario. Por uno de estos casos hay dos policías detenidos con excarcelación denegada acusados de homicidio simple.

Ayer la Cámara de Apelaciones de Rosario confirmó la prisión preventiva contra dos policías que están acusados de asesinar, el 19 de diciembre pasado, al militante social Claudio Lepratti. Los agentes Esteban Velázquez y Rubén Pérez están imputados de ejecutar a Lepratti, de 38 años, cuando se encontraba en la terraza de la escuela en la que trabajaba como cocinero, en barrio Las Flores, en la zona sur de Rosario. El juez que ordenó la prisión de los dos uniformados, Osvaldo Barbero, es el mismo que debe investigar los casos referidos en la nota central.