Buenos Aires.- Rubén Santos, el ex jefe de la Policía Federal preso por la cruenta represión en Plaza de Mayo que antecedió a la renuncia de Fernando de la Rúa, aseguró ante la jueza federal María Servini de Cubría que es un preso político y volvió a negar su responsabilidad en esa decisión en medio de un cruce verbal que mantuvo con un ex subordinado, con quien se acusaron mutuamente.

Al cumplir una semana de detención, Santos protagonizó el entredicho con el comisario mayor retirado Norberto Gaudiero, quien era director de Operaciones Metropolitanas de la Federal y también está imputado en la investigación que lleva adelante Servini de Cubría.

Sin embargo, el careo no arrojó en principio elementos como para esclarecer el caso.

Es que, por un lado, Santos dijo que fue Gaudiero quien estuvo al mando del dispositivo que dejó al menos cinco muertos en los alrededores de la Plaza de Mayo el 20 de diciembre pasado.

Y el entonces encargado de Operaciones aseguró que se limitó a cumplir las órdenes impartidas por Santos.

Fue entonces cuando Santos miró a la jueza Servini de Cubría y le dijo "mi detención es injusta, soy un preso político", contaron fuentes judiciales.

La jueza, entonces, le explicó al policía detenido que para escuchar lo que quisiera decir en ese sentido debía ampliar su indagatoria. Y Santos le pidió entonces a la magistrada que comenzara con el trámite.

Según dijeron los voceros, Santos insistió en señalar su inocencia. Y habló de la interna en la fuerza que sufrió durante toda su gestión.

Es que, de acuerdo con lo que dejaron trascender en reiteradas ocasiones fuentes cercanas a la policía, Santos siempre padeció los roces con otras áreas de la fuerza porque provenía del sector científico y no era un hombre considerado "operativo".

Al término de su declaración, cerca de las 20, la jueza dispuso el secreto de sumario en la causa, a raíz de lo cual las fuentes se mantuvieron cautelosas de adelantar los pasos que seguiría a partir de ahora la magistrada.

De hecho, Servini de Cubría debe resolver próximamente la situación procesal del ex secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov.

Y para el ex funcionario nacional los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers solicitaron su inmediata detención por considerarlo imputado en las muertes, las lesiones graves y las privaciones ilegítimas de la libertad que sufrieron los detenidos aquel jueves negro.

Por segundo día consecutivo, el comisario retirado Santos, fue trasladado este mediodía a los tribunales para declarar por la matanza previa a la retirada de Fernando de la Rúa y su gobierno.

El ex mandamás de la fuerza de seguridad fue trasladado desde las dependencias de la Policía Federal, en el barrio porteño de Palermo, a la sede judicial de avenida Comodoro Py 2002, donde arribó hacia el mediodía bajo una fuerte custodia de efectivos.

A una semana de su detención, Santos ampliará su declaración indagatoria a pedido personal suyo, luego de que ayer proclamara ante la jueza federal María Servini de Cubría que su detención es injusta y rematando después: "Soy un preso político".

También para hoy, según las fuentes judiciales, se prevé que Santos vuelva a hacer un careo con su ex subordinado y comisario mayor Norberto Gaudiero, ex director Operaciones Metropolitanas, cuando se produjo el ataque policial a manifestantes que dejó al menos cinco muertos.

Santos y Gaudiero ya se carearon ayer y mantuvieron un cruce verbal responsabilizándose mutuamente.

Es que, de acuerdo con lo que dejaron trascender en reiteradas ocasiones fuentes cercanas a la policía, Santos siempre padeció los roces con otras áreas de la fuerza porque provenía del sector científico y no era un hombre considerado operativo.

Santos había declarado en su indagatoria que entre las 15 y las 16.30, cuando tres de los cinco hombres asesinados caían baleados con perdigones de plomo de la policía, él estaba reunido con Mathov y sus colaboradores.

En la tarde del 20 de diciembre, horas antes que De la Rúa renunciara a la Presidencia, cayeron muertos los jóvenes Gustavo Benedetto, 23 años, con una bala de pistola que supuestamente partió del banco HSBC; Carlos Almirón (23), Diego Lamagna (27), Gastón Riva (31), y Alberto Márquez (57), en 9 de Julio y Sarmiento; los cuatro asesinados con escopetas.

Los investigadores quieren determinar, además, si el joven Rubén Aredes (30), que falleció horas después en un hospital municipal por herida de bala, resultó la sexta de las víctimas de aquel jueves negro, que culminó con la retirada del poder de De la Rúa y sus ministros.

Durante los saqueos, manifestaciones y protestas ocurridas en todo el país bajo el Estado de Sitio decretado por De la Rúa, durante el miércoles 19 y el jueves 20 de diciembre murieron al menos 31 personas y hubo cientos de heridos.

Por ejemplo, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, cayeron muertas las adolescentes Rosa Paniagua, de 13 años; Romina Iturain (15), así como Carlos Rodríguez (21) bajo las balas supuestamente disparadas por la policía provincial en los alrededores de dos supermercados(DyN).