Política: POLI-04

Capitán Bermúdez: la UCR se
une contra la intervención

Fuertes acusaciones contra el gobierno de la provincia. Lo responsabiliza de convalidar las condiciones para luego intervenir.


El radicalismo provincial en pleno reclamó al gobierno el "urgente" llamado a elecciones en Capitán Bermúdez, rechazó la posible intervención a la ciudad y advirtió que si se interviene el municipio llevará el caso "ante organismos nacionales e internacionales", porque "se estarían violando las normas de la democracia".

En este marco, el partido acusó al gobierno provincial de mostrar una "intención de derrocar al radicalismo del municipio bermudense".

La UCR planteó públicamente su postura con la presencia del presidente del Comité Provincia, Santiago Mascheroni, legisladores nacionales y provinciales de todos los sectores internos, el Foro de Intendentes Radicales y de dirigentes de Capitán Bermúdez.

Paralelamente y con fecha de hoy, envió una nota al gobernador Carlos Reutemann donde queda asentada esta postura y recuerda que "el 16 de enero pasado este Comité comunicaba al entonces ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez, que la acción desestabilizadora y delictiva de un grupo de militantes del partido de gobierno ponía en peligro los bienes y la seguridad de los vecinos".

Según la UCR, se produjeron "dos años de conflictos deliberadamente implementados para generar el caos, sin que la Justicia o el poder político gubernamental actuaran conforme lo requerían las circunstancias, luego de la renuncia del intendente Gerardo Carlucci -producida en febrero-".

Asimismo, la nota a Reutemann destaca que "la intención del gobierno de intervenir el municipio constituye una subversión en el orden constitucional y un apartamiento de la ley que regula la materia".

Por su parte, Fabián Varela, a quien el radicalismo considera intendente interino de aquella ciudad, envió recientemente otra nota al gobernador en la que se remarca que la Ley Orgánica de Municipalidades 2.756 "establece que en caso de renuncia -del intendente- producida hasta un año antes del término del mandato, se elegirá nuevo intendente para completar el período".

La embestida del partido también se extendió a la Cámara de Senadores de la provincia, donde los radicales Alberto Beccani, Felipe Michlig y Carlos Fascendini presentaron hoy un proyecto de comunicación solicitando al Ejecutivo que convoque "en forma inmediata" a elecciones en Capitán Bermúdez.

Como se recordará, hace algunos días el senador del departamento San Lorenzo, Jorge Monasterolo (PJ), presentó un proyecto para intervenir el municipio y las autoridades del Ejecutivo dejaron trascender que esperarán que el tema sea resuelto en la Legislatura, con mayoría peronista.

Vandalismo


Mascheroni se quejó porque "durante más de dos años se soportaron actos de vandalismos amparados en hipotéticas luchas por conquistas gremiales. Los 270 días de paro apuntaron a desestabilizar y ya le dijimos hace tiempo al gobierno que no busque excusas para luego motorizar la intervención".

"En esto -insistió- el radicalismo hace causa común. No vamos a tolerar que por una argucia legal se tumbe a un gobierno de nuestro partido. Los dirigentes gremiales y los concejales justicialistas son los responsables de tantos actos de vandalismo".

Por su parte, el bermudense Varela relató que "hace 40 días se realizó una reunión convocada por el subsecretario de Municipios, (Ricardo) Spinozzi, para intentar una negociación. Pero este funcionario sentó frente a nosotros a un empleado del municipio de apellido García, que había agredido a uno de nuestros asesores legales. Spinozzi permitió que se sentara, nos apretaron abiertamente, a tal punto que el secretario general del gremio municipal me decía `negro, la policía alguna vez se va a ir de tu casa y entonces te vamos a ir a buscar"'.

Varela dijo que el tema fue planteado ante la Suprema Corte de Justicia "porque no es serio que un subsecretario enviado por Reutemann haya permitido que seamos amenazados de muerte".

La diputada nacional Lilia Puig de Subrin planteó que "si se interviene Capitán Bermúdez, el radicalismo estaría en condiciones de pedir la intervención federal a la provincia, porque acá no se respetan las leyes como la Ley Orgánica de Municipalidades".

Entre otros, también estuvieron presentes en esta conferencia los legisladores nacionales Hugo Storero y Carlos Iparraguirre, los legisladores provinciales Alicia Tate, Angel D'Ambrosio, Martín Alvarez, Julio Molinas y Carlos Fascendini.

La Festram respalda


Su reclamo a la intervención de la Municipalidad de Capitán Bermúdez reiteró la Federación de Municipales, pedida en audiencia al gobernador y reclamada reiteradamente a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

La crisis social de esa comunidad del sur santafesino, más aguda que el conjunto del país, y la indigna situación a la que se sometió a los trabajadores municipales, no resiste la irresponsabilidad y la corrupción de la clase política de esa ciudad, reza una declaración del gremio.

La permanente transgresión a la legislación vigente -prosigue- y el enfrentamiento partidario entre intendentes, concejales y dirigentes llevaron a la destrucción al Estado municipal y con todas las secuelas que ello implica; incluso bajo la mirada cómplice de la Justicia local competente.

Opina la Festram que esta medida debió tomarse con anterioridad, y ratifica su posición de que es la única salida posible a la crisis institucional que afecta a esa Municipalidad desde los primeros meses de la asunción del renunciante intendente Carlucci.

Dichos de Leoni


Por su parte el secretario general de la Federación, Claudio Leoni, sostuvo que "el radicalismo de Convergencia está defendiendo intereses partidarios mezquinos, a costa del sufrimiento de la gente por acción u omisión; pretende encubrir la lucha entre sectores mafiosos que tomaron al municipio como campo de batalla de turbios negocios económicos".

El gremialista manifestó que la actitud de Convergencia colabora con el desprestigio de la política, sometiéndola al interés partidario en desmedro de las necesidades de la población, e impidiendo la vigencia de los derechos constitucionales de los ciudadanos y de los trabajadores.