Está firme el veto a la ley del FAE
La norma licua las deudas con ese organismo.
Libera de compromisos a intendentes y presidentes de comuna. La oposición calificó la norma de inconstitucional. El oficialismo escuchó en silencio los reproches.
Una vez más, juntos aunque sin argumentos, la mayoría justicialista del Senado, apremiada por el tiempo de caducidad, aprobó sobre tablas el veto parcial que el Poder Ejecutivo produjo en una ley consensuada el año pasado por ambas Cámaras.
Estaba destinada a "desresponsabilizar" a los intendentes y presidentes de comunas que no podían hacer efectivo el Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y además dio soporte legal a los aportes que hacen estos organismos municipales en máquinas, elementos u horas de trabajo.
El Poder Ejecutivo, al igual que los Legisladores, sin mayores argumentos jurídicos, atendiendo "a las circunstancias actuales", licuó una deuda cercana a los 20 millones de pesos que según los cooperadores debe el Estado al FAE.
Para ello, vetó un artículo de la ley votada el año pasado que luego reproduce en la enmienda, pero con el agregado de que los aportes del Estado al FAE podrán computarse retroactivamente con inversiones efectuadas con recursos del tesoro, del Ministerio de Obras Públicas, programas de equipamientos, subsidios y otros.
Al igual que en Diputados, la oposición en su conjunto rechazó la norma instrumentada desde el Poder Ejecutivo. Alberto Beccani, Carlos Fascendini y Pablo Cardinale, que no ahorraron adjetivos para calificarla, juzgándola entre otras cosas de "lamentable y anticonstitucional".
Beccani recordó que "el veto, es una objeción al texto, una corrección o algo que debe ser eliminado de una ley sancionada".
El gobernador -dijo- ha sido "mal asesorado, con un peligroso sesgo legal que puede provocar ingentes perdidas a la provincia, pues no se puede justificar un veto que no objeta nada y dispone un agregado en la misma ley".
"Lo que debió hacer legalmente, es aprobar esta ley y de inmediato mandar un mensaje, tiene los números para hacerlo, en lugar de procurar un subterfugio que nos parece tendrá graves consecuencias económicas para la provincia".
"Además el agregado se hizo de carácter retroactivo, lo que aumenta la gravedad del tema y convertirá esta ley en una nueva máquina de juicios contra el Estado", sostuvo.
Pidió por último al PE que "recapacite, porque además del daño económico, que pagarán todos los santafesinos, hay aspectos de la legislación que podrían dar lugar a acciones por falta a los deberes del funcionario público y malversación.
"La norma asienta un duro golpe al FAE -siguió diciendo Beccani-, le quita el 20 por ciento de aporte del Estado y propicia un Ejecutivo dadivoso y discrecional que podrá reemplazar esos aportes en las escuelas que políticamente le convenga".
Calificó el veto como un "ajuste a la educación" y que "pone fin al trabajo silencioso de cooperadores que hacen las obras por la mitad de lo que las realiza el Estado".
Tras leer parte del informe educativo incluido en un libro de Marcos Aguinis (El atroz encanto de ser Argentinos), cuando compara las inversiones educativas en el mundo, culminó recordando que "quienes no invierten en educación o cercenan sus presupuestos, como en este caso, hipotecan su futuro".
Cabe acotar que en un lapsus, que podría invalidar el tratamiento de la norma sancionada, la secretaria parlamentaria no leyó el texto propuesto -como corresponde reglamentariamente-; en cambio si lo hizo con la nota de estilo de la Cámara de Diputados, donde hace la remisión del veto al Senado, situación que muy pocos detectaron en el recinto y agrega otra mácula a la sesión de la víspera.
Carlos Fascendini acusó al ministro Juan Carlos Mercier de haber sido el autor intelectual de la norma que luego llevó a la firma del gobernador Reutemann para diluir la responsabilidad que tiene la provincia, de aportar el 20 por ciento de los montos invertidos en cada ejercicio y en cada comuna o intendencia por el FAE.
Así surge del texto de este veto que no tiene ni el aval ni la firma del ministro de Educación, aseguró el senador por el departamento Las Colonias.
"Además de su inconstitucionalidad -agregó- y la barbaridad jurídica que se comete, constituye un atropello a los derechos adquiridos por su acreedor".
Fascendini aprovechó también para criticar que mientras nos "quieren hacer creer que la reforma política debe comenzar con reducir los concejales de las pequeñas poblaciones, cuando en realidad el cáncer está en la Administración Central".
"El cáncer está en la cabeza, no en el cuerpo. El cuerpo está robusto pero si seguimos llevando adelante este tipo de disposiciones, vamos a enfermar definitivamente el cuerpo, porque se va a cansar de una cabeza que no responde y se niega a hacer los ajustes que se reclaman en otros lados".