Sorpresivamente, la Cámara de Diputados resolvió postergar por siete días el tratamiento de la amplia reforma al Código Procesal Penal propiciada por el Poder Ejecutivo. El tema quedó con tratamiento preferencial para el venidero jueves. En cambio, el cuerpo dio media sanción a un proyecto de ley de Jorge Giorgetti (PJ) titulado "de la iniciativa privada" por el cual toda persona, sociedad privada o mixta o cualquier persona jurídica, podrá tener la iniciativa de proponer al Estado provincial la contratación de obras, servicios o concesiones.

El justicialismo, con los votos y los dictámenes para avanzar con la reforma al Código, aceptó sendos pedidos de Miguel Bullrich (PDP) y de Alicia Tate (Radical en la Alianza) para tener tiempo para considerar el proyecto. La resolución fue adoptada en el propio recinto legislativo una vez iniciada la sesión y cuando se daba por descontada la aprobación pese a las disidencias parciales de algunos legisladores de la oposición. La postergación aceptada por el oficialismo apuntó a emprolijar el tratamiento de la iniciativa votada por el Senado en agosto último y despachada por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

En la mañana, los legisladores se percataron de que el tema debía pasar por Presupuesto y Hacienda pese a que no tenía prevista mayor asignación de recursos. Poco después del mediodía, esta comisión logró juntar las firmas para habilitar el tratamiento del tema. Justicialistas y radicales pusieron su rúbrica tras consultarlo con sus pares de Asuntos Constitucionales.

En la Democracia Progresista esto no ocurrió porque desde la semana pasada no hay más bloque. Sus dos integrantes resolvieron, de común acuerdo, y comunicaron a la Presidencia de la Cámara la decisión de actuar independientemente. Bullrich no aceptó firmar el dictamen de Presupuesto y reclamó el derecho de estudiar el tema, elaborar el dictamen correspondiente y poder fijar su posición en el recinto. Favario había firmado en Constitucionales con disidencia.

En medio de la sesión y mientras los diputados presentaban proyectos, el jefe del bloque justicialista, José Ariel Ugalde, acordó postergar una semana el debate.

Entre los proyectos sí votados por la Cámara Baja, insistió en apoyar una norma de Giorgetti sobre "iniciativa privada" que había aprobado el año pasado y que caducó, por no tratamiento, en el Senado. El autor explicó que se pretende habilitar al sector privado a proponer al Estado la iniciativa de contratar obras, servicios o concesiones. El texto establece las modalidades y requisitos que se deben seguir. También determina una serie de derechos al iniciador o promotor, entre ellos a "percibir una retribución en virtud de la utilización efectiva de la iniciativa".

También señala que será autoridad de aplicación el Ministerio de Obras y Servicios Públicos mientras que en todo lo referente a los recursos de crédito público o formulación de ecuaciones económicas financieras para determinación de tarifas o peajes se dará intervención al Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Giorgetti defendió el proyecto afirmando que el momento actual necesita "una mayor participación de los particulares en el desarrollo de la obra pública, en la prestación de los servicios públicos y en la contratación de cualquier bien que sea de interés del Estado provincial".

También entendió que la participación de las empresas privadas, requiere un marco regulatorio adecuado a fin de garantizar, "por un lado el reconocimiento a las empresas del esfuerzo realizado para el desarrollo de un proyecto que sea de interés público y por otro, establecer un procedimiento que brinde seguridad jurídica y transparencia".