Son ex directivos y gremialistas, vinculados al menemismo. Los acusan de generar contratos irregulares y pagar sobreprecios a prestadoras que provocaron un grave perjuicio al instituto.
Rosario (C).- Un grupo de funcionarios que integraron la conducción del Pami en Rosario fueron dejados cesantes de sus cargos por hechos de presunta corrupción. La resolución tiene que ver con irregularidades administrativas constatadas en una investigación que fue elevada a la Justicia Federal, en relación a las contrataciones de una consultora para los policlínicos de Rosario, que movilizó 3.200.000 pesos.
Los despidos alcanzan a Graciela Ravarotto, Juan Bautista Barbato, Miguel Sarcuno, Raúl Praino, Amílcar Orieta, Ricardo García, Daniela Valentini, Silvia Fernández, Jorge Fioria y Eva Enríquez. Eran representantes del cogobierno de la obra social por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Trabajadores del Instituto (UTI) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). En su mayoría ostentaban la más alta categoría del escalafón y recibían remuneraciones que superaban los 3 mil pesos. La mayoría eran dirigentes menemistas.
El interventor del Pami Rosario, Miguel Mansilla, afirmó que "hubo irregularidades administrativas que provocaron un perjuicio económico al instituto". Los puntos reprochados a los ex funcionarios pasan por contatos con empresas privadas suscriptos fuera de las atribuciones funcionales y facturas abonadas con sobreprecios. Incluso, dijo Mansilla, se detectaron pagos por servicios que no se cumplieron.
El jefe de la Auditoría Prestacional del Pami, Lorenzo Domínguez, anunció esta mañana que se firmará la cesión de contratos con el sanatorio Plaza de Rosario y con la empresa Comarsa, proveedora de medicamentos e insumos hospitarios de los policlínicos Pami I y II. Que seguirán bajo revisión los contratos y que "se terminará" la relación con los intermediarios al estilo gerenciadoras.
El 14 de agosto pasado la Oficina Anticorrupción recibió un lapidario informe de la intervención nacional del Pami, que señalaba a la delegación rosarina de la obra social como un festival de irregularidades y prácticas de estilo mafioso. El escrito mencionaba liquidación de sobreprecios astronómicos en prestaciones y contratos, ausencia de intervención judicial ante las denuncias de los desarreglos y abusos económicos sobre los jubilados.
Quienes entonces pormenorizaron la cuestión fueron el ministro de Justicia de la Nación, Gustavo Béliz, después de la entrega del documento de auditoría al presidente Néstor Kirchner y el interventor del Pami a nivel nacional, Juan González Gaviola. Este funcionario dijo que en Rosario se gastaba el 15 por ciento del presupuesto del Pami -que son 3.500 millones de pesos anuales en total- sin que proporcionalmente exista una cantidad de afiliados que lo justifique. "Lo que en cualquier otro lado nos sale 20 pesos en Rosario nos sale 60 pesos", ilustró.
Béliz había sostenido que a través del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura se analizará la actuación del juez federal N° 4 de Rosario, Omar Digerónimo, por la forma objetable en que se resolvieron causas penales que llegaron a su tribunal vinculadas a desmanejos en la delegación local del Pami.
