En la normativa argentina existen 124 leyes cuyo contenido ha sido calificado como "secreto" y, por lo tanto, reservado solamente a los funcionarios vinculados al área. La primera fue dictada en 1967, durante el gobierno de Juan Carlos Onganía y la última data de 1981, cuando Roberto Viola estaba en el poder. En ambos casos, así como en un centenar del total, tuvieron origen en regímenes de facto. Solamente cuatro fueron derogadas.

Ahora, un proyecto presentado en la Cámara de Senadores (firmado, entre otros, por el radical Mario Losada y la frepasista Diana Conti), espera terminar con las leyes secretas. Y además, la jueza federal Clara Do Pico pidió al Poder Ejecutivo para que informe sobre la existencia de esas normas, sobre la base de un pedido del abogado Ricardo Monner Sans, que las calificó como "un acto clandestino y antirrepublicano".

Otras iniciativas en el Congreso servirían al mismo propósito. La que cuenta con mejores posibilidades es la que consagra el derecho a la información pública, presentada oportunamente por Elisa Carrió en la Cámara de Diputados y que obtuvo media sanción. Ahora está a la espera de tratamiento en el Senado y, según anticipó al diario La Nación la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Cristina Fernández de Kirchner, sería debatida en los próximos días. Además, hay otros cinco proyectos con este objeto, a lo que se debe agregar otro destinado a regular el secreto de Estado.

De todos modos, los constitucionalistas coinciden en que jurídicamente no existe razón para respetar la condición secreta de estas normas, e incluso para conferirles validez. En primer lugar, porque la Constitución no reconoce ni brinda andamiaje legal a este tipo de leyes. Y, por otra parte, su misma vigencia desafía la exigencia de la Carta Magna, al establecer la publicidad -vía publicación en el Boletín Oficial- como el último paso para que una ley cobre vigor.

Más allá de las declaraciones de la misma primera dama, que admitió el "contrasentido" que lleva implícita esta normativa -precisamente, por no tener la difusión que le daría fuerza constitucional-, hasta el momento no hubo anticipo de cuál será el temperamento a adoptar por el presidente de la Nación frente al tema y, puntualmente, ante el requerimiento judicial.