"Con un 60 % de exclusión en la Argentina, sentimos que sin inclusión cívica no hay inclusión social". La frase, que no es simple retórica, pertenece a Carlos March, director ejecutivo de Poder Ciudadano, fundación apartidaria, sin fines de lucro, constituida en 1989 para promover la participación y responsabilidad ciudadana.

March estuvo en Santa Fe y se entrevistó con el gobernador Jorge Obeid y el intendente Martín Balbarrey para involucrarlos en la firma de un acuerdo de Discrecionalidad Cero, un programa que pretende lograr un compromiso de los gobernantes para que pongan en práctica espacios de participación ciudadana y control de gestión pública. La respuesta que se tuvo de los dirigentes santafesinos fue positiva: en dos meses se firmaría el convenio con la provincia y se evaluarán alternativas para la ciudad.

Junto con el presidente de la fundación rosarina Nueva Generación Argentina Diego Sueiras, y el secretario Eduardo Hiriart, March detalló algunas acciones inmediatas encaradas por la ONG que dirige. Una de ellas tuvo como escenario, precisamente a la ciudad de Rosario, donde se concretó un taller con vecinalistas para "empoderarlos en el uso de herramientas y estrategias para el control de gestión pública y la incidencia en políticas públicas".

En la visión de March "hay un Estado, que es la herramienta para poder equilibrar recursos, que no está funcionando, que ha estado capturado por los dirigentes que lo utilizan en beneficio propio o sectoriales. Si los ciudadanos no se empoderan y exigen al Estado políticas públicas, el Estado no las genera".

�Por qué trabajar desde el vecinalismo? "Si una persona consigue trabajo, mejora su calidad de vida individual, pero en sectores de vulnerabilidad hay un deterioro de vida colectivo que se soluciona con políticas públicas". Dicho de otro modo: "Con trabajo una persona se compra una cocina, pero la red de gas se consigue con una política pública".

El objetivo es, entonces, recuperar al Estado para que mejore la calidad de vida de la gente, y reconocer el rol que cumplen en la base social las vecinales como promotores de una participación genuina.

La segunda acción se desarrolló en la ciudad de Córdoba junto a organizaciones de la sociedad civil de nueve provincias, con un perfil similar. El objetivo es crear una Red Federal para la Democracia que "va a construir ciudadanía a través de la acción orientada al control de gestión pública e incidencia en políticas públicas".

Para Poder Ciudadano es que "no se mejora la calidad de la democracia a nivel nacional si no se mejora la calidad a nivel provincial, y el 90 % de los dirigentes políticos nacionales provienen de las provincias".

March advirtió que "el Estado es el que genera ignorancia cívica, desde legislar perversamente hasta utilizar demagogia legislativa para sacar leyes que después nadie conoce".

Y para terminar cita un ejemplo: "el 90 % de los argentinos pedía que expulsen a Luis Barrionuevo del Senado; se juntaron 27 senadores que impidieron que se reúnan los dos tercios necesarios para votar la expulsión y Barrionuevo pudo seguir como legislador".

Es así que las ONGs cumplen "un rol de stoper del avasallamiento institucional", aunque ese rol es limitado "porque los recursos de estas organizaciones son limitados. Ni siquiera se cuenta con un marco legal y fiscal que promueva este trabajo. Todas las organizaciones que no generan dinero están gravadas y reguladas con criterios fijados para entidades con fines de lucro". Poder Ciudadano paga 10 mil pesos de cargas sociales por mes, 120 mil por año, pero "no hay ningún programa sustantivo en Poder Ciudadano que tenga 120 mil pesos de presupuesto para poder desarrollarse".

"No digo que no se paguen cargas sociales -aclaró- pero usemos la creatividad para determinar cómo se pueden pagar cargas sociales con algún mecanismo alternativo". Mientras tanto, Poder Ciudadano tiene un presupuesto de 800 mil pesos anuales que se financia en un 90 % de fundaciones internacionales y el resto de pequeños aportes locales.

Del análisis de las constituciones provinciales, Carlos March (Poder ciudadano) encontró que hay cinco provincias que tienen reelección indefinida de gobernadores. "Si se suma Salta, que modificó su sistema en la última elección, se concluye en que el 25 % de las provincias argentinas una persona puede ser reelecta de doce años al límite de su vida". El dato tiene incidencia en el plano nacional: de los cuatro presidentes justicialistas que tuvo el país desde 1983 en adelante (Duhalde, Rodríguez Saá, Menem y Kirchner) los tres últimos provienen de provincias con reelección indefinida de gobernador. Entonces, "el sistema que tienen la mayoría de las provincias es mucho más cercano al feudalismo y perpetuidad que a la alternancia de roles".

El programa nació el año pasado en medio de la cascada electoral que significó la sucesión de comicios nacionales y provinciales (en distinta fecha, según el distrito). El objetivo es que los gobernantes electos firmen un compromiso concreto para poner en práctica espacios de participación ciudadana y control de gestión pública.

Es un acuerdo puntualizado para garantizar normas de acceso a la información pública, audiencia pública, iniciativa popular y bancos de datos públicos de los funcionarios, entre otros ítems que varían según la situación propia de cada provincia.

Hasta ahora se firmaron cinco convenios municipales (Ushuaia, Morón, Córdoba, Palpalá y Salta) y uno provincial con el gobernador de Mendoza. Si se firma en Santa Fe -donde se mostró buena predisposición- sería el segundo acuerdo en el país a nivel provincial y el primero entre las tres provincias más grandes.

Es un convenio fácil de monitorear por la sociedad civil porque impone plazos de cumplimiento y la intención es enriquecer, con esta forma de participación, la gestión de gobierno, a la vez que se generan herramientas (leyes) que trascienden esa gestión.