El diputado nacional santafesino Alberto Beccani (UCR) presentó un proyecto de ley que extiende las competencias de control de la Auditoría General de la Nación. La iniciativa sale al cruce del proyecto de ley de creación de la Empresa Nacional de la Energía SA, a la que el oficialismo pretende dotar de facultades exentas de los controles administrativos y financieros del Estado.
El legislador rosarino es acompañado en su iniciativa por el presidente de la bancada radical, Horacio Pernasetti y por una docena de sus pares, entre ellos los santafesinos Puig de Stubrin, Tate, Storero y De Lajonquiere.
Como se sabe, el justicalismo se dispone a aprobar antes de fin de mes el proyecto de ley de creación de Enarsa, a la que se le transferirá la titularidad de los permisos de exploración y explotación de la plataforma marítima nacional. Sin embargo para ese negocio o para explotar otras iniciativas del mercado energético, la empresa -una sociedad anónima- no estará sujeta a las obligaciones de licitar sus contratos ni a los sistemas de control de los entes públicos.
Beccani explicitó que su proyecto propone "establecer un sistema de control público obligatorio sobre las personas jurídicas de derecho privado en las que el Estado Nacional participe en su dirección, administración o cuando sea socio de las mismas, cualquiera sea el grado de su intervención".
El legislador santafesino recuerda que ya el decreto 721/04 de creación del Correo Oficial de la República Argentina creó un antecedente al que ahora se suma el caso de Enarsa, en el que se generan "dudas" sobre los sistemas de control externo, que ahora quiere despejar incorporando las nuevas figuras societarias a la ley de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional.
Allí Beccani propone que las competencias de la Auditoría General de la Nación como contralor externo se extienda a las sociedades anónimas sujetas a derecho privado pero que tengan al Estado como socio o incluso como su administrador.
El proyecto pretende garantizar que el Congreso extenderá sus competencias con el mismo fin, y que además el plan anual de la AGN contendrá obligatoriamente la auditoría sobre los estados contables y de gestión de las referidas sociedades y de los entes públicos no estatales, también alcanzados en la propuesta.