Las declaraciones de la ex funcionaria María Julia Alsogaray respecto de los sobresueldos asignados durante la presidencia de Carlos Menem, provocaron el previsible revuelo y su impacto jurídico ya se hizo notar en la Justicia.

Como se recordará, la señora Alsogaray está detenida desde hace veinte meses, imputada, entre otras cosas, de enriquecimiento ilícito. Desde su celda envió el sábado pasado una carta a un matutino porteño en donde dio a conocer algunas intimidades de la gestión menemista relacionada con los fondos secretos o reservados y los sobresueldos.

En realidad, la ex funcionaria no dice nada que la opinión pública no haya conocido o sospechado, pero lo que le otorga a su testimonio una singular trascendencia es que esta vez la descripción de la mecánica de distribución es hecha por alguien que desempeñó funciones importantes en aquel gobierno.

Es de esperar que con estos nuevos datos la Justicia intervenga. Con la cuestión de los fondos reservados se sabe que en los '90 se cometió un número indeterminado de abusos. El término "reservados" o "secretos" era el eufemismo que permitía asegurar privilegios y premiar obsecuencias con dineros públicos sobre los que no se debían rendir cuentas. Tanto es así, que se habla de la existencia de una ley -también "secreta"- que respaldaría esos sobresueldos. Pero la sola idea de una "ley secreta" para distribuir de modo oscuro fondos públicos, es una aberración jurídica.

En términos prácticos, estas irregularidades siempre se han justificado en nombre de la seguridad pública o en nombre de los bajos sueldos de los funcionarios. En los países avanzados suele existir este tipo de fondos, pero también existen mecanismos que permiten en cierto momento rendir cuentas de los gastos. Por otro lado, el argumento de los bajos sueldos supuestamente compensados por los fondos secretos, carece de consistencia jurídica y ética y no es más que una coartada para justificar privilegios inconcebibles en una cultura republicana.

Lo que más llama la atención es el silencio de los funcionarios que ejercieron responsabilidades públicas junto con la detenida. Resulta poco creíble, por ejemplo, que el hermano del presidente diga que no sabe nada del asunto porque él actuaba en el Senado, cuando es de público conocimiento que integraba lo que se conocía como "la mesa chica" del oficialismo de entonces. El silencio de otros funcionarios de esa época es tan sugestivo como las declaraciones juradas que hicieron quienes ahora son denunciados por la ex funcionaria detenida.

Es verdad que todas estas denuncias deberán ser investigadas, pero existen buenos motivos para creer que muchas de ellas son verdaderas en sus trazos más gruesos. Da la impresión de que la estrategia defensiva de la señora Alsogaray apunta a señalar que lo que ella hizo era una habitualidad del gobierno de Menem y que por lo tanto no es culpable o que, en caso de serlo, no es la única persona comprometida.

Por último, a los observadores no deja de sorprenderles que sea la hija del capitán ingeniero la única detenida por hechos de corrupción. Al respecto, pareciera que su condición de no peronista la ha excluido del manto de protección de funcionarios igual o más comprometidos que ella.