Si bien los funcionarios del oficialismo rápidamente tomaron distancia de los acontecimientos, a nadie escapa que estos grupos piqueteros son financiados y soliviantados por ciertas estructuras del poder oficial, que, como suele ocurrir en estos casos, muchas veces alientan hechos que entran en contradicción con la propia lógica del gobierno.

Un ejemplo clásico en el plano internacional es el asesinato del diputado socialista italiano, Giacomo Mateotti, dirigente opositor muerto como consecuencia de una golpiza proferida por una banda de "camisas negras". El hecho provocó una indignación nacional de tal envergadura que el propio Benito Mussolini se vio obligado a condenarlo y, como lo han demostrado los estudios biográficos posteriores, el Duce en ningún momento había autorizado la muerte de Mateotti. En cambio, sí había permitido que los "camisas negras" sembraran el terror en las calles. Y como suele suceder, nunca falta un burócrata o un sicario al que se le va la mano.

Por lo tanto, sería deseable que el gobierno tome distancia en serio de grupos piqueteros que corren el riesgo de transformarse en bandas de choque ante cualquier tipo de disidencia. Hoy la víctima fue López Murphy, mañana puede ser Elisa Carrió o cualquier otro.

Ya en su momento, se le advirtió al gobierno sobre los riesgos de alentar la movilización de grupos no institucionalizados. Al calor de los acontecimientos, y previendo posibles tormentas, es hora de que el presidente disuada con acciones concretas a quienes por ese camino comienzan a evocar los viejos fantasmas de la Mazorca.

La otra cuestión que preocupa desde el punto de vista cultural e institucional, son las manifestaciones cada vez más agresivas de los familiares de las víctimas de Cromagnon contra Omar Chabán. No se trata de desconocer el dolor de los familiares ni su derecho a expresarlo, pero de allí a sitiar un edificio de departamentos o amenazar con asesinar a Chabán hay una larga distancia; la misma que existe entre la Justicia y el linchamiento.

El Estado tiene el compromiso ineludible de garantizar la vida de Chabán, tomando todos los recaudos que la ley le otorga. También es su obligación administrar la justicia con eficiencia y en tiempos razonables. Una vez más hay que recordar que Chabán está en libertad, pero no ha sido declarado inocente; es más, está procesado y las imputaciones que se le hacen son muy graves.

En definitiva, tanto en el caso de los piqueteros agresivos, como en el caso del empresario de la nocturnidad, lo que está en juego es la calidad de la convivencia social y la vigencia plena del imperio del derecho, condiciones básicas para la existencia de un orden político racional y justo.