En el viernes vacío y húmedo, Kirchner y Duhalde se dedicaron a desactivar sus ejércitos: había llegado la hora de una tregua y, muy probablemente, del acuerdo final. La señora de Duhalde no sería candidata a senadora y dejaría libre el camino para la candidatura de la senadora Kirchner. El compromiso entre ambos líderes sólo abarcaba los grandes trazos; falta aún la letra chica del pacto, en medio de la inestabilidad y el vaivén.

El presidente oscilaba entre gran parte de su gabinete, por un lado, y sus aliados bonaerenses, por el otro. Varios ministros, empezando por los dos más importantes, Alberto Fernández y Lavagna, le reclamaban que evitara la ruptura con Duhalde y que pensara en la gobernabilidad futura.

El gobernador Felipe Solá y los intendentes más kirchneristas de la provincia le aconsejaron hasta el final, en cambio, que librara el combate definitivo contra el duhaldismo. Kirchner les habló a estos últimos de una aproximación con Duhalde, condicionada a sus propias reglas. Un no de Felipe podía dinamitar la semilla del acuerdo.

Poco antes, Duhalde había hecho algo parecido con su propia tropa. "No me pidan que haga cosas contra el presidente", les suplicó a intendentes y concejales de su confianza. Frenó en seco, incluso, a un legislador provincial que comenzó un tiroteo verbal contra el gobernador. Kirchner se comprometió ante Solá a asegurarle la gobernabilidad en los próximos dos años.

Estaba en operaciones el Kirchner de manual. Duro y pertinaz en las relaciones de poder, suele llevar las cosas hasta un extremo de inminente ruptura, sólo en apariencias. En el momento culminante, cuando ha conseguido márgenes que antes no tenía, entonces inicia la negociación hacia el acuerdo. Ciertamente había colocado a Duhalde (con la ayuda de Solá) en la disyuntiva de ceder en malas condiciones o de enfrentarlo en peores condiciones.

El enfrentamiento era la derrota de los dos, en verdad. Los eventuales votos de la señora de Duhalde serían votos hurtados a Cristina Kirchner. Una victoria pobre y una derrota memorable las aguardaba a las dos. Además, esa furiosa interna habría paralizado al Congreso hasta diciembre. Y también, después de diciembre.

Guste o no, Eduardo Camaño, Díaz Bancalari y Graciela Camaño, todos duhaldistas, son los mejores operadores del gobierno en la Cámara de Diputados cuando se trata de sacar una ley. Díaz Bancalari encontró, el viernes, la llave del acuerdo probable en un ir y venir ya infrahumano entre Plaza de Mayo y Lomas de Zamora.

Aquella posición de defensa de la gobernabilidad es la que defienden ante Kirchner, una y otra vez, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía. Una nueva era comienza en Buenos Aires, pero el fin del duhaldismo no debe poner en juego la gobernabilidad, suele repetir Fernández.

Lo de la nueva era está por verse: ¿mero relevo de dirigentes o renovación de la política? La pregunta no está contestada aún. La ofensiva contra Duhalde carece, hasta ahora, de todos los elementos renovadores que edificarían la esperanza de un cambio.

El presente puede mejorarse todavía. El pasado no tiene remedio: amenaza ahora con desplomarse, empapado por demasiada sangre como está. Anulada toda vigencia de las dos leyes de amnistía de Alfonsín, quedan aún los indultos de Menem. Éstos terminaron de construir la trilogía de la amnistía de hecho que hubo en la Argentina. El indulto es una facultad personalísima del presidente de la Nación, más propia -es cierto- de una monarquía absoluta que de una democracia. Pero por ser lo que es no lo puede borrar otro decreto ni puede ser anulado por el Congreso. Sólo la Corte Suprema de Justicia podría decretar su inconstitucionalidad.

Los indultos de Menem serán observados por la Corte según los distintos casos. Están los que beneficiaron a quienes ya habían sido condenados y que, por lo tanto, no son reprochables, salvo que se interprete que los delitos de lesa humanidad no pueden ser indultados. En esta categoría están los ex jefes de las juntas militares, que de todos modos cumplen prisión domiciliaria por delitos que no habían sido probados en el momento de los indultos.

Luego, están los que se encontraban bajo proceso (muchos altos jefes militares y muchos jefes guerrilleros de la década del '70), cuyos indultos fueron claramente violatorios del espíritu de la ley. Incluso el caso de Firmenich está comprendido entre los procesados, porque sólo había sido condenado por el asesinato del empresario Soldati. Tenía varias causas más en las que estaba procesado.

La Corte ha insinuado hace poco que los crímenes de terrorismo son imprescriptibles. Si cayera toda la legislación de amnistía, es posible entonces que, desde el asesinato del general Aramburu en adelante, todo pueda ser nuevamente revisado judicialmente. ¿Cómo, por otro lado, la Corte podría declarar la nulidad de los indultos en los casos de los militares y no en el de los jefes guerrilleros? Imposible no sólo en términos jurídicos, sino también políticos.

Por eso, el gobierno está dividido en esta cuestión. El jefe del Gabinete se ha manifestado poco propenso a revisar los indultos, porque estima, además, que los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado tienen una categoría superior a los que cometen los guerrilleros. Pero el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, ha dicho que los crímenes de lesa humanidad son tales, y pasibles de sanción para el Estado o para particulares, sólo con la condición de que tengan esa tipificación.

Sea como fuere, la Corte Suprema de Justicia terminará resolviendo el caso de los indultos, más allá de lo que quiera o no quiera el gobierno.

El ministro de Defensa, José Pampuro, médico de profesión y político por vocación, debió curar las heridas entre los militares. Tres horas y media le llevó escuchar una catarsis de 60 altos oficiales del Ejército. El clima de relativa tranquilidad podría preservarse si no cambiaran las condiciones de las citaciones y de las prisiones de los militares.

La violencia ha dejado demasiadas huellas en este país. El episodio que afectó a Ricardo López Murphy, perseguido brutalmente por un grupo de piqueteros, fue un serio llamado de atención. Nadie, ni el gobierno, acepta que fue un acto espontáneo. La fuerza de choque llegó en colectivos fletados especialmente, a la hora y al lugar de un acto que no había sido promocionado.

Duhalde y Kirchner se han beneficiado, cada uno a su tiempo, de estos ejércitos de desocupados, que cobran puntuales subsidios por desempleo. En el caso de López Murphy, el gobierno denunció, en voz baja, la posibilidad de una conspiración innominada para desacreditar a la propia administración. "¿Por qué el gobierno se pegaría un tiro en el pie?", dijeron laderos presidenciales.

López Murphy está seguro de que alguna mano oficial estuvo detrás de la agresión, aunque aclaró que no quería culpar directamente a Kirchner. El líder opositor denunció que la fuerza de choque buscó sembrar el temor entre sus seguidores para desalentarlos a ir a sus actos.

Ni siquiera merece evaluarse a quiénes convino o a quiénes perjudicó electoralmente aquella breve orgía de violencia. Es hora de que el Estado fije una línea nítida y, por lo menos, deje de pagarles subsidios a los piqueteros que pasan el rato violando la ley. Sólo le falta a la Argentina que, encima, ahora tenga que reinventar la democracia.