La tentación es irresistible. El gobierno nacional ha dado sobradas muestras de que no evitará sacar provecho electoral de las últimas y trascendentales decisiones de la Suprema Corte de Justicia. La realidad es ambigua en este punto: desde una postura principista debería exigirse al presidente y sus colaboradores que no pretendan sacar ventaja política de la decisión judicial de declarar inconstitucional las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, conocidas por todos como las leyes del perdón. Sin embargo, es innegable que tal decisión sólo tomó cuerpo tras la decidida acción de Néstor Kirchner a favor de una transformación a fondo del perfil del máximo tribunal judicial, así como de la consecuencia que ha mostrado el jefe de Estado en sus posturas a favor de un esclarecimiento de causas y cuentas pendientes referidas a los años de la guerra sucia.

Al fin y al cabo, aquí y en cualquier democracia es inevitable la pretensión de los gobernantes de sacar jugo político a todo aquello que pueda traducirse en más votos. En la Argentina actual, y el gobierno esta semana lo puso de manifiesto, la capacidad del Poder Ejecutivo para adjudicarse méritos por decisiones judiciales va directamente en contra del objetivo de regenerar cierta credibilidad popular en la independencia del Poder Judicial. Años de manipulación de la Suprema Corte y de servilletas de jueces amigos abonan ese escepticismo de la gente.

Simultáneamente, la Casa Rosada ha realizado un segundo nivel de análisis sobre los pros y los contras de forzar tanto un accionar acelerado de la Justicia en casos como, ahora, la declaración de inconstitucionalidad de los indultos dictados por Carlos Menem, como de la búsqueda de un aprovechamiento electoral de ese tipo de decisiones de la Suprema Corte. Por un lado porque la Justicia, efectivamente, viene moviéndose con progresivos grados de independencia que hacen difícil imaginar injerencia directa del Ejecutivo, aunque no le impiden a los jueces tener una sintonía clara de los nuevos vientos políticos que corren, favorables a una revisión de lo actuado en los primeros veinte años de democracia en relación a las atrocidades de la ultima dictadura; por otro, porque las encuestas demuestran al gobierno que no hace falta armar demasiado aspaviento en relación a quién impulsa este tipo de decisiones judiciales, porque la mayoría de la gente ve en la figura de Néstor Kirchner esa paternidad.

El presidente lanzó esta semana, coincidentemente con el fallo contra las leyes del perdón, una movida de fuerte impacto político, consistente en forzar pronunciamientos de los jefes de cada una de las fuerzas armadas, a favor de la decisión contra el Punto Final y la Obediencia Debida, y aún en contra de los mismos indultos, que podrían obligar a reiniciar causas contra decenas de militares, suspendidas por la decisión de Carlos Menem de indultar no sólo a personas condenadas (tal el caso de Jorge Videla o Mario Firmenich), sino también a militares y militantes de organizaciones civiles armadas que estaban en proceso. Este último punto es lo que permitiría a la Corte dictar la inconstitucionalidad de los indultos del ex mandatario riojano, aunque no objetaría el perdón presidencial a Videla y Firmenich.

Kirchner también aprovechó el 50 aniversario de los bombardeos de la Marina a la Casa Rosada habitada por Juan Domingo Perón y a la Plaza de Mayo en 1955 para trazar una línea política de división entre el ahora y las décadas anteriores, en las que partidos y dirigentes eligieron dejar en el plano del olvido la masacre de más de 350 civiles por parte de aviones militares argentinos. El pedido de perdón en nombre del Estado, por parte de Kirchner a los familiares de esas víctimas, implicó también sugestivas omisiones del primer mandatario, que claramente elige esquivar cualquier posible pertenencia a la tradición más verticalista del peronismo originario.

Cercano y largo plazo

Kirchner, como cada presidente desde 1983, no se priva de ostentar una visión algo exagerada de la capacidad de su presidencia para cambiar el perfil de la política y aun del Estado mismo. Esta semana, de la mano de la inconstitucionalidad de las leyes del perdón, el jefe de Estado alimentó un poco más su sueño de utilizar el cierre definitivo de la herida sangrante abierta por el Proceso militar del '76 y nunca cicatrizada por las limitaciones de la democracia de los '80 y los '90, como punto de partida para un rediseño a fondo del sistema de partidos dominantes desde 1945.

Kirchner no sólo se imagina a sí mismo cumpliendo un rol clave en el final del bipartidismo radical-peronista, sino que cree realista estar sembrando las primeras semillas para el lanzamiento de un sistema de alianzas de centroderecha y de centroizquierda, que puedan coexistir en un escenario de acuerdos de fondo sobre las grandes políticas de Estado, al estilo de las democracias europeas o, inclusive, la que puede observarse en estado de formación en Chile.

Aunque por ahora el día a día de las preocupaciones presidenciales se lo lleva el armado de la estrategia de ajedrez para enfrentar a Eduardo Duhalde y su definitiva intención de dar batalla por el control del aparato del PJ bonaerense y, por extensión, del peronismo nacional, Kirchner no deja de comentar a sus colaboradores que la guerra que se libra tiene un plazo más largo que el de octubre.

Tiene a su favor el ritmo aún sostenido de crecimiento económico, pero carga en contra de sus intenciones con una visión y accionar exageradamente hegemonista, que no da una sola chance de integración de terceros en ese imaginar del futuro institucional, ni acepta contraofertas que discutan una mirada de largo plazo y que -a esta altura de la confrontación con otras fuerzas de la política- puede correr todos los riesgos que siempre trae aparejada la táctica del "conmigo o contra mí".

Las últimas jugadas de Eduardo Duhalde, dando apoyo político al siempre castigado Roberto Lavagna o explicando al cardenal Bergoglio que él no comulga con los enfrentamientos con la Iglesia disparados por la expulsión del obispo castrense Baseotto, sólo permiten augurar un sostenido crecimiento de la pulseada entre el afán de mantener su poder bonaerense y partidario y la guerra a muerte declarada por Néstor Kirchner. El jamón del sandwich puede ser, como siempre, la gente y un escenario institucional de fortaleza aparente, que no pocas veces en la historia reciente ha dado muestras concretas de su debilidad real, generando crisis con consecuencias siempre nefastas.