El futuro de los indultos concedidos por Carlos Menem a los jefes de la última dictadura militar será esta semana centro de discusión en la Cámara de Diputados, donde los bloques de izquierda pidieron una sesión especial para el martes a las 14, con el fin de derogar el beneficio que en su momento se dio a procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa cruenta etapa de la historia argentina.

No obstante, el panorama indica que es bastante difícil que los bloques principales de la Cámara, es decir, el oficialismo justicialista y la bancada de la UCR, contribuyan al quórum de la sesión especial.

En general, voceros coincidieron en que, si bien la anulación de los indultos después que la Corte Suprema refrendara la inconstitucionalidad de las llamadas "leyes del perdón" es un "paso lógico", en ambas bancadas predomina la idea de que ello debería ocurrir por vía judicial y no parlamentaria.

De hecho, uno de los vicepresidentes de la bancada del PJ, Julio Gutiérrez, adelantó que personalmente cree que "es un tema que tiene que resolver la Justicia", más allá que el Congreso haga "una manifestación política a favor de la derogación de los indultos".

En la misma línea se pronunció el secretario general del bloque radical, Luis Molinari Romero.

En primer lugar, el diputado cordobés aclaró que el radicalismo, por regla, no acompaña pedidos de sesión especial que no haya suscripto.

Por otra parte, Molinari Romero coincidió con Gutiérrez en que "daría más certeza" que la anulación de los indultos se haga por la vía judicial.

El pedido para la nueva sesión especial es impulsado por la diputada Patricia Walsh (Izquierda Unida); la acompañan Claudio Lozano (CTA), Eduardo Macaluse (ARI), Mario Cafiero (Soberanía Popular), Ariel Basteiro (socialista), Lucrecia Monteagudo (PI), Martha Maffei (ARI), Celso Jaque (PJ-Mendoza) y Héctor Polino (socialista).

Walsh insistió la semana pasada en que "tenemos la obligación de resolver la cuestión de los indultos porque, si no, van a ser condenados los niveles intermedios e inferiores que están siendo juzgados y los niveles máximos continuarán indultados. No debemos producir una situación tan arbitraria que puede, incluso, generar inquietud política".

La legisladora, que desde hace años reclama esta anulación, argumentó que los indultos menemistas son "inconstitucionales" porque, entre otras cuestiones, implicaron una "amnistía encubierta" que dejó afuera al Congreso y, además, eximió de responsabilidad penal a crímenes de lesa humanidad, una categoría de delitos que no debería ser alcanzada por el beneficio.

Walsh reveló que había realizado "contactos indirectos" a través de colaboradores con el jefe del bloque justicialista, José María Díaz Bancalari, para sondear si facilitaría el quórum para la sesión especial, pero "la respuesta fue negativa", admitió.

Empero, la diputada dijo que trataría de convencer al radicalismo para que concurra al recinto.

Sin embargo, yendo a la seguro, los bloques convocantes a la sesión especial tratarán de reunir el mayor número posible de legisladores en el recinto para dar una expresión contundente contra los indultos.

Walsh -quien fue punta de lanza en la Cámara baja para que se derogaran las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, lo cual finalmente ocurrió en agosto de 2003- hace tiempo que viene solicitando infructuosamente sesiones especiales para derogar los indultos dispuestos en los decretos 1002/89, 2741/90 y 2746/90 por el Poder Ejecutivo.

El último intento de sesión especial fue el pasado 24 de mayo, cuando fracasó por la ausencia masiva de los bloques del PJ y la UCR.

En rigor, por el justicialismo sólo asistió Gerardo Conte Grand, mientras que en representación del radicalismo apenas estuvieron Margarita Stolbizer y Freddy Martínez.

Los indultos otorgados por Carlos Menem incluyeron listados con los máximos responsables de las principales causas judiciales que se habían abierto en el país contra responsables del terrorismo de Estado.

Así como que la medida presidencial benefició, entre otros, a los jerarcas del régimen Jorge Rafael Videla, Eduardo Emilio Massera y Orlando Ramón Agosti en causas radicadas en la Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal junto a, por ejemplo, quien fuera ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, y al general retirado Guillermo Suárez Mason.

Los indultos también clausuraron causas en las cámaras federales de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires), Neuquén, Paraná (Entre Ríos), Resistencia (Chaco), Rosario (Santa Fe) y Córdoba, que pusieron en libertad, por citar algunos, a los generales -ya en retiro- Juan Carlos Trimarco, Leopoldo Fortunato Galtieri, Cristino Nicolaides y Luciano Benjamín Menéndez.

El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, aseguró que el gobierno busca una "solución definitiva" a los indultos y adelantó que esta semana debe entregar al presidente Néstor Kirchner un "informe final".

"Estuvimos conversando el tema con el presidente", quien le pidió que "analizara las distintas alternativas para elegir la más adecuada", dijo el ministro.

Los tres caminos posibles, según explicó, son la sanción de una ley, un decreto presidencial o la vía judicial, que es la que observa como la "más viable", "porque nunca se logró dar una solución definitiva a temas que siempre volvían".

En declaraciones al programa "Acreditados", por FM La Isla, Rosatti manifestó que "estamos en el inicio del último capítulo de esta larga y terrible historia. Digo el inicio, porque quienes estaban desprocesados deberán recorrer el camino inverso. Y los que estaban protegidos por el punto final, lo mismo".

Aunque todavía no está definido qué posición se tomará con la cúpula del gobierno militar, el ministro de Justicia manifestó que "éste es el capítulo final, porque evita que alguien se mantenga impune frente a delitos de lesa humanidad. Y frente a acontecimientos dolorosos, tiene que estar la toma de la verdad. Sólo la verdad puede permitirnos construir en serio frente al futuro".