El gobierno afgano considera "incompleto" el informe de la organización Human Rights Watch que denunciaba que algunos de sus asesores están implicados en crímenes de guerra y abusos cometidos durante la década de los 90.

Tras una investigación realizada en los últimos dos años, el informe denuncia que algunos de los líderes implicados en abusos entre 1992 y 1993 son ahora oficiales de Defensa de Afganistán, altos cargos de Interior o consejeros del presidente Hamid Karzai.

Afirma que algunos de ellos son candidatos a las elecciones parlamentarias de setiembre, por lo que exigió al Ejecutivo afgano y a la comunidad internacional la creación de un tribunal para juzgar a los responsables de estos crímenes.

En declaraciones a los periodistas, el portavoz de Karzai, Mohammad Karim Rahimi, señaló que el informe "no es extenso y se centra en un período de tiempo específico, cuando Afganistán ha experimentado violaciones en los derechos humanos durante 20 años".

"No fue un problema de un año o dos, sino que ha continuado durante varios años"; dijo Rahimi, quien insistió además en que "el gobierno afgano está comprometido a respetar los derechos humanos de acuerdo con la Constitución del país".

El portavoz presidencial apuntó además que el Ejecutivo afgano no tiene intención de culpar a particulares y que "algunos de los individuos citados en el informe han tenido una parte importante en el proceso de paz durante los últimos tres años en Afganistán".

La organización Human Rights Watch había pedido al Ejecutivo afgano que establezca mecanismos de investigación que garanticen la expulsión de los infractores de los órganos de gobierno.

El período que cubrió su investigación estuvo marcado en Kabul por intensas luchas entre los muyahidines y secciones del gobierno anterior, que pujaban por hacerse con el poder tras el descalabro del gobierno.