Pocas horas después de conocerse el fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones, por el cual se considera prescripto el "caso Vanrell", el fiscal de Cámaras, Arealdo Bertoldi, interpuso un recurso de inconstitucionalidad con el objetivo de que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.

Los integrantes de la Sala I -Dres. Echauri, Villar y Rucci- deberán resolver si es admisible el recurso planteado por Bertoldi. Si la respuesta es afirmativa, pues entonces deberá decidir el máximo tribunal. Sin embargo, en caso de que los camaristas consideren inadmisible el recurso, el fiscal de Cámaras tiene decidido llegar de igual manera a la Corte, mediante un planteo de queja.

"De acuerdo con mi criterio, existe una importante gravedad institucional si queda sin castigo un caso como éste, ligado con hechos de corrupción. Además, el ex vicegobernador -Antonio Vanrell- está condenado civilmente a indemnizar a la provincia con diez millones de pesos", dijo el fiscal de Cámaras.

En realidad, el caso Vanrell ya había sido declarado prescripto por el juez de Sentencia, Mauricio Frois, pero Bertoldi ordenó en aquel momento que el fiscal Ricardo Favaretto apelase dicha decisión. Por ese motivo, intervino la Sala I de la Cámara de Apelaciones.

Al considerar que la causa está prescripta, los camaristas se refirieron en duros términos a quienes durante quince años tuvieron en sus manos la obligación de hacer Justicia: "La causa se ha caracterizado por su inusual complejidad. A ello ha coadyuvado la negligencia, en casos, de algunas de las partes, y esto último, en función de la insólita dilación del proceso. La causa concluye de modo tal que de alguna manera se ven frustradas las expectativas de la comunidad en orden a lo que debió ser un justo reproche para quienes, de haber violado la ley y si así hubiere ocurrido, debieron soportar. Lo criticable -y que criticamos- radica en que tales perniciosas consecuencias se deban a la desidia y la negligencia de muchos".

Frois había condenado a Vanrell a cinco años de prisión el 2 de noviembre de 2002, pero dicha condena fue apelada por la defensa del ex vicegobernador. Desde hace quince años, el ex funcionario fue investigado por la compra de juguetes a empresas fantasma con fondos del Senado. En las direcciones de las firmas donde supuestamente se hacían compras sólo existían playas de estacionamiento, plazas y obras en construcción. Aquellas empresas inexistentes figuraban con los nombres Juguetilandia, Lo Viste SCA, Gas Dav, Santillán y Santillán, Distribuidora del Libro, Distribuidora Córdoba, Carmelo Figueroa e Hijo, Embalar, Hansel y Gretel, Superior Mayorista, Casa Pasco, Juan Carlos Otañe SRL, Equipo Tres Construcciones y Constructodo.

Pero en noviembre de 2002, el juez Frois no sólo condenó a Vanrell por supuestas irregularidades en el manejo de fondos del Senado, sino que, además, hizo lugar a una demanda civil que había sido presentada por el gobierno de la provincia, a través de Fiscalía de Estado.

De hecho, en aquella sentencia Frois condenó a Vanrell a indemnizar al Estado provincial por los daños y perjuicios ocasionados durante su gestión, por un total de 10 millones de pesos que deberían ser pagados en forma solidaria entre el ex funcionario y los imputados Miguel Ángel Foressi, Alfredo Infante, Rubén Alonso y Eduardo Pinés. Esta decisión también está apelada.

Los defensores de uno de los imputados en el caso IBM-Provincia apelaron la reapertura de la investigación, con el objetivo de que intervenga la Corte Suprema de la Nación. Como se recordará, esta causa había sido declarada prescripta, pero la Corte provincial interpretó que se debe continuar investigando.